La única empresa que se presentó para el salvataje del Correo Argentino fue el propio Correo Argentino. Nadie más se presentó a la audiencia clave. Los otros cinco oferentes que se habían postulado en un comienzo, se retiraron. La firma, que acarrea en sus espaldas una deuda que supera los cinco mil millones de pesos con el Estado y cuyas acciones hoy no valen nada, ofreció pagar una quinta parte de ese monto.
Amenazando con declarar «acreedor hostil» al Estado en caso de no aceptar y excluirlo de las votaciones del concurso de acreedores.
Al Banco Nación y a la AFIP, les ofreció pagar lo adeudado en 10 cuotas anuales, que se terminarían de abonar dentro de 29 años. Con la gran probabilidad de un rechazo, Socma se debe preparar para afrontar la deuda que derive de la quiebra del Correo Argentino.
La deuda del Correo Argentino salió a la luz en 2017, cuando la fiscal Gabriela Boquín se opuso al acuerdo que celebraron el Correo y el Estado, por entonces representado por Mauricio Macri, también representante de la empresa.
El dictamen de Boquín denunciaba que la empresa se veía favorecida con un 98,7% de la deuda. Tomaba una tasa de interés pasiva y planteaba un esquema de pago hasta el año 2033.
Boquín también descubrió maniobras de vaciamiento que denunció inmediatamente. Después de 19 años, se abrió un proceso de salvataje, que precede a una posible quiebra. Esa instancia debió haber ocurrido en 2004, pero el Correo consiguió ir dilatando todo el procedimiento hasta estos días.
Para que se concrete el salvataje tiene que aparecer un oferente que haga una propuesta para hacerse cargo de la deuda y la empresa.
En una resolución que previamente dictó, la jueza Marta Cirulli dijo que las acciones del Correo, una empresa supuestamente sin actividad, tienen valor nulo.
En la antesala de la audiencia por el salvataje, el Correo presentó un escrito donde decía que la deuda que reconoce es de 1000 millones de pesos. La Procuración del Tesoro, como representante estatal, rechazó ese cálculo e incluso pidió que se «desglose» ese planteo y se lo quite del expediente por considerarlo improcedente.
Aun así, la empresa de los Macri insistió y dijo que ofrecía 1000 millones en efectivo. Para llegar a ese número, solo aplican lo que se llama «interés punitorio», que es una multa, pero no contemplan el «interés moratorio», después de tantos años de concurso de acreedores.
Del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras surgen que Correo Argentino está en aprietos: una, que la empresa concursada solo se puede presentar con una nueva propuesta para pagar la deuda en caso de que haya oferentes, pero resulta que todos dieron marcha atrás. Y si no hay acuerdo se declara la quiebra.
Las empresas que se habían presentado para «comprar» o salvar al Correo fueron Transportes Chimiray SRL, de Ramón Puerta (de conocida relación con los Macri), la Organización Courier Argentino SA (OCASA), que maneja Héctor Colella, MV Cargo SAS, Valuaciones SA, dedicada a la actividad inmobiliaria y un particular, Jorge Anselmi.
MV Cargo es una sociedad de acciones simplificadas, un tipo societario creado durante el gobierno de Cambiemos para armar empresas en 24 horas sin muchos requisitos. Uno de sus titulares es un simpatizante macrista, Mariano Moiraghi.
Como la firma no registraba actividad societaria ni actividad vinculada a la prestación de servicio postal, la IGJ le abrió una investigación.
Lo mismo respecto de Valuaciones SA, que no habría presentado estados contables de 2008 a 2019.
Lo cierto es que, menos el propio Correo que fue a la audiencia para «auto salvarse», las demás empresas se retiraron.
A menos que la jueza tome alguna determinación contraria al Estado, nada parece indicar que el Correo tenga éxito con su oferta.
El camino sería la quiebra.