Por Karla Lobos
Durante el siglo XX la historia salteña presenta un pasado de orden, con gobiernos y obras públicas sucediéndose con tranquilidad. Ya en el siglo XXI, esta tendencia cambia, mostrando la importancia de estas luchas para el crecimiento social y politico de un pueblo esencialmente conservador y oligarca.
La huelga y represión de los obreros de Corralito, es una clara muestra de ello. Se produjo durante el final del período histórico denominado “resistencia peronista”, donde los sindicatos tienen el papel central, desplazando a los sectores anarquistas y comunistas de este rol. Aunque algunos sostienen que es el mismo movimiento obrero, pero que en ese momento asumió la identidad peronista .
A nivel nacional, luego del bombardeo en Plaza de Mayo, en septiembre de 1955, llegó el golpe militar y la “Revolución Libertadora”, encabezada por el general Eduardo Lonardi. Perón fue derrocado y desterrado. El régimen militar prohibió la actividad sindicalista y el Partido Justicialista fue disuelto. La CGT fue intervenida, designándo al capitán Alberto Patrón Laplacette, como interventor. Los sindicalitas que no fueron encarcelados pasaron a la clandestinidad y organizaron la ‘Resistencia Peronista’ que dio inicio a las grandes luchas obreras. Fue entonces que el gobierno “Revolucionario” (1955-1958), encabezado por Pedro Eugenio Aranburu, llama a elecciones. En febrero de 1958, Arturo Frondizi candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, triunfa sobre Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ganó con el voto peronista, gracias a un acuerdo logrado por Rogelio Frigerio en España con Perón, que le garantizaría al líder del Justicialismo su retorno al país. Frondizi asumió en mayo de ese año, pero mantuvo la prohibición del peronismo y no permitió que Perón regresara al país, razón por la cual el peronismo publicó el texto del pacto en 1959 y adoptó una posición abiertamente opositora sobre esto. Puso en marcha un plan económico desarrollista y una política denominada integracionista, en medio de una lucha generalizada del movimiento obrero.
A comienzos de 1958, se declara una huelga de la construcción que se mantiene durante un mes. Bancarios y petroleros también entran en huelga. El Gobierno decreta un aumento del 60% sobre sueldos y salarios, pero fue devorado por un proceso inflacionario al que se suma un gran aumento de la desocupación. La dirigencia gremial justicialista, conformada por las 62 Organizaciones, consideró insuficiente la mejora. Entre mayo y septiembre de ese año, pese a la cantidad de protestas de bancarios, judiciales, médicos, empleados de correo, obreros de la carne y textiles, se abrió el dialogo entre dirigentes peronistas y administración nacional y alcanzó su punto más alto con la sanción de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales. En diciembre de 1958, Frondizi dio a conocer el “Plan de Estabilización y Desarrollo” con respaldo del Fondo Monetario Internacional. En él se establecía la devaluación de la moneda, la reducción de los aranceles aduaneros y de los recargos para los bienes de capital importados. Una política crediticia restrictiva que apuntaba al congelamiento de sueldos y vacantes del estado. El incremento de las tarifas en el sector público y la privatización de organismos estatales como el Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. Junto a estas medidas, el gobierno aumentó la represión sobre el movimiento obrero: declaración de estado de sitio, movilización militar del personal en huelga, detenciones, procesamientos judiciales, emplazamientos militares en estaciones, depósitos y talleres. La crisis estaba en su momento mas álgido y para completar el panorama, renunció el vicepresidente Alejandro Gómez y Rogelio Frigerio. En octubre de 1960, sindicatos peronistas e independientes formaron la Comisión de los 20, para exigir la devolución de la Confederación General del Trabajo, a lo que el presidente Frondizi accedió el 16 de febrero de 1961.
