El secuestro fue en agosto de 2023 y, como rescate, los acusados pedían dinero o drogas. El accionar violento, planificado, con uso de armas y el carácter trasnacional del delito, fueron algunos de los agravantes evaluados para las penas.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó ayer a penas de 11 y 13 años de prisión a otros cuatro imputados por el secuestro extorsivo de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico.
Los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, le impusieron 13 años de prisión a Carlos Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Cáceres Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, que tuvo como víctima a Héctor Ismael Herrera.
Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona.
La fiscalía -representada en este juicio por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo-, había pedido 14 años de prisión para los dos primeros imputados mencionados y 10 años para los que finalmente fueron condenados a 11.
La querella solicitó penas más altas, 15 años de cárcel para Lozano Tolaba y Llanos y 13 para Martínez y Arjona, mientras que las defensas alegaron por el mínimo de la pena, de 10 años de prisión.
Por el caso ya son siete los condenados, ya que estas cuatro penas se suman a las tres ya dictadas el 7 de agosto pasado, en el marco de un acuerdo pleno homologado en el juicio por este mismo tribunal.
En aquella audiencia, Roy Carlos Choque Aguirre recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que Horacio Eric Chauqui y Micaela del Valle Riquelme, fueron condenados a 10 años, también en calidad de coautores del mismo secuestro extorsivo agravado.
La situación de Jaime Alberto Prudencio Ruiz, un octavo acusado incluido en el acuerdo pleno, quedó pendiente, pues el tribunal rechazó homologar la pena acordada en su caso, en función de una discrepancia planteada por la querella respecto a la calificación legal.
En tal sentido, el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Toranzos, propuso para Ruiz una pena de 6 años como partícipe secundario, mientras que la querella, en representación de la víctima, consideró que su rol fue necesario, lo que fue convalidado por el tribunal. En vista de ello, la defensa de Ruiz interpuso impugnación, la que quedó a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.