Luego de sucesivas irregularidades en las evaluaciones a los aspirantes a jueces, y tras la más reciente, develada por Cuarto Poder la semana pasada, el silencio del presidente del Consejo de la Magistratura, Abel Cornejo, ratifica el incordio que representa que estas cuestiones se ventilen públicamente. (Milcíades)
La semana pasada publicamos un breve artículo que destapó una vez más la olla de los acomodos en el Poder Judicial de la provincia. Nuevamente el Consejo de la Magistratura quedó bajo observación. Este organismo encargado de evaluar y seleccionar a los postulantes para magistrados inferiores en el Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, presentó al gobernador Juan Urtubey una dudosa terna para ocupar la vacante de Juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el Distrito Judicial Centro.
En el Colegio de Abogados de la provincia ya están al tanto. El abogado Gabriel Karcher elevó una solicitud dirigida al presidente del Colegio de Abogados, Humberto Burgos, para que el organismo por él presidido emitiese un comunicado donde pusiesen al tanto a todos los y las colegiadxs de la postura institucional ante el caso de esta nueva terna presentada al Poder Ejecutivo.
Como señalamos en la última edición de este semanario, uno de los ternados, el abogado Sergio Petersen, fue evaluado y seleccionado, entre otros, por la consejera de la magistratura Adriana Rodríguez Faraldo… madre del esposo de su hija, o viceversa, un detalle menor que no viene al caso pero que se resume en la imagen de “consuegra”.
“El abogado Petersen no sólo está emparentado con la Consejera Rodríguez Faraldo sino que ha integrado el mismo Consejo de la Magistratura que ahora lo propone como candidato (…)”, señala también el abogado Karcher en su carta documento. Cuarto Poder intentó comunicarse con el actual presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Abel Cornejo, para indagar si tras este hecho de público conocimiento la terna presentada al Poder Ejecutivo continuaría su “cauce institucional natural”, o sería reconsiderada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición este cronista no recibió respuestas del funcionario judicial.
Moneda corriente
Los procesos de evaluación y selección para magistrados en el Poder Judicial salteño aportan cuantiosa materia prima para el periodismo especializado local. En los últimos años y meses no son pocos los escándalos palaciegos de este pilar de la république. Los más altisonantes han sido el caso del juez de Primera Instancia de Trabajo N°1, Hugo Pfister Aráoz, que en 2010 fue nombrado en su puesto por la Cámara de Senadores provinciales a pedido del Ejecutivo, a pesar de las denuncias que un grupo de abogados realizó en aquel momento. Según lo presentado por unos siete reconocidos juristas del medio, Pfister Aráoz no habría aprobado un postgrado de Especialización en Derecho Laboral, requisito indispensable para el cargo en cuestión. Al mismo tiempo nunca se pudo acceder públicamente al examen escrito y a las observaciones del examen oral que debió llevar adelante Pfister ante el Consejo de la Magistratura, dudándose incluso si los había aprobado…o si los había realizado.
Los procesos de evaluación y selección para magistrados en el Poder Judicial salteño aportan cuantiosa materia prima para el periodismo especializado local. En los últimos años y meses no son pocos los escándalos palaciegos de este pilar de la république
Otro caso reconocido fue el revuelo que provocó el funcionario Enrique Alfredo Alejo, quién se postuló en el mismo concurso que Petersen, pero tuvo el ingenio suficiente para pegar un salto a la fama de forma precipitada. En la primera evaluación escrita que se realizó, Alfredo Alejo utilizó su celular para hacer consultas en directo sobre consignas de la evaluación. Quizás el letrado evalúo casi como algo intrascendente el ejercicio de “ayuda-memoria”. Quizás el criterio de su parámetro para considerar qué es y qué no es irregular, estaba condicionado por esta latente y predecible costumbre del Consejo de la Magistratura por ir en contra de sus propias reglas de juego. De ahí que el gesto de Alejo, similar al de un joven estudiante secundario que eligió machetearse en la prueba de geografía, decantó en un escándalo con repercusiones nacionales. Está pendiente que el mismo Consejo de la Magistratura eleve informes a la Corte de Justicia de Salta para que esta resuelva si se expide con sanciones o deja en suspenso “el caso Alejo”.
No podemos dejar esta pequeña reseña sin recordar rápidamente el caso de los concursos para ocupar las Salas I, II, III, IV y V en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Tal vez uno de los máximos exponentes de las contradicciones entre las “misiones y funciones” del Consejo de la Magistratura, consignadas en la Constitución provincial reformada en 1998, y el carácter que asumen de hecho gran parte de las misiones y funciones que termina por llevar a cabo este órgano del Poder Judicial.
Hace más de un año y cuatro meses el Consejo de la Magistratura elevaba al gobernador Juan Urtubey las cinco ternas para cubrir los cargos de Juez en cada una de las Salas correspondientes. A pedido del mismo gobernador, la entonces fiscal de Estado provincial, Mónica Lionetto, analizó los procesos de evaluación y realizó un informe en el que dio cuenta de una serie de irregularidades en los concursos que terminaban, directa e indirectamente, beneficiando a ciertos postulantes. Basándose en este informe el gobernador optó por considerar inadmisibles las ternas presentadas para su consideración e indicó al Consejo de la Magistratura que realizara nuevamente las evaluaciones.
La refriega palaciega fue tomando cuerpo a medida que pasaban las semanas y se sucedían declaraciones mediáticas cruzadas, y por otro lado, diferentes maniobras y presentaciones judiciales. En el caso rápidamente se distinguieron los campos eventualmente enfrentados. Por un lado, el Poder Ejecutivo, que intentaba presentarse como árbitro y garante de la transparencia institucional, sin dejar por supuesto de apostar por acomodar a postulantes más afines a sus intereses, planes y proyecciones políticas; por otra parte, un ala de la corporación judicial encarnada en la figura de quién fuera vice-presidente del Consejo, Santiago “Indio” Godoy. Mientras Urtubey demandaba que los concursos se realizasen nuevamente, el “Indio” hacia todo lo posible por demostrar que se había garantizado transparencia y las ternas presentadas eran las correspondientes.
Luego de que la letrada Marcela Von Fischer, que se consideró perjudicada en los concursos, presentase una apelación que fue aceptada por la Corte de Justicia de Salta, Godoy intentó resolver mediante la presentación de un “recurso de queja y extraordinario federal” en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El disparo salió por la culata. La Corte Suprema en su fallo estableció que el recurso extraordinario federal presentado por el Consejo de la Magistratura era inadmisible y habilitó la convocatoria para cubrir los cargos vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El fallo llevaba la firma del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y de los jueces Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz. A la fecha estos cargos vacantes no han sido ocupados.