En Salta, frente a la proscripción del peronismo y el intento de planes de racionalización de la producción para lograr aumentos de la productividad, los trabajadores pusieron en marcha “la resistencia peronista” con movilizaciones callejeras, boicots, sabotajes, colocación de bombas, organizaciones semiclandestinas en las fábricas, paros sorpresivos, trabajo a desgano e incluso alzamientos militares. Entre 1955 y 1957 pasaron seis gobernadores de facto: Arnaldo Pfister, Aquiler Mosquini, Julio Lobo, Arturo Oñativia, Alejandro Lastra y Domingo Nougués Acuña. El total de la población en la provincia alcanzaba los 368.643 habitantes. La población se concentraba en nueve centros urbanos de más de 2.000 habitantes: Capital, Orán, Metán, Campo Santo, Cafayate, Rosario de la Frontera, Anta, Gral. San Martín y Rosario de Lerma. La población tiende a vivir en las ciudades y a dedicarse a la industria, el comercio y los servicios. Los grupos sociales fundamentales siguen sendo el proletariado y semiproletariado, con el 75,2% de la población, seguida por la pequeña burguesía pobre y acomodada con el 13% y la gran burguesía con 1,4%. En 1957, el capital extranjero penetra en la provincia en las actividades mineras con Bórax Argentina S.A., con su planta en Campo Quijano; lugar donde se construía la Usina de Corralito desde 1954 y Hitachi, que vende sus equipos electromecánicos. En 1958, el personal de la administración pública provincial alcanzó un total general de 8.700, la mayor concertación en el Consejo de educación, policía y acción social. En 1960, la mitad de la población no tenía casa o vivía en ranchos y taperas. En 1961, Salta y Jujuy tienen el índice más elevado del país y una de las tasas más altas de mundo de infectados de tuberculosis. Se estima que existían más de 10.000 enfermos en la provincia. La desnutrición era severa ante una dieta insuficiente en proteínas y valores calóricos. La carne y la leche era una negación para el consumo de la mayoría de la población. Por su parte, las elecciones de febrero de 1958, dieron el triunfo a la UCR Intransigente con el 75% de los votos a favor, pasando a ser la primera fuerza política en la provincia, por encima de la UCR del Pueblo y la Unión Provincial. Esto sucede luego de que los peronistas salteños renunciaran a la fórmula propuestas para la gobernación de Miguel Ragone y Rubén Fortuny y dieran el apoyo a la UCR Intransigente, con Bernardino Biella, importante empresario salteño, fundador de la empresa Horizontes, que adquirió el diario El Tribuno, expropiado al peronismo apenas iniciada la Revolución Libertadora; a la cabeza. En contraposición, la UCR del Pueblo, liderada por José María Saravia y Pablo Outes, se expresaba a través del diario El Intransigente, bajo la dirección de David Michel Torino.
Mientras el diario opositor (El Intransigente) señalaba el alto déficit debido al permanente incremento de la burocracia estatal, con 1500 nombramientos en un año, el gobierno de Biella establecía buenas relaciones con el sindicalismo, devuelve el local de la CGT y restituyó puestos de trabajo a quienes habían sido dejados cesantes después del golpe de estado de 1955. Apenas iniciado el año 1959, se puso en marcha la “racionalización de la administración pública”, que según la prensa oficial (El Tribuno) implicaba llevar la suspensión de los ascensos y las vacantes, la renuncia o cesantía de agentes de la administración que tuvieran incompatibilidad de horarios, la renuncia a un cargo en la administración en caso de ocupar dos, responsabilizar de la evasión fiscal de la provincia a cada repartición encargada de recaudar impuestos; crear una oficina para sancionar a empleados de la administración que violaran alguna norma de austeridad, como la compra de bienes superfluos, amoblamiento, ascensos, retiros voluntarios para empleados jubilados y restricción de licencias, limitación del pago de horas extraordinarias, reordenamiento de oficinas para eliminar las no imprescindibles y la paralización de diversas obras públicas.
