Los policías sindicados como responsables de la desaparición en Río Negro del trabajador salteño Daniel Solano quedarán en libertad pagando $400.000 aun cuando un testigo dice saber dónde arrojaron el cuerpo del joven. El abogado de la familia presentó un escrito y pide la detención de 20 personas. (Andrea Sztyçhmasjter)
Una de las primeras pistas a la que el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, había llegado, era que el cuerpo del joven salteño se encontraba enterrado en la Comisaría Octava de Choele Choel.
Por el pedido de la querella las excavaciones en el predio de la comisaría se realizaron el 17 de diciembre de 2013. Gendarmería analizó las superficies de la Comisaría Octava con un georadar y en un primer momento los peritos detectaron algunas irregularidades. Según Heredia, allí funcionaba una presunta brigada “parapolicial” de investigación. “Al mando estaba la jueza Marisa Bosco y estaba monitoreada por empresarios, comisarios de la zona y coordinada por el policía Sandro Berthe, uno de los imputados. Ellos, a su vez, hicieron tareas de inteligencia para encubrir el asesinato”.
Bosco fue la primera jueza que investigó la desaparición de Daniel. Separada de la causa renunció cuando, acusada por la querella, estaba a punto de afrontar un juicio político. Ahora el abogado de la familia de Daniel Solano, presentó ante la Justicia un escrito en el que pide la detención de 20 personas. Entre ellas se encuentra justamente la exjueza Marisa Bosco, el fiscal de Valle Medio, Miguel Ángel Flores, y el dueño del local bailable de donde la Policía sacó al joven trabajador la noche de su desaparición. Heredia confirmó que también presentó ante el juzgado de Instrucción 30 su pedido de elevación a juicio oral. Se trata de un escrito con más de 400 fojas.
“Pedimos la detención de 20 personas. En enero de 2012 denuncié a 34 personas. Y en su momento pedimos la detención de los siete policías que hoy están con preventiva”, expresó Heredia.
El precio del silencio
En la semana el abogado Heredia informó que los siete policías imputados por la desaparición de Daniel Solano, por orden del juez Julio Martínez Vivot, quedarán en libertad. Los policías accederán a este beneficio por una ley provincial que dice que ninguna persona puede estar presa sin juicio más de 3 años. Durante esos años Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez estuvieron con prisión preventiva. Vivot determinó finalizar con la misma y les impuso a los imputados cauciones de $400.000 a cada uno. Ahora las defensas podrán apelar el monto de la cautelar y la querella podrá oponerse a las eventuales liberaciones.
Heredia informó que apeló la medida del juez y denunció públicamente que luego del comunicado donde repudiaban la liberación de los siete policías, se vieron expuestos a agresiones por parte de quienes están a favor de su liberación. “Esto no es un hecho casual. Responde a una línea de pensamiento consensuada de quienes pertenecen a la institución policial en contra de las personas que defienden el innegable derecho a la vida y a la libertad de expresión. Son los mismos policías presos los que publican desde la cárcel estas incitaciones a la violencia, cuentan con acceso a celulares y redes sociales. Esto evidencia la complacencia del sistema judicial y carcelario hacia la institución policial. Sabemos que la comunidad de Valle Medio quiere verdad y justicia, esta lucha no la tomamos de manera personal sino contra las prácticas institucionalizadas de violencia policial y su impunidad”, Reflejaron en la cuenta Daniel Solano Presente.
Recordemos que a contramano del repudio social que se produjo en el sur del país por la desaparición del joven con movilizaciones pidiendo justicia; las esposas de los policías detenidos emprendieron su propio pedido de “justicia” aduciendo que sus esposos son acusados injustamente. “En la causa no hay pruebas contra ellos, no hay nada. Las pericias fracasaron todas, sólo están los dichos de una testigo”, indicaron a medios del lugar las mujeres.
Por otra parte, recientemente la Universidad Nacional del Comahue declaró de interés el documental “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa”. La profesora de la catedra de Alfabetización de Adultos de esa universidad mencionó que en este mes se volvería a proyectar en Salta junto a los compañeros de la catedra de Educación Popular.
¿Dónde estás chango mío?
En mayo del 2012, el padre de Daniel, Gualberto Solano, cuando ya llevaba seis meses buscando a su hijo, viajó desde Salta a la región del Valle Medio para saber qué le había pasado a su hijo. Fue así que comenzó una huelga de hambre encadenado en la fiscalía de Choele Choel, hecho que afectó su salud. Frente a esta nueva orden del juez el padre de Daniel le comunicó a Heredia “su decisión de encadenarse nuevamente en el Juzgado, que no quería que nadie lo acompañe y que no necesitaba ni agua, ni comida, ni carpa, ni fuego, ni nada. Solo me pidió que le compre un féretro, un ataúd y que se lo ponga al lado para cuando esto termine”.
