Luego de conocerse públicamente el caso del edil capitalino Julio Romero y su negativa a reconocer a su hija, Cuarto poder habló con el apoderado legal de la mujer que lo denunciará por daño moral y violencia de género.

El abogado Evaristo Landaburo apoderado legal de Noelia Pardo manifestó que existen dos procesos ya iniciados en la Justicia de Salta contra el concejal oficialista de capital Julio Romero; una demanda por filiación -puesto que la mujer ya cuenta con los resultados de ADN- y otra por alimentos- el concejal en 6 años jamás brindó nada a la hija que tienen en común pese a estar al tanto de su paternidad.

Lavado de manos de concejales

A fines de mayo se hizo formal el pedido de destitución del concejal Julio Romero por parte la Fundación “Si Se Puede”. El mismo fue entregado al presidente del Concejo Deliberante salteño Darío Madile y a la Comisión de la Mujer.

Según se supo la mayoría de lxs concejales concluyeron que no se puede pedir la destitución ya que según manifestaron, Romero habría sido quién pidió el ADN (detalle no menor lo hizo luego de 6 años).  Asimismo, la mayoría concluyó que lo que ocurrió al edil pertenece a su “vida privada” y a “cualquiera le puede pasar”.

Daño moral

Antes de las elecciones del año 2017 la Multisectorial de Mujeres de Salta publicó un documento y listado de nombres de candidatos con antecedentes judiciales por violencia de género y violencia machista. Pese a ello y ante una recomendación emitida por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) con fecha 23 de mayo de 2016, en donde señalan que quienes aspiren a cargos públicos no deben registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, la clase política y judicial salteña -en su mayoría constituida por hombres- han mirado para otro lado y han dejado vía libre para seguir sosteniendo a sus compañeros de “bancada”, a sus amigos de militancias y a sus colegas judiciales.

El caso del concejal Bettinista es una muestra más de ello. En ese sentido, el letrado señaló que Romero se negó insistentemente durante años a reconocer a su hija y ante la intimación judicial propuso que realizaría un “aporte” solo del 20 % de su sueldo. En tanto que Pardo en su denuncia pública contó que el edil quiso “callarla” pagándole $3000.

Antecedentes

Tomando como antecedente un fallo de la Justicia de Córdoba que condenó a un hombre por no reconocer a su hija, y en un fallo con perspectiva de género consideró que el destrato y la falta de cumplimento de sus obligaciones constituyeron «actos de violencia» económica y psicológica, el abogado señaló que la situación que involucra al concejal Romero se circunscribe a una “cuestión moral”. “Vulneró los derechos de la niña, principalmente su derecho a la identidad”, describió. Y por estos motivos deberá dar respuestas a la justicia.

Otro antecedente importante para entender la complejidad del tema cuando nos referimos a la inhabilitación moral de quienes ostentan cargos públicos, se dio el año pasado en  el  Concejo Deliberante de Córdoba al aprobar por unanimidad un proyecto que prohíbe ejercer funciones en el Estado municipal a las personas condenadas por violencia de género. La iniciativa consiste en una modificación en el Código de Ética para ocupar cargos públicos. Algo que en Salta todavía brilla por su ausencia y quienes deberían dar el ejemplo siguen como si nada cobrando del Estado, realizando maniobras judiciales y dilataciones. Actitudes avaladas por todo el cuerpo del Concejo Deliberante actual. Un muestra más del machismo en su máxima expresión y del aval corporativo en la política.