A mediados de la década del ‘50, Agua y Energía Eléctrica de la Nación inició la construcción de la usina hidroeléctrica de Corralito, en Campo Quijano, inaugurada en 1962. La obra empleó a cerca de mil obreros, demoró varios años más de lo previsto debido a repetidos desmoronamientos ocurridos en sus túneles durante su ejecución. La Nación en plena crisis, dejó de pagar en tiempo y forma. Es así que Agua y Energía Eléctrica al momento de lla huelga, le adeudaba 55 millones de pesos a la empresa CEDOSA y 8 millones a Danero Maiorano Cía. En 1956, los obreros fueron acusados de enviar la dinamita que era destinada a la construcción de los túneles, a Buenos Aires para la “Resistencia Peronista”, por un lado. La prensa oficial sostenía que la jornada laboral era de seis horas, mientras los trabajadores denunciaban insalubridad debido a que trabajan más de ocho horas, por el otro. Pero el tema cobró interés en enero de 1958, cuando ocho obreros quedaron sepultados vivos en uno de los túneles debido al “desmoronamiento de una montaña”. El 12 de enero de 1959, los trabajadores de la construcción de la usina de Corralito habían iniciado una huelga en reclamo por el pago del aguinaldo de 1958 y la segunda quincena del mes de diciembre. Se llevó a cabo una conciliación en la Dirección de Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Trabajo y Acción Social. Según El Intransigente, el sindicato había aceptado la propuesta de la empresa CEDOSA que hablaba de abonar lo reclamado luego de recibir fondos de la nación. Entonces el gremio dispuso no concretar la huelga. Ese martes 13, se realizó una asamblea gremial en donde se informó del acuerdo. Sin embargo, esa misma tarde, efectuaron una nueva asamblea resolviendo declarar “trabajo a desgano” en los túneles que se cumpliría desde el miércoles 14. El gobierno envió más efectivos, reforzando la presencia policial en la planta durante la tarde y la noche. En la madrugada del miércoles fueron detenidos el secretario general del gremio de la construcción, Juan Carlos Monteros y en Corralito, los delegados generales José Belmar Mora y Segundo Amadeo Lobo. Por la mañana del mismo día, los obreros se anoticiaron de que durante la madrugada habían sido detenidos sus delegados, acusados por la policía de comunistas y organizadores de la huelga. Inmediatamente, se resolvió declarar una huelga hasta lograr la libertad de los dirigentes detenidos. Al mediodía, 500 obreros de distintos sectores dispusieron la movilización al campamento central de la Compañía CEDOSA, con la intención de elegir una comisión de delegados que viajara a Salta y exigiera la libertad de los dirigentes. La policía intentó detener la movilización, sin lograrlo. A las 13.30 se unifican columnas obreras provenientes de los dos campamentos. Metros antes de llegar al puente una comisión de efectivos policiales dio la voz de alto y comenzó a disparar al aire para disolver la manifestación. La movilización prosiguió y la policía disparó sobre los obreros dando como resultado 15 obreros heridos y un fallecido, Anastasio Llanes. Los testigos del hecho dijeron que “las ráfagas de las ametralladoras no eran para amedrentarlos, ya que no fueron hacia el suelo, sino directamente al grupo obrero”. “El único agente policiaal herido, fue lesionado de una pedrada en el pecho”. Una revisión posterior permitió determinar que se habían hecho 39 tiros de carabina y pistola, aunque los testigos señalaban que fueron muchos más.
Para El Tribuno, la policía fue la encargada de trasladar a los heridos a la sede de la empresa CEDOSA, para El Intransigente, los había “secuestrado”. Mediante un comunicado, la policía señaló que: “en primera instancia efectuó disparos al aire con el fin de amedrentar a los agresores sin resultado alguno, pero ante un nuevo ataque, por parte de lostrabajadores, se vieron obligados a repeler la agresión en legítima defensa y como consecuencia de la refriega quedaron varios heridos, algunos de gravedad, habiendo fallecido uno de ellos”. Luego de los enfrentamientos, policías que habían participado de los hechos, declararon que los manifestantes pretendieron arrancarles las armas y utilizar la dinamita contra la policía.
La Cámara de Diputados constituyó una comisión con la participación de todos los sectores políticos, que se dirigió a Corralito para investigar los hechos. El gobierno provincial también dispuso una investigación a cargo de Julio Huidobro Saravia, de la Fiscalía de Estado. Los oficiales, suboficiales y agentes fueron relevados de sus funciones hasta finalizada la investigación. También se relevó del cargo al Jefe de Policía de la provincia, Hugo Isola. Sin embargo, el diario del gobernador, aseguraba que “se encontraron en el lugar del tiroteo, dos cartuchos de dinamita. La primera impresión de la autopsia practicada al cadáver del obrero Llanes da el indicio de que la bala que se incrustó en su corazón no pertenece a carabinas ni pistolas de la policía”.
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOC), Juan Carlos Montero, hizo llegar a la prensa un comunicado en donde repudiaba la represión policial, solicitaba la libertad de los dirigentes todavía detenidos y la investigación sobre los responsables de ordenar “fusilar” a los obreros.
A las 17 de ese día, llegó a Corralito el gobernador de la provincia Bernardino Biella y el Ministro de Gobierno. De acuerdo al Diario oficialista, Monteros habría dicho “no creo que esto sea un 18 de abril (haciendo referencia a otra medida de fuerza). En aquella oportunidad fue el gobierno quien dio la orden de disparar contra los obreros. Ahora ni el gobernador ni sus ministros han dado tal orden. Por eso confiamos que ustedes aclararán este hecho y se castigue a quien dio la orden de disparar”. Estas declaraciones de Monteros publicadas en El Tribuno fueron desmentidas días después por el propio Monteros en una reunión en la CGT que preparaba la huelga del 19 y 20 de enero en repudio a la represión.
