Grave aumento de contagios en el norte provincial preocupa a comunidades originarias. Por Ulises de Salta
Severos problemas de infraestructura en las localidades, deficiencias sanitarias, miseria y aislamiento geográfico. Ante un aumento de casos en los principales departamentos, crece también la preocupación en las zonas ubicadas en los alrededores de las fronteras de Salta, que acumula 2301 casos desde el principio de la pandemia, de los cuales 1200 corresponden a ciudades del norte y zonas de comunidades originarias: recientemente, conmocionó a la opinión pública la muerte allí de un bebé informada por medios locales.
En el norte las familias originarias, los criollos, chaqueños, contrabandistas, traficantes viven entre la angustia y la certeza de vivir en uno de los focos más agresivos de coronavirus. Se trata de la frontera con Bolivia, donde no solo asedia en el país vecino una fuertísima ola de contagios por las precarias condiciones también de infraestructura.
Ocurre con las comunidades originarias que están geográficamente aisladas. Solían cazar, pescar y recolectar. Pero con el tiempo la inyección de malos patrones sociales provenientes de ciudades más grandes comenzaron a intervenir con fuerza en este grupo social; esto quiere decir que a medida que se occidentalizaron conectando con pueblos caudillescos de bandidos, las distintas etnias comenzaron a salir de su viejo mundo, pero no ingresaron a ninguna modernización.
Por el contrario, permanecen en un limbo sumamente extraño de autoabandono, resignación, planes sociales y bronca contenida por nacer en medio de la pobreza más extrema aún habitando tierra con vida. En algún modo, históricamente, se les prohibió pregonar su modo salvaje de vida inclusive dentro de reservas naturales, pero nadie les enseñó cómo habitar esta democracia fallida del norte.
Esta semana, 17 concejales y un funcionario local del Ministerio de Desarrollo nacional fueron imputados por cobro indebido de subsidios en plena crisis. Pero más grave aún es que se trata del segundo caso, antes, según reportes del Ministerio Público Fiscal, un grupo de punteros políticos estafó en mayo a originarios del norte también reteniendo parte de los ingresos estatales de emergencia destinados por el Ejecutivo a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
En los alrededores de las rutas nacionales 34, 54, 81, la situación es grave en torno al peligro que corre la población de comunidades, mayoría en los departamentos del norte: se suman a los problemas del coronavirus la malnutrición, que tiene su origen en un punto sistémico. Al vivir aislados, los originarios son víctimas de viles vivarachos que tienen los medios para trasladar alimento al monte y cobran hasta $300 por un paquete de azúcar.
Esta situación de desidia estructural que podía colapsar por el coronavirus fue advertida inclusive por investigadores judiciales que alertaron sobre estafas con el IFE en Embarcación, lo que generó un importante despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En aquella oportunidad fuentes judiciales informaron que se trataba de un grupo de punteros políticos locales y tres personas fueron detenidas.
En términos generales, lo que ha ocurrido es que frente al transcurso de seis meses de la emergencia es que los gobernantes decidieron que el círculo sanitario extremo se reduzca a la ciudad de Salta capital y allí están abocados mayormente los recursos médicos. La oscuridad en las rutas del interior confirma que por las rutas todos van a la buena de dios. El contrabando no se detiene y los criminales intentan dominar los montes vacíos en medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.