Todavía no hay fecha para el inicio del juicio por el femicidio de la joven madre hallada en las márgenes del río Mojotoro. ¿Por qué días antes del hallazgo ya se sabía que en el lugar había un cuerpo? (Andrea Sztychmajster)
La pregunta que inevitablemente emerge cuando nos encontramos ante casos de extrema violencia machista —como el de Daniela Guantay— es si existen responsabilidades estatales. Esto significa preguntarnos qué hizo el Estado salteño y sus diferentes efectores de justicia para encontrar con vida a una joven madre que fue buscada por todas partes, por su propia familia y amigas, porque quien actualmente posee todas las facultades para hacerlo, hablamos de la policía, no quiso buscarla argumentando que Daniela “era adicta” y dentro de unos días volvería por sus propios medios.
Lo repetimos porque es importante no olvidarlo: efectivos de la comisaría del barrio 17 de octubre no quisieron tomar la denuncia a la madre de Daniela por la desaparición de su hija. Esto fue el mismo día que supieron que estaba desaparecida. Pese a que, según el Ministerio de Seguridad de la provincia, la búsqueda de personas extraviadas se debe activar inmediatamente ante una denuncia, incluso a partir de un llamado al 911.
Otra información a tener en cuenta son las denuncias anónimas días antes de que un vecino “casualmente” encontrara el cuerpo de Daniela. Existen registros de al menos dos periodistas que antes del hallazgo ya manejaban la información de que el cuerpo podía estar en el lugar donde luego fue hallado. La información sobre esta confusión respecto al hallazgo “casual” de Daniela mínimamente debería ser pesquisada aunque hasta el momento la justicia salteña no haya emitido palabra al respecto.
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Justicia perdida
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, presentó ante el Juzgado de Garantías 1 el requerimiento a juicio en la causa que investiga el femicidio de Daniela Paola Guantay, de quien solo se encontraron restos en los márgenes del río Mojotoro, en marzo del año pasado justo un día antes del día internacional de la mujer. La joven madre estuvo desaparecida 6 días sin que la policía ni ningún organismo estatal pudiera saber qué había sucedido con ella. Esto lo reflejó la madre en la marcha del 8 de marzo, donde imploró “Justicia por mi hija, justicia por Daniela Guantay”, frente al apoyo de militantes.
Según la abogada de la Fundación Cintia Fernández y querellante en la causa, Gabriela Rodríguez: “La causa es compleja y calculamos que en marzo, quizás luego de que se realice el correspondiente procedimiento penal, se sortee el tribunal de juicio y demás pasos a seguir en el procedimiento tengamos audiencia de debate”. Señaló además que en el caso se encuentran imputadas 6 personas. Carlos Agüero, alias “Chury o Chuly”; Norberto Silvestre, alias “Chiqui”; Julio César Monasterio, alias “Gordo Julio” y Juan Reynaldo Álvarez, alias “El Viejo” imputados por los delitos de “homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual agravado por el número de participantes y tortura, agravado por la participación de un menor de edad”.
Además se encuentra imputada Marisel Griselda Urzagaste, alias “Marisol”, por los delitos de “homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la participación de una menor de edad”.
Hipótesis de un femicidio
De Daniela no se supo nada desde el 28 de febrero de 2017, momento en que toda su familia salió a buscarla por el barrio Juan Manuel de Rosas, cercano al cauce de agua donde luego la encontraron. “La madre de Daniela hizo de investigadora”, señaló la abogada Rodríguez ante la falta de respuestas oficiales. “Si el policía me hubiese tomado la denuncia por desaparición, quizás hoy la tendría a mi hija con vida”, describió luego la madre. 23 días después del hallazgo del cuerpo de su hija las autopsias lograron identificar que el cuerpo pertenecía a ella. Si algo caracterizo al caso siempre fue la incertidumbre.
“Ojalá la hubiéramos encontrado con vida, ojalá la policía del barrio Juan Manuel de Rosas se hubiera puesto a laburar como corresponde en el momento que ella desapareció y cuando teóricamente realizaron hace tres días un rastrillaje en la orilla del río”, recalcaron a días de encontrarla desde una asamblea de vecinxs del barrio donde vivía Daniela.
Mientras, la hipótesis que maneja el fiscal González Miralpeix sostiene como probable que el femicidio transcurriera entre la noche del día Jueves 2 y la madrugada del viernes 3 de Marzo de 2017 en el domicilio de Juan Reynaldo Álvarez (barrio 17 de Octubre), donde todo empezó cuando los acusados Agüero, Silvestre, Monasterio, Alvarez, Massola y Urzagaste, luego de captar a Daniela en el domicilio del “Viejo”, “la amarraron a una silla con las manos atrás y empezaron a reclamarle la supuesta sustracción de droga. A partir de este momento es cuando todos los nombrados, con distintas intervenciones empiezan a torturarla”.
La información de la investigación oficial describe además que partir de allí la tortura que vivió la joven fue terrible. Daniela, madre joven, se encontraba en un estado de vulnerabilidad total, había realizado al menos 20 denuncias por violencia de género y había pedido ayuda a un Estado que la desoyó continuamente.
Violencia a la salteña
Según surge de las investigaciones oficiales se descubrió que la casa en donde torturaron a la joven era el espacio que el imputado Álvarez, “El Viejo”, ofrecía para que jóvenes mujeres fueran a comprar y consumir sustancias a cambio de diferentes favores sexuales y domésticos, entre ellos que le limpiaran la casa. Allí, a cambio de droga, parte de los acusados habrían “entregado” a Daniela a Carlos Agüero alias “Chury” para ser “ajusticiada” entre todos los imputados y ante el resto de los presentes, porque se le atribuía a la joven haberse apoderado de una importante cantidad de droga. El lugar era reconocido por todos como espacio de comercialización de drogas desde hacía tiempo.