La Cámara Federal de Salta confirmó la prisión preventiva del ex juez federal Ricardo Lona para evitar que entorpezca la investigación en la que se encuentra procesado como partícipe necesario de homicidios en la Masacre de Las Palomitas en la última dictadura.
Los jueces María Alejandra Cataldi, Juan Carlos Reynaga y Carlos Giménez Montilla tuvieron en cuenta los argumentos de la fiscalía para rechazar el pedido de libertad del ex funcionario judicial. Sostuvieron que «el respeto a la libertad individual» no puede estar sobre el derecho de la sociedad a «adoptar todas las medidas de precaución» para garantizar la investigación de los graves delitos cometidos y «que no se siga delinquiendo», enfatizó la nota publicada por el diario Tiempo Argentino.
En ese sentido, los magistrados señalaron que influyó en su decisión «la presunción de que el imputado intentará eludir el accionar de la justicia o incurrirá en entorpecimiento de las investigaciones para librarse del encierro».
Lona está detenido con el beneficio de la prisión domiciliaria acusado como partícipe necesario del homicidio de once presos políticos del penal salteño de Villa Las Rosas. Los detenidos habían sido trasladados el 6 de julio de 1976 a la ciudad de Córdoba por pedido de Lona y fueron fusilados en el camino, en lo que se conoce como Masacre de Las Palomitas, por el lugar donde se produjo del hecho, en el paraje ubicado a 30 kilómetros de la capital provincial.
Según difundió el sitio web Fiscales.gob, los camaristas remarcaron los argumentos expuestos por el fiscal federal Horacio Azzolin, quien había destacado dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indican que «la severidad del delito y la eventual severidad de la pena son factores a tenerse en cuenta para evaluar el intento de elusión de la acción de la justicia».
«No escapa a este tribunal que el caso investigado conforma sin lugar a dudas uno de los episodios de mayor trascendencia acaecidos en la provincia de Salta» durante la última dictadura cívico-militar, «por su forma de comisión y personas intervinientes pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad», indicaron los jueces.
Citaron también una resolución del ex procurador ante la Corte, Luis González Warcalde, para señalar que «no se teme a la capacidad física de una persona de edad avanzada para fugarse o entorpecer de manera activa el proceso, sino al ascendiente que conserve todavía sobre las estructuras de poder que integró en posiciones estratégicas y que, por desgracia, pueden pervivir en el país»
