Cinco jueces de antecedentes polémicos resolvieron seguir manteniendo el sigilo sobre los salarios de la Corte de Justicia Salteña. ¿Quiénes son? ¿Qué intereses hay detrás del secretismo? ¿Hasta dónde puede llegar el oscurantismo del máximo tribunal de justicia?
Nicolás Bignante
La corte ad hoc rechazó el recurso de apelación presentado por el abogado Gonzalo Guzman Coraita para revertir la sentencia del Juez Leonardo Araníbar, quien había rechazado en 2020 un amparo para conocer los sueldos de los jueces de la corte. De esta forma, los haberes de los ministros del máximo tribunal de justicia seguirán siendo un secreto de Estado en Salta.
Los argumentos esgrimidos en el fallo se asientan, a grandes rasgos, en dos aspectos: el supuesto carácter «personal» de la información y la existencia de publicaciones en la web del Poder Judicial en la que constan las remuneraciones básicas del personal.
En relación a lo primero, la Corte de Justicia de la Nación ya ha dejado claro que el Estado sólo está exento de dar publicidad toda vez que medien “datos sensibles”, es decir, aquellos vinculados a aspectos como: salud, religión, identidad sexual, etcétera. Los datos personales no deben, por tanto, confundirse con datos sensibles.
La publicación web, en tanto, no cumple con el estándar mínimo de transparencia activa fijado por la ley 27.275, dado que la información publicada respecto de las escalas salariales es incompleta.
Transparencia a medias
En 2020, posiblemente como respuesta a la demanda presentada ese año, el Poder Judicial comenzó a publicar en su página web los haberes percibidos por los jueces y funcionarios de Salta, incluidos los miembros de la corte. La peculiaridad del caso es que se optó por incluir el salario básico de cada escalafón y ocultar los haberes netos, por lo que, al día de hoy, esa información se actualiza en forma deliberadamente parcial.
El presidente y los magistrados de máximo tribunal perciben, de acuerdo a los datos más recientes, un sueldo básico de $475.896,87; en tanto que, un juez de Tribunal de segunda instancia cobra $451.156,24. Un juez del Tribunal colegiado de juicio tiene actualmente un básico de $430.431,75 y un Juez de primera instancia de $410.484,37.
En todos los casos se omiten ítems relevantes que componen el salario de bolsillo de los magistrados como los años de antigüedad, que podrían elevar esas sumas por encima del millón de pesos. En el caso de los ministros de la corte, no se toman en cuenta ni publican elementos claves y a la vez polémicos como los adicionales por ocupar la Presidencia o integrar el Tribunal Electoral.
Salta es, de hecho, la única provincia del país en la que se reconocen estos privilegios que contradicen frontalmente lo establecido por el artículo 63 de la Constitución Provincial. El mismo dispone que: «No puede dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún miembro de los poderes públicos por servicios prestados o que se le encomienden en el ejercicio de su función».
Los que dieron el no
Los cinco jueces que rechazaron la apelación son los camaristas civiles: Alejandro Lávaque y Sergio Petersen, y los jueces del Tribunal de Impugnación: Rubén Arias Nallar, Ramón Medina y Pablo Arancibia. Todos ellos, afirman en Ciudad Judicial, responden directa o indirectamente a Catalano.
Alejandro Lavaque se desempeña desde 2018 como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala II, y fue designado por Mauricio Macri como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones. Es el único de los magistrados que no viene de la rama penal.
Pablo Arancibia, Juez de la sala II del Tribunal de Impugnacion, es conocido por haber tenido a su cargo la investigación del caso Yanina-Lujan y haber sido señalado por la entonces senadora, Sonia Escudero, como uno de los encargados de encaminar la instrucción hacia la carátula de “doble suicidio”.
Rubén Eduardo Arias Nallar, Juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, tiene entre sus antecedentes el haber puesto la firma junto a Luciano Martini para que Santos Clemente Vera -declarado inocente en el juicio por el asesinato de las francesas Bouvier y Moumni- sea enviado injustamente a prisión. Vera, que había sido absuelto por el beneficio de la duda, fue condenado a prisión perpetua junto a Gustavo Orlando Lasi en febrero de 2016 tras la revocación del fallo (ver recuadro).
Ramón Medina, juez del Tribunal de Juicio, fue el encargado junto a Guillermo Pollioto de ordenar la vuelta a fojas cero de la causa conocida como «La Ciénaga». La investigación por la apropiación y venta ilegítima de terrenos durante el gobierno de Juan Romero llevada a cabo desde 2010 fue declarada inválida, aunque podría reabrirse a partir de un pedido del Procurador General Pedro García Castiella.
Por su parte, Sergio Osvaldo Petersen se desempeña en la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desde 2018 y desembarcó en el cargo luego de un polémico concurso público que fue impugnado por diputados de la UCR. En el escrito, los legisladores objetaron la activa intervención que en el mismo tuvo su consuegra, Adriana Rodríguez Faraldo de López Mirau, hoy jueza de la corte. En el rechazo a la apelación presentada por Guzmán Coraita, el magistrado literalmente falló a favor de su pariente.
