Todos los indicios llevaban a la aprobación del plebiscito en Chile. Lo que no se vaticinaba era que el triunfo sería por un 78,20%.
Frente al 21,80% del No, con el 86% de las mesas computadas, se abre el tan esperado proceso de cambiar la Constitución de 1980, elaborada por la dictadura de Pinochet y aún rige a Chile, bajo un modelo económico que beneficia a las empresas por encima de la ciudadanía.
En la opción de reforma también quedó claro que un 79,10% busca conformar un equipo de 155 miembros, elegidos por voto popular y con paridad de género para redactar la nueva carta magna, por encima del 20,90% que buscaba una reforma mixta, incluyendo sólo un 50% de parlamentarios en ejercicio. Mas claro, échale agua…
Eran las 20:00 del domingo y los espacios públicos comenzaron a llenarse de personas cantando «El pueblo unido jamás será vencido” con la bandera mapuche como símbolo. Las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica. Por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. La sensación de estar haciendo historia nuevamente. La primera vez fue allá por 1988, cuando el “No” derrotó a Pinochet. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso a las 21:20 “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.
Aplausos, bocinazos y gritos, más parecidos a una final en el Mundial de futbol fueron el marco del discurso. “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico… Una vez más nos pondremos de pie».
Así comienza esta nueva etapa en el hermano país. El 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso que se conoce como “de entrada”, se decidió este cambio.
Lo próximo es la elección de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. A partir de ahí, la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. Ese sería el final de este importante paso.
Se espera un largo proceso deliberativo, no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios por cada artículo de la Constitución obligará a largas negociaciones para llegar a un acuerdo.
La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. Tuvo modificaciones, la más relevante fue la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios estaban más vinculados con la relación del poder civil y militar, como la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA.
La necesidad del cambio constitucional tiene un componente simbólico-político, diseñar el pacto social para los próximos 50 años, con la posibilidad de hacerlo con paridad de género.
En 2006 con la llamada “revolución pingüina” y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente.
El sistema político no fue capaz de resolver esas demandas, que también fueron bloqueadas por la oposición: Fue a partir de entonces que obligaron a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que hablaba de éxitos y de un país desarrollado, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta este modelo de desarrollo.
Hace exactamente un año, más de un millón de personas llenó las calles de Santiago popularizando frases como “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”, refiriéndose al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que evadieron el boleto del subte capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre. Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos y 5.558 denuncias de violación a los derechos humanos
«La calle fue decisiva. De otra forma no hubiera pasado nada», explican los estudiosos de procesos sociales.
Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar ningún problema. De hecho, una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular, pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado. Un escenario que, tal como pasó con la pandemia de coronavirus, nadie hubiera imaginado hace un año.
