Denunciaron a los jueces y la fiscal que intervinieron en las detenciones de Milagro Sala. Argumentaron que se trata de un caso de “violencia institucional” y que debía respetarse la inmunidad de arresto de Sala como miembro del Parlasur.
La situación fue explicada en una larga nota publicada por la periodista Alejandra Dandan en Página 12. Allí se precisó que con la firma de seis parlamentarios del Mercosur, los abogados Pablo Llonto, Damián Loretti y Elizabeth Gómez Alcorta presentaron ante la justicia federal de Jujuy una denuncia contra los dos magistrados y la fiscal que intervienen en la causa de Milagro Sala a quienes acusan de “privación ilegal de la libertad” y “graves violaciones a los derechos humanos”.
La presentación se hizo ante la fiscalía federal de Federico Zurueta y alcanza a los jueces Raul Gutiérrez, Gastón Mercau y a la fiscal Liliana Fernández de Montiel. El texto refiere a los fueros parlamentarios que posee la dirigente indígena y señala que las detenciones “se realizaron transgrediendo una norma inequívoca como es la ley 27.120 que establece la inmunidad de arresto de los Parlamentarios del Parlasur”. Sala fue electa el 25 de octubre de 2105 y tiene su primera cita como parlamentaria el próximo 15 de marzo, como recuerda el escrito. Cita a la que “debería concurrir con mandato soberano del pueblo argentino, situación, que de mantenerse la ilegal detención se vería frustrada”.
La acusación a los magistrados y la fiscal es por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y prevaricato. Pero menciona, además, las “prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal en la provincia” e incluye la figura de violencia institucional y un pedido para que intervenga en la causa la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público de Nación.
Los parlamentarios que acompañaron la presentación son Julia Argentina Peire, Mario Alfredo Metaza, Ana María Corradi y Eduardo Valdés por el Frente para la Victoria y Claudia Fernanda Gil Lozano, del Frente Renovador.
Según recuerdan en el escrito, “Milagro Amalia Angela Sala se encuentra privada de su libertad desde el 16 de enero pasado, en virtud de una orden solicitada por la señora fiscal Liliana Fernández de Montiel –quien intervino en las actuaciones en calidad de subrogante–, y dispuesta por el juez de control de feria Gutiérrez, en el marco de la causa Nro. 127.785/15, en la que se le imputara la instigación a cometer delitos y sedición”, es decir el acampe. Esta “arbitraria detención” con vicios legales, sostienen, fue dejada sin efecto el 29 de enero por una resolución del juez Mercau. Sin embargo, el 28 de enero Sala fue notificada de otra “nueva injusta orden de detención” fechada el 26 de enero en la que también intervinieron Fernández de Montiel y Mercau.
Una de las irregularidades de esa nueva detención, según recuerdan, no es sólo que Sala no recuperó la libertad entre una y otra, sino que la “nueva detención fue dictada en flagrante ilegalidad ya que al momento de ser notificada en la Unidad Penal no sólo no fue notificada de la investigación, sino que tampoco fue anoticiada de las autoridades que intervenían en ella, ni intimada a designar un letrado de su confianza, como tampoco a acceder a toda información disponible en ella, constituyendo todas estas anomalías de por sí, violaciones al derecho de defensa en juicio, consagrado en la Constitución Nacional y en distintos instrumentos internacionales”.
Los abogados mencionan otros datos irregulares ya conocidos y denunciados por organismos de derechos humanos y juristas que están haciendo presentaciones en foros internacionales. Entre ellos, “la anómala designación de la fiscal que interviene en ambas actuaciones mediante una resolución a la que aún no se ha podido acceder”. También una “cuanto menos extraña licencia médica” que pidió el magistrado Gutiérrez el mismo día de ordenar la primera detención. Todo ello, dicen, “sin siquiera ingresar en la burda argumentación de los hechos en los que se fundaron las acusaciones”.
La presentación no analiza estas “burdas” razones de la detención, ni entra en el detalle de las causas provinciales. Se detiene en la explicación de la inmunidad y de los fueros, por lo que consideran que Sala está privada ilegalmente de la libertad, que en los casos de crímenes de lesa humanidad se llama lisa y llanamente, secuestro.
