Esta semana hubo paro docente y movilización en todo el país, incluyendo Salta, donde el movimiento docente tiene una tradición de lucha que aclimata escenarios de quiebres, como en 2006 y 2014. El Gobierno de Salta acepta de buen gusto el ajuste de Nación, que en el ámbito educativo impone mercantilización en lugar de derechos. Liborio Justo
El mix de políticas de Cambiemos y la reacción social son un espejo, tal vez, de los despidos, descuentos y suspensiones habidas durante el Gobierno provincial de Juan Carlos Romero en 2005. Por aquél entonces, Fabiana Hómez, Profesora de Lengua, recuerda que “hubo poca adhesión (al paro), la gente no quería, no tenía ganas, venía sufriendo los descuentos que nos habían hecho el año anterior. Pero un día antes de que comiencen las clases, el Gobierno de Romero hace una solicitada donde ponen la grilla salarial y que todo iba a ser fantástico. Cuando los maestros fueron al cajero el lunes a primera hora se dieron con que era una burla porque tal aumento no existía y ahí se adhirieron en masa. Así empezó el paro en el 2005”.
Actualmente y desde hace 24 años, Hómez brinda educación en el Colegio Secundario de Villa Mitre y al igual que antes protesta contra las injusticias. Ella fue una entre tantxs en la marcha federal de docentes que se realizó esta semana en todo el país. “Hay muchos rumores de modificaciones laborales, en el sistema jubilatorio y la pérdida del incentivo docente”, comenta a este semanario. Además, suma preocupación por el acercamiento del gobierno al FMI ya que tales movimientos implican “exigencias que tienen que ver con el tema laboral”. Con respecto al paro, la docente considera que “si los gremios no toman medidas y esto se recrudece, lo más probable es que se tomen medidas auto-convocadas como ya pasó en el 2005. Creo que éste movimiento va in crescendo”.
El desfinanciamiento es el eje central de la política económica del Gobierno respecto a la educación pública. La negociación salarial a la baja y la demora por la ejecución de fondos las herramientas de negociación forzada. Y el panorama general deja entrever que el descontento es cada vez más grande. En Salta, el movimiento docente ha sido trascendental dando luchas en la sociedad, todavía están frescas las batallas de 2006 y 2014.
A la universidad pública
“La situación económica es preocupante porque la plata no alcanza”, comenta a Cuarto Poder Diego Maita, tesorero de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa). Entre los universitarios hay históricamente una adhesión al paro que ronda el 45 por ciento. Con respecto al reclamo por la reapertura de paritarias sin techo y la planta laboral docente en la casa de estudios, Maita dice que “se puede inferir” que “las designaciones de cargos nuevos generalmente son simples y casi no hay exclusivos”, lo cual “es una remuneración a la baja”.
El financiamiento a la educación superior fue disminuyendo progresivamente respecto a períodos anteriores. Esto se puede ver claramente en el presupuesto destinado a Universidades Nacionales, el cual pasó de tener una participación en el PBI de 0,87% en 2015 a 0,77% en 2017, según un informe del Instituto de Educación y Capacitación de la Conadu, el gremio con mayor número de afiliados. Los datos que arroja el trabajo analiza la “Ley de leyes”, como le llaman al Presupuesto Nacional, para 2018 y allí destacan los pronósticos erráticos del Gobierno respecto a metas de inflación: mientras auguraban a principios del año pasado un 17% anual, a su finalización recapacitaron y tomaron un 24,5% como punto de partida para el año del Centenario de la Reforma Universitaria. Sin embargo, en la repartición de fondos —dicen— algunas universidades percibieron mayores porcentajes que otras, como es el caso de Salta, que recibió un envión de 21,1%.
Ni lerdos ni perezosos, ante la imperiosa necesidad de reducir la inversión pública, Cambiemos decidió recortar $3 mil millones al presupuesto para universidades nacionales, el cual había sido aprobado en el Congreso. “El cambio y los avances no dependen sólo de lo que decida esta secretaría, sino también este cuerpo. La mirada del sistema debiese estar en la planificación con la consideración de sus heterogeneidades y diferencias, porque las universidades deben protagonizar el cambio”, dijo Danya Tavela, titular de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Fue anunciado en un encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), instancia de la cual participan las máximas autoridades de las universidades públicas y privadas del país. Dato: en ese mismo encuentro a fines de marzo, cuya sede fue el terruño del radical Gerardo Morales, Jujuy, se eligió como nuevo titular del cuerpo a Hugo Juri, actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba y exministro de Educación bajo la Presidencia de De la Rúa entre 2000 y 2001.
Escenario
La demostración de fuerzas en las calles en un clima de crisis económica marca el termómetro social ante un Gobierno que no encuentra rumbo pero que tiene claro sus objetivos. Es la causalidad de las medidas aplicadas y de las que se anticipan. La Marcha Federal Docente que tuvo lugar el miércoles fue un ejemplo de ese proceso: la ebullición de la comunidad educativa como consecuencia de la profundización de políticas impopulares. Cientos de miles de personas marcharon en todo el país y de todo el país confluyeron, a su vez, en Plaza de Mayo. Las razones son varias: paritarias nacionales aisladas y forzadas a la baja, recortes en el presupuesto, vaciamiento de programas socio-educativos, limitaciones a títulos profesionales, eliminación de institutos de formación docente y retraso de transferencia de fondos a universidades, entre otras. Al reclamo se sumaron distintos sectores con banderas particulares, como los metrodelegados reprimidos en la madrugada del miércoles en Buenos Aires o movimientos sociales que reclaman emergencia alimentaria.
El techo a la paritaria docente en un 15% da cuenta de la predisposición del Gobierno para con los salarios del sector trabajador: sin contar mayo, el mes de la corrida cambiaria, la inflación acumuló un 9,6 por ciento, según datos del Indec. No ha terminado el primer semestre y los pronósticos avizoran una acumulación que estará cada vez más cerca de la cifra soñada por el oficialismo meses atrás y que hoy es piso para la negociación salarial. La situación en Salta no escapa a las demás, aunque tiene un condimento: los estatales cerraron paritarias en un 15 por ciento, sin cláusula gatillo.
Si bien las medidas económicas aplicadas por el Gobierno representan una pérdida del salario fenomenal, aunque también incuban allí objetivos sociales, culturales y científicos que están más cerca de concebir a la educación como un bien privado en lugar de hacerlo como un derecho humano.