La Corte parece querer dar la nota en cuanto al traslado de los jueces. Un «valor agregado» a la esperada resolución, aunque nadie sabe de qué se trata. Lo único claro es la posición de Rosenkrantz, públicamente a favor de los jueces atrincherados. El resto es especulación.
Tanto el Consejo de la Magistratura como la Procuración le impusieron, a través del ejemplo, un plazo de 48 horas a la Corte para tomar una decisión sobre la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli, nombrados a dedo por el macrismo en cargos en Comodoro Py. Pero los supremos, que tuvieron su reunión semanal por Zoom, no dieron ninguna definición, aunque tanto el Gobierno como la oposición aguardan con ansias este dictamen cuyas implicancias políticas repercutirán fuertemente en sus bandos.
Después de 21 días desde que el tribunal aceptó el per saltum en un plenario extraordinario en el que su presidente, Carlos Rosenkrantz, impuso el tratamiento del tema y más de un mes del pedido de socorro del trío de magistrados, el clima de desconfianza recíproca que reina en la Corte se exacerba. Nadie sabe a ciencia cierta quién más puede estar escuchando, por lo que tampoco nadie profundiza demasiado.
La cuestión de los traslados tuvo un lugar estelar en la agenda, pero los integrantes del tribunal no cantaron sus votos en el momento.
Se dice que habría más de un borrador en proceso de redacción.
El intercambio más fluido se da entre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el trío al que el exministro Germán Garavano bautizó como “mayoría peronista”, cuando firmaron la acordada 4, en la que queda claro que «a los jueces se los elige con las reglas del procedimiento constitucional, que establece la intervención del Consejo de la Magistratura, que sustancia los concursos y vota las ternas, el Poder Ejecutivo, y el Senado, que debe prestar acuerdo». Los diputados Pablo Tonelli y Mario Negri inmediatamente presentaron un proyecto de ley para hacer nombramientos de jueces sin pasar por el Senado. No tuvieron éxito.
El disparador de la discusión fue una ley impulsada por el macrismo que convertía tribunales ordinarios en federales.
Por este mecanismo se intentó armar el Tribunal Oral Federal 9, para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, pero la Corte puso freno y el intento no prosperó. Ahí fue cuando comenzaron los nombramientos por traslado, entre los cuales figuran los de Bruglia y Bertuzzi, que pasaron a la Cámara Federal desde el Tribunal oral federal 4, y el de Castelli, que pasó de un tribunal en San Martín, al Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py.
No hubo concurso alguno ni acuerdo del Senado para estos traslados. En plena polémica la Corte firmó una segunda acordada con los votos del mismo trío, que decía que cuando el traslado era a un cargo en distinta jurisdicción, competencia o jerarquía, debía haber acuerdo del Senado. Ese pronunciamiento supremo fue dos días después. En este momento cada uno hace la interpretación que se le da la gana sobre esas acordadas, que son eje de deliberación en relación a los traslados.
Los medios afines a la oposición anuncian un fallo favorable a los jueces porque interpretan que las acordadas los benefician.
El oficialismo hace la lectura contraria. La Corte evalúa matices, tanto en lo que se refiere al alcance del fallo, como a quién podría favorecer.
Lo cierto es que las licencias extraordinarias de Bruglia y Bertuzzi vencieron el 18 de octubre y aún no fueron renovadas. Castelli pidió la suya días atrás, y tampoco tuvo respuesta.
