72.000 familias carecen de viviendas en la provincia de Salta, sufriendo la violación del derecho a la vivienda digna que todos los ciudadanos tenemos, según los últimos censos del Indec y las proyecciones del Anuario Estadístico de la Provincia. (Por Guadalupe Macedo)
Existe una crisis habitacional en la provincia donde las familias viven en situaciones indignas, existen varias familias que comparten una sola vivienda o quienes alquilan pequeños espacios a gran precio pero a una alta suma.
En la provincia de Salta existen familias que viven hacinadas en cordones urbanos y miles de ellas alquila según el informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (leral) de la Fundación Mediterránea. También existe un gran número de familias de pueblos originarios y campesinos en el interior de la provincia que viven en malas condiciones y su situación es invisibilizada por el estado provincial y nacional.
Según el estudio del Ieral, en la provincia de Salta el déficit habitacional pasó de 46.768 viviendas en 2001 a 62.340 en 2010 y se ubica hoy, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del Anuario Estadístico de la Provincia, en 72.203 viviendas. Esta realidad se repite en las provincias pertenecientes al norte de argentina.
Se agudiza la crisis habitacional porque el 60% de las familias no puede acceder a créditos, programas subvencionados como Procrear y los desarrollos de viviendas de constructoras, bancos y empresas privadas. Esta situación se debe a que este segmento de la población pertenece a las clases medias y bajas que no cuentan con las condiciones establecidas por estos agentes financieros, ya que solicitan sueldos en blancos o montos de salarios a los que estas familias no pueden acceder.
En la Argentina a través del Índice de Calidad Global de la Vivienda (ICGV), se puede advertir que en la Argentina existen 3 millones de viviendas deficitarias, de las cuales 2,7 millones son recuperables y 300 mil irrecuperables. Según este informe el norte del país, es una de las zonas más afectadas. Pese a estos datos en el presupuesto aprobado para el año 2020 establece que los fondos para vivienda tendrán una caída nominal de 12,8%. Poniendo en consideración la evolución inflacionaria, en definitiva el ajuste será más cercano al 56%. En un contexto social en donde se necesita más de $34.784 para no ser considerado pobres y $13.913 para no ser considerado indigente donde las subas según el INDEC aumentó 54,2%, el acceso a la vivienda es cada vez más restringido.
Crisis en Salta
El gobierno provincial en los últimos 12 años, es decir en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Provincia entregó más de 20 mil viviendas según el Instituto Provincial de VIvienda IPV pero este trabajo no logró mejorar la situación habitacional de la provincia. En relación a la mejora en asentamiento y en lugares en donde no acceden a los servicios básicos fueron pocas las mejoras en este último año.
En el último tiempo se entregaron 50 viviendas en la localidad de Guachipas, a través del programa nacional «Mejor vivir» y 10 viviendas en La viña que se realizaron a través del programa provincial «Mi casa» donde el IPV construyó en terreno de los propietarios las viviendas. En la localidad de Embarcación se realizó el sorteo para la entrega de 200 viviendas. También se sortearon 519 lotes de Finca El Socorro II en Cafayate.
Estas entregas no logra solucionar el conflicto habitacional de la provincia. La carencia de vivienda lleva a que familias se asienten en terrenos fiscales o privados para poder tener un espacio propio. Vemos como 100 familias se instalaron con carpas a orillas del vertedero San Javier ya que fueron desalojados de un territorio perteneciente a la comunidad de Lules. Llevaron tres meses viviendo en carpas en un asentamiento de barrio Palermo y en el mes de septiembre se asentaron en el basural para reclamar su situación. Situaciones similares ocurrieron en el Paraíso, el asentamiento al borde del río Arias en el año 2018.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) tras reuniones con el IPV y Tierra y Hábitat describió que no obtuvieron respuestas para la crisis habitacional que padecen 200 familias que se encuentran en estados críticos.