Ahora Heredia junto al también abogado Leandro Aparicio, aseguraron que hay un testigo que señaló el lugar donde, según él, habrían arrojado el cuerpo de Solano. Para ello un geólogo salteño visitará el sitio para dar su opinión.
“Esta mañana hablé con el Señor Walter Ovejero, conocido profesional de Tartagal y profesor de la UNSA. Walter es geólogo y propietario de una empresa de perforación de pozos. Le dije que lo necesitamos en Choele Choel para que nos dé su opinión con respecto al jaguel de 80 metros de profundidad y en el cual podrían estar los restos de Daniel Solano. No dudó ni un segundo en dar una respuesta de total apoyo y ponerse a disposición. Le vamos a mandar todos los antecedentes y fotos del jaguel, y ya estoy consiguiendo los pasajes de avión desde Salta a Neuquén. Todo es nuestra responsabilidad, a los jueces no se les cae una sola idea y se la hacemos bastante fácil. Después de hablar en un programa, tuve una charla en la vereda de la radio con el señor Martínez, jaguelero que declaró en la causa como testigo. El Señor Martínez también se puso a disposición y me dijo que puede bajar al jaguel y esa postura se la dijo al Juez Vivot. Entonces ¿en qué quedamos?, ¿se puede o no se puede bajar?” se preguntó el abogado haciendo referencia al fallo del juez que hace unos meses señalaba no buscar el cuerpo de Daniel Solano en el lugar indicado por un testigo.
El fallo del juez mencionaba: “no hacer lugar al pedido de descenso al jaguel sito en el campo La Manuela arrendado por Sandro Segatori, que se encuentra ubicado a la vera de la ruta nacional 22, en dirección Choele choel – Río colorado, por ninguna persona, es decir, ni poceros o jagualeros o miembros de fuerzas de seguridad nacional o provinciales, dado la peligrosidad que resulta que una persona descienda al mismo, dado que puede resultar herida, atrapada por desmoramientos o perder la vida. Tampoco corresponde realizar un pozo paralelo a dicho jaguel por correr peligro el desmoramiento del terreno, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos”.
La querella sin embargo, calificó de mediocre la sentencia del juez que no estaba fundada en un informe técnico de peritos sino en testimonios de jagualeros de dudosa capacidad y presuntos vínculos con policías procesados y detenidos por la desaparición de Solano y con el dueño del campo donde está ubicado el jaguel.
En la base del molino está el jagüel de 80 mts. tapado por 30 mts. de basura.
Otro caso, más dudas
Andrés Cuyebay, de 28 años de edad, oriundo de Urundel fue encontrado muerto en las aguas del brazo sur del río Negro, en la zona rural de Lamarque en marzo de este año. Andrés al igual que Daniel era un trabajador rural que se había trasladado al sur para trabajar para Agrocosecha, una empresa que terceriza trabajo para ExpoFrut en Choele Choel. Para el abogado Sergio Heredia, Andrés es un muerto más por la trata laboral.
“El diario Río Negro tituló que Andres Cuyebay se había ahogado, el chico fue desaparecido del mismo boliche Macuba”, sostuvo el letrado. Según Heredia, hay testigos que vieron como la policía le propinó una paliza a Andrés Cuyebay y lo sacó del boliche. El mismo método utilizado en la desaparición de Daniel Solano. La mamá de los hijos de este joven contó que ese fin de semana Cuyebay se había comprado ropa nueva con su sueldo de $800 y se la puso para salir a bailar. Después de ese día no supo más de Andrés, hasta que se lo entregaron muerto y con otra ropa. “A mi marido lo tiraron al rio y le cambiaron la ropa”, dijo la joven oriunda de Urundel. Para Heredia “tres muertos tiene Agrocosecha: Daniel Solano, Andrés Cuyebay y Héctor Villagrán”.
El abogado publicó en su cuenta de Facebook que le sirve como canal de actualización e información sobre la causa de Solano, la relación de los casos de Daniel y Andrés, dos jóvenes trabajadores salteños, junto a la foto del propietario de Agrocosecha: “Andrés Cuyebay obrero de Urundel, encontrado muerto en el rio de Lamarque después de ser sacado por la policía de Macuba. Adrián Lapenta, patrón de Andrés y Daniel, propietario de Agrocosecha Argentina S.R.L, Trabajo Argentino S.A y la empresa Integral Servicios al Agro S, jefe de una asociación ilícita, integrada por abogados, policías, miembros del poder judicial, como jueces y fiscales, que estafaron a cientos de trabajadores tercerizados por EXPOFRUT y ordenaron la muerte de Daniel Solano. Los unos y los otros…”.
