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Corrupción al máximo | Inglaterra, su influencia y el Pacto Roca Runciman

Por Karla Lobos

Durante los años 1935 y 1936, se registró un avance en lo que hace a la organización y las luchas obreras tanto a nivel nacional como provincial. Se invirtió la tendencia de la primera mitad de la década con el consecuente fortalecimiento de la organización gremial en general y el desarrollo de luchas con elevados niveles de combatividad, como es el caso de la huelga general de enero de 1936, la primera de la década en presentar esas características.

En este período también se registra una creciente influencia del Partido Comunista entre los trabajadores. Para ese momento, en Salta existía un conjunto de gremios dirigidos o influidos por anarquistas, socialistas y comunistas, entre los que se contaban el de empleados de comercio, de canillitas, de choferes, de conductores de carruajes, de sastres, de panaderos, de mozos cocineros y anexos, de lecheros y de la carne.

En junio de 1935, estos gremios protagonizaron la primera huelga general de la ciudad de Salta, en apoyo al sindicato de lecheros, movilizados en defensa de su fuente de trabajo y contra el aumento del precio de la leche.

Un artículo de La Frontera relata que en junio de 1936, “un grupo entusiasta de más de ciento cincuenta obreros pertenecientes a distintos oficios” creó el Centro Obreros Unidos de Tartagal. Su finalidad era, “impulsar la creación de gremios para en conjunto armónico, pedir a las autoridades respectivas en fiel cumplimiento, sino de todas, de las principales leyes de trabajo”. Es decir que la creación del primer sindicato obrero de Tartagal se dio en el marco de un proceso de lucha en el que la izquierda tuvo un papel destacado.

El Centro de Obreros Unidos contaba con más de 150 afiliados de distintos oficios, lo que representa el 15% de los trabajadores registrados por el Censo Industrial Nacional de 1935 en Tartagal. El porcentaje resulta considerable teniendo en cuenta el carácter represivo de esa época, aun cuando se pueda suponer que no todos los afiliados se desempeñaban en la industria.

Acerca de las corrientes que intervinieron en la conformación de ese incipiente movimiento obrero, la presencia de Rufino Gómez en Vespucio, es de vital importancia para la organización del sindicato de petroleros. Rufino Gómez era uno de los principales cuadros obreros del Partico Comunista.

Pocos años antes, había sido enviado por la dirección partidaria para organizar a la militancia petrolera en Comodoro Rivadavia y se dice que su papel fue central en la creación de la Unión General de Obreros Petroleros (UGOP), encabezada por los comunistas y en la dirección de la combativa huelga que protagonizó ese sindicato en 1932. Esta tendencia combativa “zurda” que tuvo mucha influencia en Tartagal, no tuvo la misma repercusión en el resto de la provincia, donde el conjunto social se dejaba manejar a ojos cerrados, por el conservadurismo que buscaba de todas las maneras posibles evitar, que el sindicalismo tenga mayor influencia. Lo que no pudieron evitar es la comunicación con el norte provincial. 360 kilómetros de vías férreas entre Salta y Tartagal, lo impidieron. Fue así que, los sindicatos de ferroviarios, empleados de comercio y de la construcción, fueron dirigidos por la izquierda hasta mediados de la década de 1940 en la provincia de Salta. Ese fue el mejor momento de la izquierda, en que se expresó con un vigor poco conocido para la época. Luego fue forzada a replegarse, reinventarse y transformarse para estar a tono con el advenimiento de una nueva fuerza política que movilizaría a un país entero y sería conocida mundialmente como Peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista.

La Crisis de 1929 tuvo consecuencias mundiales y la Argentina no quedó al margen de eso. En principio, cayó el precio de la materia prima, se paralizó la actividad económica generando desempleo y pobreza, pero todo se agravó más aún cuando Inglaterra, “aplicando políticas de protección”, redujo las compras de carne argentina, en beneficio de sus colonias y ex colonias de Australia y Nueva Zelanda. La Conferencia de Ottawa, en el año 1932, dejó establecidas estas medidas, que perjudicaron ampliamente el nivel de exportaciones de la Argentina.