Por su parte, el Partido Comunista denunció el hecho y declaró que el paro decretado por los obreros de Corralito “fue resuelto en una asamblea democrática, sin presión de nadie. Y que todo lo ocurrido demuestra que los repudiables atropellos cometidos por las autoridades policiales con beneplácito del jefe de policía y el gobierno de la provincia ha tenido un origen netamente gremial”.
El Partido Demócrata Cristiano denunció la existencia de un “plan rojo comunista” y responsabilizó a la inacción del gobierno provincial, que mantenía vínculos con esos dirigentes. La UCRP responsabilizó al gobierno provincial y a “elementos del régimen caído” integrados a la policía, de la represión de Corralito. La oposición radical expresada a través del El Intransigente, titulaba “Violenta represión de obreros en Corralito”. En los días sucesivos, el diario responsabilizó al gobierno de la represión, a la que denominaría “masacre”. La UCRI manifestó su repudio, y pidió una investigación sobre los hechos, defendiendo al gobierno nacional y provincial. En la misma tónica, las páginas de El Tribuno denominan “tragedia” a la represión desatada.
En la Cámara de Diputados, la UCRP intentó sin éxito convocar a los ministros a ser interpelados sobre los hechos de Corralito. Al dar tratamiento al informe de la Comisión de investigación sobre el tema, se generó una polémica entre los diputados de la UCRI y UCRP. Uno de los diputados oficialistas aseguró que “la petición de los trabajadores ha sido justa, también sostengo que no debió hacerse de la forma en que se hizo. Ese procedimiento se realizó dentro de lo que marca la ley” y terminó responsabilizando a la “infiltración extremista”. La oposición expresó que el informe era parcial e incompleto y que debía dejar en claro si el Poder Ejecutivo era responsable o no de los hechos. Finalmente, el proyecto oficial se aprobó luego de que la oposición se retirara del recinto. En un extenso comunicado de prensa, el gobierno, que reconoce los conflictos laborales existentes, intentó responsabilizar de los hechos a “sectores disolventes” y “obreros con actitudes violentas”.
El Movimiento Unificado Nacional de Obreros de la Construcción, filial Salta, expresó su repudio a los policías que habían cometido “tamaña barbaridad de matar y masacrar sin piedad a humildes trabajadores. El gobierno provincial se ha manchado de sangre proletaria por recaer en él la responsabilidad al no haber adoptado en su oportunidad las medidas que hayan evitado la pérdida de vidas y heridos que han caído bajo el fuego artero de su policía brava”.
El 16 de enero, el gobernador se reunió con empresarios de CEDOSA, quienes informaron su intención de detener los trabajos de la Usina a causa del atraso en los pagos por parte del gobierno nacional y por las pérdidas económicas que le originaban los permanentes conflictos obreros. Biella logró disuadir a los empresarios aduciendo la situación de desocupación que provocaría la decisión. El 21 de enero, la empresa CEDOSA convocó a los obreros a reiniciar las obras de la Usina. A quince días del conflicto, la empresa comunicó al gobernador, que los trabajos en Corralito se realizaban con normalidad, empleando 600 obreros a los que se les había liquidado las deudas por aguinaldo y licencia. Sin embargo, la UOC señalaba que la normalidad de las tareas en Corralito se debía a la fuerte custodia policial desde la misma noche de los hechos. En un plenario de la CGT, reunido el 17, se discutió la convvocaoria a un paro general por 48 horas, el 19 y 20 de enero, en repudio a la represión de Corralito. Anunciaron su adhesión los sindicatos de empleados de comercio, de Artes Graficas, Municipales, Ceramistas, Transporte Automotor, Panaderos, Sanidad Argentina, ATE, Telefónicos, vitivinícolas, mosaistas, construcción, madereros, alimentación, azucareros de San Isidro (Campo Santo), FASA con sus 11 filiales del interior, metalúrgicos, empleados y obreros del Jockey Club, taximetristas, espectáculos públicos, Unión Ferroviaria, SUPE, y de prensa.
Para El Tribuno la huelga fue un fracaso, “la concurrencia a los lugares de trabajo fue total”. El Intransigente no fue editado ese martes 20, a causa de la huelga, pero al día siguiente relató algunos incidentes producidos durante el segundo día de la huelga entre la policía y dirigentes gremiales en las puertas de la CGT, persecución a balazos a Monteros, corridas y gran despliegue policial. Todo esto bajo el irónico título de “Fracasó la huelga”.
Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…