Tras la aprobación de la Ley Bases el pasado 12 de junio y tras la represión ejercida además de la violencia desplegada se siguen produciendo allanamientos en sedes de movimientos sociales.
Andrea Sztychmasjter
Desde hace 28 días Daniela Calarco Arredondo, Cristian Valiente, Roberto de la Cruz Gómez y David Sica permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, acusados sin pruebas de delitos que no cometieron. Hasta la semana pasada también estuvo detenido Facundo Gómez. Y otras 28 personas habían sido liberadas días después de aquellos hechos, gracias a una masiva campaña nacional e internacional de denuncia al megaoperativo represivo del Estado contra quienes se manifestaban en repudio a la Ley Bases.
A últimas horas de este jueves y mientras se realizaba un evento cultural por la represión la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, que revocó las prisiones preventivas de David Sica -acusado de haber agredido a un policía- y Cristian Valiente -a quien habían imputado por presunta portación de una granada de gas-.
En un comunicado difundido recientemente los y las ex detenidas señalaron: “Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen “terroristas” que queríamos hacer “un golpe de Estado” hasta la privación de la libertad que aún continua en cuatro casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la Policía para verdugearnos y hacernos requisa sólo por mostrar el DNI. Muchxs estamos con estrés postraumático, que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicia”l.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó un informe detallado sobre la violencia institucional y la represión que desplegó Patricia Bullrich el pasado 12 de junio durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y la caracterizó como la más brutal represión de las fuerzas de seguridad desde la implementación del protocolo antipiquetes.
Si bien este tipo de operativos y la decisión de reprimir, incluso cuando se trata de manifestaciones pacíficas, es parte de lo que venimos observando y alertando con preocupación desde la asunción del nuevo Gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, la represión del 12 de junio marca un nuevo y peligroso avance en la criminalización de la protesta social.
El operativo de seguridad culminó con 35 detenciones, 22 realizadas por la Policía de la Ciudad y 13 por la Policía Federal. De ese total, 33 personas fueron imputadas en el ámbito federal acusadas por graves delitos, y cinco de ellas continúan detenidas en unidades penitenciarias.
Esta acusación se basó exclusivamente en el comunicado de la Presidencia de la Nación que denunció la concentración contra la Ley Bases como un hecho de sedición y terrorismo. Luego el pedido de detención requerido por el fiscal Carlos Stornelli intentó convalidar judicialmente esta hipótesis que, sin embargo, carece de pruebas y razonabilidad.
En los días posteriores a los hechos, la mayoría de las personas fueron liberadas por no encontrarse elementos que justificaran estas imputaciones. La decisión de la jueza Servini de Cubría de liberar a 27 de las 33 personas dan cuenta de la endeble acusación fiscal.
A seis meses de gestión de Javier Milei, elaboraron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) este informe en el que analizan la distintas políticas y estrategias del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en las calles.
Desde diciembre, el uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales” se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas, señalan. Los policías las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes. El resultado es una gran cantidad de personas heridas. Según diversas organizaciones que monitorean las protestas al menos 665 personas fueron heridas de distinta gravedad en seis episodios represivos en la Ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2024. Algunas de ellas sufrieron heridas oculares graves y pérdida de visión.
Este jueves el gobierno de Javier Milei debió dar explicaciones en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión, la criminalización de la protesta social y la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
La audiencia fue convocada a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones como ATE, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS.
En su informe «Bala y cárcel», el CELS informa que en estos seis meses de gobierno 665 personas fueron heridas de distinta gravedad sólo en CABA; 80 sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario; 47 trabajadores/as de prensa sufrieron heridas; y más de 700 transportes públicos fueron requisados sólo durante la manifestación del 20 de diciembre de 2023. «El objetivo del gobierno es claro: generar miedo y desmovilizar. El problema no es el orden, es la protesta»
Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) amplió en su sitio web: «también advertimos cómo, mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación».
Este miércoles hubo nuevos allanamientos en comedores populares. La orden corrió a cargo del juez Luis Armella. Tiene en su pasado reciente haber sido acusado de la contratación de empresas de familiares directos para la ejecución de las obras de saneamiento del Riachuelo. Por esa acusación llegó a ser apartado por la Corte Suprema de Justicia en una causa ligada a esa cuestión.
Este miércoles, según informó Prensa Obrera, “se llevaron adelante nuevos allanamientos a locales del Polo Obrero, el MTR Histórico, Fadu, Barrios de Pie, MTD Aníbal Verón, la CCC y Libres del Sur, en los distritos bonaerenses de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui”.