El gobierno de Agustín P. Justo, fiel representante de los sectores ganaderos exportadores, envió a Londres al vicepresidente Julio Argentino Roca Jr. para tratar de llegar a algún acuerdo. La misión fue recibida por Walter Runciman, Primer Vizconde de Doxford, que por ese momento era el Ministro de Comercio Británico. Hubo una cena de recepción, donde, podríamos decir en nuestro idioma, “los argentinos se bajaron los pantalones”. Roca dijo, sin ponerse colorado, que la Argentina era, desde el punto de vista económico, “una parte integrante del imperio británico”. El Director de los Ferrocarriles ingleses en Argentina, otro miembro de la delegación, la completó diciendo que “la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad”.

De esa reunión surge el Pacto Roca Runciman, que, a mi entender, lo que menos hacía era favorecer a nuestro país.

De acuerdo a este Pacto, Inglaterra se comprometía a mantener la cuota de compra de carne enfriada, que era similar al volumen que había comprado durante todo el año anterior. La Argentina, a cambio (ahí viene lo interesante), debía gastar todo el dinero que obtuviese de sus exportaciones en la compra de productos británicos; no reduciría la tarifa de los ferrocarriles, mantendría libres de impuestos de aduana algunos productos como el carbón, proveniente de Inglaterra y proporcionaría un trato “benévolo” a las compañías y frigoríficos de origen inglés. También tuvo que crear la Corporación “Argentina” de Transportes, que ponía en manos inglesas todo el transporte urbano de Buenos Aires. Nada…

En mayo de 1935, el senador radical Lisandro De La Torre, hijo, quien había perdido las elecciones presidenciales contra el entonces presidente, Agustín P. Justo, denunció el Pacto Roca Runciman por inmoral y acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Agustín P. Justo: Federico Pinedo, de Hacienda, quien asumió en reemplazo de Alberto Hueyo y a Luis Dahau, de Agricultura, que asumió en lugar de Andrés De Tomaso.

Las denuncias hicieron evidentes los negociados del Gobierno y la orden fue “callar a De La Torre”. Entonces, el ex comisario Ramón Valdez Cora, un matón del Partido Conservador, atentó contra la vida del senador, sin lograr su cometido, pero sí matando a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere. De La Torre confesó su voluntad de retirarse de la política y en su última alocución dijo: “El peligro comunista es un pretexto, es el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como una tabla de salvación. Bajo esa bandera se pueden cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos”.

En conclusión, la década de 1930 coincidió con un período de crisis económica mundial y los países europeos empezaron con la suspensión de las importaciones. Fue en ese momento que se desarrolló la industria local de alimentos y textiles, aunque no se apuntó al progreso de una industria que produzca lo necesario para otras industrias. Los capitales que financiaron la producción industrial provenían de productores agrarios que no lograban salir del país. En ese momento, algunos tomaban al Pacto Roca Runciman como la única posibilidad de salir de la situación de crisis, mientras otros seguían considerándolo un claro ejemplo de colonialismo y dependencia de la Argentina hacia Inglaterra. .

La industrialización que se desarrolló durante la década de 1930 se localizó en Buenos Aires, el litoral y Córdoba. En otras regiones del país, como consecuencia de la reorganización del sector primario agroexportador, un gran número de trabajadores rurales se quedó sin empleo. La crisis no sólo se hizo visible en el desempleo, sino también en las migraciones forzadas.

Mientras el costo de vida aumentaba, los salarios de los obreros bajaban.

El Departamento Nacional de Trabajo estimaba que el presupuesto de una familia en 1933 era de $130, mientras que su salario promedio era de $119.

La mayor parte de los salarios de los obreros eran destinados a la alimentación y a la vivienda. Casi el 60% de las familias obreras de Buenos Aires vivían en una pieza de conventillo.

La llegada de una gran cantidad de trabajadores rurales del interior, a Buenos Aires, en busca de trabajo, generó importantes cambios. Por un lado, se convirtieron en la principal fuerza de trabajo que se incorporaba a las nuevas fábricas. Por el otro, cambiaron la composición de la clase obrera. Se sumaron a los “viejos”, que en su mayoría eran de origen europeo y estaban incorporados desde principios de siglo a la actividad industrial y política, los recién llegados, que carecían de experiencia gremial y política.

El Golpe de Estado de 1930, significó un retroceso muy importante para la clase obrera. La ofensiva de los sectores industriales se desató sobre los obreros sin encontrar a un Estado que velara por sus intereses o se preocupara por hacer cumplir las pocas leyes que los protegían de los abusos de los empresarios. Existían tres centrales sindicales. La Confederación Obrera Argentina (COA), vinculada con el socialismo; la Unión Sindical Argentina (USA), de tendencia sindicalista y la Federación Obrera Regional (FORA), de tendencia anarquista. Ante el Golpe de 1930, la COA y la USA se unen dando origen a la Confederación General del Trabajo (CGT). La clase obrera crecía numéricamente y en importancia en la estructura productiva, pero aún no había encontrado una identidad política que le permitiera unificarse y hacer valer su peso como sector social.

