Integrantes de Madres Protectoras de Salta rechazan este proyecto y consideran que de convertirse en ley será aprovechada por agresores sexuales y violentos.
Por: Andrea Sztychmasjter
El proyecto de ley sobre un Registro de obstructores de lazos familiares fue aprobado el año pasado y es de autoría del actual senador Emiliano Durand. Si bien ya contaba con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa legislativa tendrá que volver al Senado porque hubo modificaciones en su tratamiento en Diputados, de la mano de Mónica Juárez.
Al defenderlo la diputada Juárez paradójicamente a cargo de la Comisión de la Mujer aseguró que “tiene que ver con los afectos y con esas ganas que tienen los abuelos y algunos padres y de tener un vínculo sano y sin problemas con niños, niñas y adolescentes”.
En su artículo 1 el proyecto de Ley establece que se creará “el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, dependiente del Poder Judicial, en donde quedan registrados todos aquellos progenitores (padre o madre) y/o tutor que, gozando de la tenencia de alguno o algunos de los hijos menores y/o incapaces, y mediare régimen de visita establecido judicialmente o por convenio homologado por la misma vía, impidan tener contacto con su progenitor (padre o madre) no conviviente y/o por quienes tengan derecho de visita”.
En otro de sus articulados establece que la “Autoridad de Aplicación, y quien fija o establece los méritos o requisitos mínimos para ser incluido en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, es el Fuero de Familia del Poder Judicial. La inscripción en el Registro o su baja se realiza sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte”.
La propuesta que generó críticas fuertes de Madres que vienen acompañando a menores que han sufrido violencias varias por parte de sus progenitores y parejas de sus madres, contó hace años con el visto bueno de otra senadora antiderechos, y además cuenta con similares proyectos en otras provincias del país.
“Es una ley ideada por pedófilos”
Así lo consideró Yanela Barrios, referente de Madres Protectora “Es una ley formulada sin ser consultada por las personas capacitadas y tratada como corresponde. Es un atentado contra las madres protectoras y los derechos del niño. Porque se terminará poniendo a la mayoría de las madres en este registro en el Poder Judicial, cuando hay causas judicializadas por ejemplo por abusos, es una puerta abierta para que los violentos sigan ejerciendo violencias. Sabemos que en estas causas se dilatan mucho las sentencias y somos las madres las que mayoritariamente las que quedamos a cargo de las infancias, vamos a ser atacadas directamente con esta ley. Es una ley ideada por pedófilos, que en otras provincias lograron instaurarla. Estas mismas redes de pedofilias financian campañas políticas”.
Aseguró que en el proyecto salteño “copiaron y pegaron” proyectos de otras provincias. Barrios además consideró que este proyecto busca callar a las mujeres madres, para que no denuncien abusos y violencias.
Denunció asimismo que este proyecto fue tratado en una Comisión general cuando existen otras comisiones específicas que tendrían que haber intervenido.
Contra el lento accionar judicial
Ante diferentes casos de abusos y violencias, Madres protectoras realizará una nueva movilización en las puertas de Ciudad Judicial. “Hay mucha dilatación de causas sobre todo de abusos. Hay una causa de un intento de secuestro de una niña por parte de un comisario, otra de un abuelo que abuso de sus nietas y vemos que por tener contacto algunos son protegidos”.
“Es urgente que se realice una reforma judicial feminista y una capacitación constante sobre Infancias. Vemos la violencia que jueces ejercen sobre las infancias. Una pericia psicológica demora dos o tres años en hacerla a niños, están siendo revictimizados al igual que las madres cuando necesitamos ir a consultar algo. La voz de los niños no es tomada en cuenta”.
Sin dispositivos de abordaje
Sobre el peregrinar de las madres que se encuentran en el camino de búsqueda de justicia, Yanela Barrios consideró que el Poder Judicial no cuenta con dispositivos de abordajes ante casos de violencias hacia niños y niñas abusadas. No existe una prevención sostenida por parte de políticas públicas y no existe acompañamiento hacia las mujeres que denuncian abusos de sus hujas.
Voces en contra
La Cámara de Diputados de la Nación, emitió un proyecto de declaración en el que manifestó “su profunda preocupación por la aprobación (de esta iniciativa) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta”, con la firma de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y legisladora por Buenos Aires, Mónica Macha, y la diputada por Salta Verónica Caliva, ambas del Frente de Todos.
Allí se cuestionó específicamente el artículo cuarto del proyecto, que establece como autoridad de aplicación al Fuero de Familia del Poder Judicial, que será también quien defina los méritos o requisitos para integrar el registro en cuestión. “De ello se deduce que no se requiere sentencia firme para que una persona sea incorporada al mismo. Sin embargo, la integración de dicho registro restringiría el acceso a derechos consagrados en la Constitución Nacional tales como acceso al trabajo y a la vivienda”, expresaron.
La senadora mandato cumplido Gabriela Cerrano del Partido Obrero también mostró su rechazo y señaló que hay dos aspectos muy negativos de esta ley. “En primer lugar, es contra las mujeres porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y las que protegen a los niños de padres violentos o abusadores. Otro aspecto es que se mete sobre derechos ya consagrados como el derecho al trabajo y a la vivienda sin tener en cuenta que el supuesto obstructor tenga otros hijos”.
A su vez, Cerrano describió que “El registro pretende convertir en un marginado al supuesto obstructor sin tener en cuenta que, en las causas de familia, las disposiciones sobre régimen de visitas o revinculación pueden modificarse, no son sentencias definitivas, hay muchos casos en donde persiste la violencia familiar y el juez de menores retira la vinculación, si es que se trata de casos de violencia familiar o abuso”.
Por otro lado, “si la separación de la pareja no es por razones de violencia de género, ni por abuso a las infancias, crear un registro no es la manera de proceder, porque está en juego la integridad del niño que debe ser garantizada por un equipo multidisciplinario que evalué el caso y no bajo amenaza de ser escrachado en un registro público”.
En los casos donde hay denuncias por abuso a las infancias es más grave aún, consideró Cerrano porque en los hechos es concretar la falsa teoría de Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es utilizada por las defensas de abusadores para desestimar las denuncias de los niños abusados y expresar que todo es un invento de la mujer. La finalidad del SAP es que los abusadores queden impunes y no sean juzgados.