Daniel Segura, diputado por el departamento de General Güemes, ha salido en abierta defensa de su padre -Miguel Segura López- luego de que algunas versiones señalaran a este empresario como encubridor del crimen de María Cash, de alta repercusión en los medios nacionales.
El chofer Héctor Romero, luego de trece años, aparece hoy como probable autor de la desaparición de la joven María Cash, haciendo confesado que la levantó de la ruta 34 en un camión de carga de comestibles de los Segura, a pesar de una prohibición de la empresa.
El Fiscal Federal Eduardo Villalba asegura que Romero se ha comportado como culpable y apunta al entorno en donde sobresalen los Segura. Del estancamiento que decepcionó a todos ahora se avanza con firmeza en la acusación del chofer a quien se ha detenido y hoy goza de prisión domiciliaria.
El sentimiento del hijo diputado es entendible, pero no pasa de la intención de cubrir a un empresario que tampoco hizo mucho por colaborar con la justicia. Las escuchas y mensajes que están en poder de la justicia permiten asegurar que sabían del hecho cometido por su chofer sin que hubieran tomado ninguna medida. Es más, a pesar de que éste tenía prohibido levantar personas en la ruta, tampoco lo sancionaron cuando conocieron del hecho. Semejantes actitudes se acercan demasiado al encubrimiento.
Federico Segura Giménez, durante una conversación con David Romero -hermano del acusado-, preguntó sobre la situación del camionero detenido en estos términos: “No sé cómo zafará. Ahora lo único que queda es apechugar, porque ya no queda otra. El quilombo está hecho hace 13 años”. Y agregó sobre el final de la charla: “No podés zafar del quilombo. Ya veremos qué sale. Ya no hay marcha atrás”.
A pesar de la vergonzosa la relativización del crimen por estos empresarios con escasa moral, parecen decididos a poner más barreras a la justicia y tratan de desacreditar la investigación federal. Operan en tribunales y en oficinas de políticos para evitar que se impute al jefe del clan familiar y al hermano y no escatiman en maniobras que buscan confundir.
Según se supo, son muchas las personas que habrían sido convocadas por el hijo legislador para participar en una marcha en la que declaman la inocencia del chofer de la empresa Miguel Segura S.A.
La vida empresaria dentro del Estado
Miguel Segura S.A. está constituida por Miguel Segura (padre), Federico Miguel, Marcelo Gustavo y Daniel Alejandro y es proveedora del estado. Siempre monopolizó la entrega de módulos alimentarios durante los tres gobiernos de Juan Romero y actualmente sigue ganando licitaciones.
No hay dudas de que Miguel Segura López acrecentó su fortuna con pericia propia del comerciante, como también que en los últimos 25 años nunca dejó de tener como cliente al Estado. Sabedores de estos beneficios, dos de sus hijos dedicaron parte de sus esfuerzos a insertarse en el plantel político de Salta. Daniel Segura fue intendente del Municipio de General Güemes; Federico Segura fue senador provincial por General Güemes y Pedro Segura López -el hermano del jefe del grupo familiar- fue vicegobernador en la Provincia de Jujuy y es dueño de la firma Comodín.
Basta mencionar que en los últimos siete meses de 2024 la Agencia de Desarrollo Comunitario que conduce Pablo Guillermo Peñalba le adjudicó a Miguel Segura S.A. dos contrataciones por más de 80 millones de pesos para la compra de 16.500 bolsones, algunos de los cuales van a las manos de diputados que comparten bancas con Daniel Segura.
El diputado con sus hermanos Marcelo Gustavo Segura Gimenez, Jorge Rafael Segura Gimenez y Federico Miguel Segura Gimenez son también socios en “Agropecuaria Las Catitas Sociedad Anónima” para la explotación agrícola, forestal y ganadera que se concentra en el departamento de Anta.
Para no ser menos, este legislador que además cobra dieta y algunos extras en la Cámara de Diputados también es socio de “Saltita SRL” junto al hermano y ex senador Federico Miguel Segura Gimenez,, constituida para la explotación de canchas con césped sintético, gimnasio, organización de torneos y eventos deportivos, negocio de bar, confitería y restaurante y alquiler de salones de fiestas y catering. Como en los restantes casos, no podía quedar afuera Miguel Federico Segura Giménez que fue designado socio-gerente.
En su paso por la arena política Daniel Segura ha despertado algunas polémicas. La ex jueza del Tribunal de Faltas de General Güemes, Déborah Ramírez, lo denunció en 2015 por abuso de autoridad y violencia de género, cuando la removió de su cargo mientras cursaba una licencia por perder un embarazo. Lo absolvieron por el beneficio de la duda.
También fue denunciado ante la justicia federal por la ex intendente Alejandra Fernández Salcedo, por malversación de fondos públicos y en relación al faltante de dinero proveniente de convenios celebrados con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, el Registro Nacional de Trabajo y Empleo Agrario (RENATEA) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la adquisición de bienes mobiliarios por un total de $2.002.801,81 en su mandato que culminó en 2015.
El ex intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, fue claro cuando le imputó negociados y ser el único responsable de la destrucción de la ciudad y de la demolición de la terminal que luego de 10 años podría terminarse con ayuda del Estado Provincial.
La estrechez de vínculos de la familia Segura hace improbable que desconocieran la participación del chofer en semejante crimen. Mientras algunos se preguntan si puede un legislador provincial actuar en contra de una pesquisa judicial del Poder Judicial de la Nación, a pocos sorprende que lo haga porque cuenta con sobrada experiencia en tribunales según lo informan las denuncias que tuvo. Sin embargo, los diputados que comparten con él casi a diario, prefieren callar. ¿Algún ciudadano la pedirá a Daniel Segura la renuncia?