Luego de los incidentes dentro de las Unidades Carcelarias N° 1, 4 y Alcaldías, las organizaciones de Derechos humanos solicitaron al Ministerio de Justicia información sobre la situación carcelaria actual vinculada a la situación epidemiológica. (Guadalupe Macedo)

El día domingo en la Unidad N° 1 internos se subieron al techo  y el día lunes en la Unidad N° 4, las mujeres privadas de su libertad iniciaron una huelga de hambre por la situación epidemiológica dentro de las cárceles, la falta de información vinculada a sus causas como por la falta de comunicación con sus familiares.

“La situación carcelaria respecto a  esta crisis sanitaria, es más que alarmante, es crítica. Principalmente vinculada a la falta de acceso a la información pública por parte de los funcionarios del ministerio de Seguridad, Precisamente la Dirección general del Servicio penitenciario de la Provincia. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto en donde hay tres reclamos  vigentes en curso, por las personas privadas de su libertad en la unidad carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas y N° 4 de Villa Las Rosas, por parte de las mujeres y en la alcaidía general de la provincia por parte de los hombres. Por otro lado hace pocos días se tomó conocimiento  de 3 muertes ocasionadas en la unidad carcelaria N° 1 en un contexto de incineración y sobre el cual todavía no se ha dado ninguna respuesta oficial de lo que ha pasado, hay una investigación penal en curso, pero no se ha expresado mediante ningún comunicado ni ninguna respuesta oficial por parte de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial informando con algunas precisiones que es lo que paso” relato Martin Plaza, abogado de la Asociación Pensamiento penal.

La situación es más crítica en la unidad N° 4 en donde viven niños de 0 a 4 años, mujeres embarazadas, como mujeres en grupo de riesgo. A pesar de la presentación del Habeas corpus por parte del Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, el cual fue rechazado por la Dra. Claudia del Valle Puerte, Jueza del Juzgado de Garantías, y el posterior Amicus Curiae presentado por la Asociación Pensamiento Penal, la situación no obtuvo respuestas. En los mismo se analiza en base Informe Anual SALTA SNEEP 2018 (Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena) en donde se detallan las capacidades de los pabellones de la unidad, donde se da cuenta de la sobrepoblación existente y como lo expresa el Amicus Curiae “nos encontraremos con la imposibilidad de hacer efectivo el aislamiento recomendado”.

“En este contexto me parece que es sumamente critica la situación nosotros hemos tomado conocimiento respecto de personas  privadas de su libertad y sus familiares que han habido casos positivos dentro del servicio penitenciario no solo de personas que están privados de su libertad sino también de trabajadores del servicio penitenciario. En este sentido, la dirección General del Servicio Penitenciario no ha dado ninguna información pública respecto a esto si  ha habido caso cuantos son, como se ha procedido con los casos positivos detectados, en fin hay un contexto  de incertidumbre por una falta de respuesta, por una omisión de respuestas y de poner a disposición que venimos requiriendo por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario que nos parece preocupante, grave y carente de todo tipo de empatía y solidaridad principalmente vinculado con los familiares que en este contexto de crisis sanitaria, en donde esta reducida la circulación y la posibilidad de tener  una comunicación con sus familiares que están privados de su libertad es sumamente grave y alarmante” describió Martin Plaza.

Organizaciones de Derechos Humanos que forman parte de la Mesa de Derechos Humanos de la provincia y en conjunto con la Asociación Pensamiento penal y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, presentaron un pedido de informe el  día 21 de septiembre al Ministerio de Seguridad solicitando que se brinde información pública, certera y oficial respecto de los reclamos en curso, los petitorios elevados por las personas privados de su libertad y cuáles son las respuestas que se están pensando otorgar por parte de la dirección del Servicio Penitenciario y  que se brinden estadísticas y datos oficiales respecto de los casos positivos de COVID dentro del servicio penitenciario, ya sea de personas privadas de su libertad o de trabajadores o trabajadoras del servicio penitenciario.

“La nota que mandamos el lunes no fue la primera, ya el 27 de marzo  ya hemos pedido un pedido de informe al Ministerio de Seguridad acercando las recomendaciones que había emitido el comité Internacional de Derechos Humanos, el Comité contra  la Tortura de la ONU, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura entre  otros organismos internacionales respecto a la situación carcelaria vinculada con el contexto epidemiológico. En ese contexto tampoco se nos ha brindado ningún tipo de información, en esa nota nosotros ya solicitamos que se pongan a disposición este tipo de información vinculado cual era la población en riesgo en cada uno de los penales, entre otros aspectos. Y en esa nota ya sugeríamos medidas que podrían haber ayudado a mitigar la conflictividad, la ansiedad y la tensión dentro del servicio penitenciario como una de ellas el uso de la telefonía celular entre otros. También hay que decir que tanto esta nota como el pedido que hicimos el día lunes no hemos obtenido ninguna respuesta beneficiosa y no existe voluntad por parte del poder ejecutivo de convocar a los familiares, a los organismos de Derechos Humanos para construir un diálogo incorporar otras miradas para resolver la problemática y por lo menos para poder mitigar  todo este tipo de conflictividad” dijo el abogado Plaza.