A partir de 1935, la Argentina comenzó a salir de la crisis lentamente. Descendía el descenso del desempleo, aunque no mejoraban los salarios. Hubo numerosas huelgas pero muy pocas lograron cumplir con las demandas de los obreros. De unos cuatro millones de obreros, para 1936, sólo unos 370.000 estaban sindicalizados.

Políticamente, se iniciaron las negociaciones entre el Presidente Agustín P. Justo y Marcelo T. de Alvear, a quien se le permitió regresar de su exilio en Francia. Las promesas de Justo de hacer concesiones llevaron a que Alvear anunciara el levantamiento del boicot electoral de la UCR, después de varios años. En las elecciones legislativas, la UCR aumentó su número de diputados, a pesar de que el fraude era notorio. El Senado continuó dominado por los conservadores.

La candidatura de Alvear a la presidencia revolucionó el gallinero de la Concordancia, alianza política entre el Partido Demócrata Nacional o Partido Conservador, la Unión Cívica Radical “Antipersonalista” y el Partido Socialista Independiente. Ya que sus candidatos, en este apogeo del fraude electoral eran, Roberto M. Ortiz, abogado de uno de los más grandes ferrocarriles del país; Robustiano Patrón Costas, exgobernador de Salta; y Leopoldo Melo, ex ministro de Justo, no le hacían el peso al opositor. En la puja por ver quién de los tres enfrentaría a Radical, la mayoría de los conservadores ejercían presión para que el salteño sea el nuevo presidente, pero la Corona Británica, una de las voces más influyentes de la Concordancia, ejerció presión a favor de Ortiz. Por lo cual, Ortiz fue el candidato ganador en la interna y también en la general por la presidencia. Le ganó a Alvear por un 55% de los votos.

Un observador de los comicios declaró en ese momento que “la democracia se ha extendido al más allá”, haciendo referencia a la gran cantidad de muertos que ejercieron el derecho de votar. Incluso el propio Gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco, uno de los más beneficiados con el fraude patriótico, definió a las elecciones de 1937 como “una de las más sucias de la historia argentina”. A pesar de ello, el principal objetivo de Ortiz era terminar con el fraude, pero este intento de normalizar las instituciones lo enfrentó con su vicepresidente, Ramón Castillo, líder de los sectores conservadores de la coalición de gobierno, con los que también le tocó enfrentarse.

El 3 de julio de 1940, tuvo que tomarse una licencia por enfermedad y el poder quedó en manos de Castillo. La primera tormenta que se desató, fue a raíz de un escándalo de corrupción por la compra de unas tierras para el Ejército.

El Senado constituyó una Comisión Investigadora que confirmó el involucramiento de un grupo de diputados y responsabilizó al ministro de Guerra. El 22 de agosto, Ortiz, ya de vuelta, respondió presentando su renuncia ante la Asamblea Legislativa. Acusó al Senado de haber insultado a la investidura presidencial al implicarlo en un negociado. Enumeró los avances institucionales que se habían dado durante su gobierno y mostró la renuncia como un “deber de conciencia”. Este acto testimonial le permitió conseguir el apoyo de la sociedad. El ejemplo más claro fue el de la CGT, que organizó un acto masivo en el Luna Park para respaldarlo. El Poder Legislativo tuvo que rechazar la renuncia. Fue una victoria, pero duró poco, porque inmediatamente se forzó un cambio de gabinete en el que los “orticistas” fueron reemplazados por ministros que respondían a Castillo y su sector.

En vez de acefalía había una “bicefalía presidencial”. Un presidente en licencia que seguía opinando sobre la situación política, mientras el vice estaba en funciones. Ortiz renunció el 27 de junio de 1942, semanas antes de su muerte. Dicen los que saben más de su persona que la salud le impidió manejar la heterogénea coalición de gobierno. “No fue un problema de virtud, sino de fortuna”, diría Maquiavelo. La misma fortuna que también tuvieron Agustín P. Justo y Marcelo T. de Alvear. Los tres murieron en 1942. La crisis política llevó al país al golpe en 1943.

Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…