En Mendoza
Existen, a pesar de distancia, ejemplos de transparencia en el resto del país. En mayo de este año, a través de un pedido de acceso a la información pública remitido al Poder Judicial de Mendoza, se conocieron los sueldos netos de los ministros de la suprema corte de esa provincia.
El salario más austero corresponde al presidente del tribunal, Dalmiro Garay Cueli, y es de $668.588, alcanzado por el impuesto a las Ganancias por haber sido designado con posterioridad al 01 de enero de 2017. El más alto, en tanto, corresponde a Pedro Llorente y alcanza -por sus años de antigüedad- los $1.211.288.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Que los ministros de la corte salteña podrían tener salarios superiores a los de sus colegas de la CSJN es una versión muy extendida en los pasillos de Ciudad Judicial. De acuerdo con los datos públicos disponibles, un juez de la Corte Suprema de la Nación tiene un sueldo básico de $963,581.34, un secretario de la corte de $796,505.09 y un juez de primera instancia de $ 625,286.48.
En cuanto al resto de los funcionarios, un secretario de Cámara tiene un básico de $483.584.23, un secretario de Juzgado de $452,355.69 y un prosecretario Administrativo (cargo que no requiere título de abogado, y que muchas veces está ocupado por personas con profesiones muy distintas al derecho) de $353,338.24.
En cuanto a los empleados, el cargo más bajo tiene un sueldo básico de $164,897.25. A este básico hay que sumarle adicionales por antigüedad, permanencia en el cargo o título, entre otros ítems, que llevan a que los sueldos lleguen a ser, en algunos casos, del doble. Los magistrados salteños, incluso teniendo sueldos básicos más bajos, podrían superar ampliamente esas cifras como producto de la acumulación de adicionales.
Detrás del secretismo
El interés que subyace a la voluntad manifiesta de la casta judicial de preservar sus privilegios en secreto, va más allá del sentido primario de la vergüenza. Por más obsceno que resulte arrancarle cada 30 días al erario público el equivalente a 25 jubilaciones mínimas, hay otros factores que podrían haber torcido la balanza en favor del oscurantismo.
En primera, la brecha de haberes entre los miembros de la corte y el resto de los jueces ya había sido puesta de relieve por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta. De hecho, quien se desempeñaba como presidente de la mencionada institución, Eduardo Barrionuevo, integró inicialmente la corte ad hoc, hasta que fue apartado. En el edificio de Av. Bolivia sobran testimonios que grafican esa disparidad.
Una jueza de 1° instancia con varios años de antigüedad percibe al día de hoy un salario de bolsillo en torno a los $700 mil. Aún con esas cifras -reconoce-, su salario podría ser apenas el 50% de lo que cobra mensualmente un juez del supremo tribunal. Para muchos, echar algo de luz sobre el asunto podría decantar en un reclamo masivo de equiparación de haberes.
El otro aspecto a considerar es que el blanqueo de los salarios de bolsillo implicaría reconocer tácitamente la sobreasignación de funciones prohibida por la Constitución; ya que, como se dijo, un juez puede cobrar por su actividad, pero no por otras.
Hasta la última instancia
Desde Salta Transparente adelantaron a este medio que en los próximos días analizarán la conveniencia de interponer el Recurso Extraordinario Federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «A pesar del resultado obtenido, creemos que nuestro pedido y el juicio posterior ya han servido para fortalecer el derecho de acceso a la información en nuestra provincia. El Poder Judicial ha publicado, si bien parcialmente, sus escalas salariales. La Corte de Justicia ha debido aceptar ser llevada a juicio por un incumplimiento de sus deberes. Los sólidos argumentos de los jueces que quedaron en una ajustada minoría son parte del acervo jurisprudencial sobre el que irá consolidándose este derecho en beneficio de la democracia, la república y el control ciudadano», manifestaron.
Quienes acompañaron en minoría el recurso de apelación fueron los camaristas civiles Verónica Gomez Naar, Alfredo Gómez Bello, Guadalupe Valdés Ortiz y la camarista laboral Constanza Espeche.
Los amigos del Juez
El doctor Arias Nallar al momento de dictaminar la condena que hoy pesa sobre Santos Vera llevaba solo cuatro meses en el cargo, anteriormente se desempeñaba como asesor del senado del Bloque Justicialista.
Para condenar a Santos Vera, Arias Nallar y Luciano Martini (hijo de la jueza de corte Sandra Bonari) valoraron particularmente la prueba genética en la causa y el propio testimonio del principal imputado Gustavo Lasi. Hubo serias denuncias de pérdida de material genético del poder judicial salteño y la no preservación adecuada de las pruebas que después inculparían a Santos Vera.
El trato que Arias Nallar tuvo con el jardinero injustamente ligado al caso Francesas fue muy distinto al que tuvo con Lautaro, el hijo del cantante Mario Teruel. Mientras el primero se encuentra preso sin condena firme, el segundo llegó al juicio con prisión domiciliaria.