El exintendente de Aguas Blancas fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y quedó detenido por 60 días. Había escapado de los allanamientos del sábado y se presentó al día siguiente en una comisaría de Orán. La fiscalía investiga una estructura que habría utilizado empresas, contrataciones y fondos municipales para blanquear dinero del narcotráfico y el contrabando.
Lucas Sorrentino
El sábado, cuando los investigadores llegaron a Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez no estaba. El Conejo había escapado de los allanamientos. Fueron 32 procedimientos en Aguas Blancas, Orán y la ciudad de Salta. Once personas quedaron detenidas. El exintendente, no.
Al día siguiente se presentó en la comisaría 25 de Orán. La fuga duró poco. Pero alcanzó para convertirse en uno de los argumentos centrales de la fiscalía cuando pidió su prisión preventiva.
Esta semana, Martínez participó por Zoom en la audiencia de formalización. Estaba en el Escuadrón 61 de Gendarmería, con un chaleco antibalas. Del otro lado de la pantalla, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, escuchó los argumentos de los fiscales y dispuso su prisión preventiva efectiva por 60 días. El exintendente quedó imputado como presunto jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos de origen delictivo.
La causa investiga una estructura que, según la hipótesis fiscal, habría utilizado el municipio para disimular dinero procedente del narcotráfico y el contrabando. La pregunta es cómo se movían esos fondos, quiénes los administraban y qué relaciones permitían que circularan con apariencia legal.
Dólares para llegar al poder
La investigación comenzó hace dos años. Durante la audiencia, el fiscal general Eduardo Villalba sostuvo que Martínez habría destinado dólares a conseguir los votos necesarios para acceder a la intendencia. Fue elegido en mayo de 2023 y asumió en diciembre.
Desde ese lugar, siempre según la acusación, habría ampliado las actividades de la organización mediante un entramado de sociedades y contrataciones. La fiscalía también investiga un posible desvío de fondos municipales.
Tres contadores imputados habrían intervenido en el movimiento del dinero a través de empresas creadas o utilizadas para esas operaciones. Otros tres acusados habrían cumplido funciones logísticas. Entre las maniobras investigadas aparece un sistema de préstamos gota a gota, que uno de los imputados habría administrado mediante una carpintería presuntamente utilizada como pantalla.
El circuito, según los fiscales, incluía la colocación de fondos, su diversificación mediante distintas operaciones y su posterior consolidación. Para reconstruirlo, la Justicia ordenó peritar 35 teléfonos celulares y analizar documentación contable y dispositivos informáticos.
Hay otro punto en el expediente: la información reservada. Villalba afirmó que Martínez habría recibido datos sobre investigaciones que lo involucraban a él o a miembros de su organización. Algunos funcionarios, en particular de las fuerzas de seguridad, le habrían filtrado información. La fiscalía considera que esa red de contactos pudo haber contribuido a su fuga.
También señaló presuntos vínculos con el exjuez penal de Orán Claudio Parisi, destituido en diciembre de 2024 por mal desempeño. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá establecerse en los procesos correspondientes.
El apellido y los antecedentes
La historia judicial del Conejo empezó antes de la intendencia. En 2012 fue detenido mientras transportaba seis kilos de cocaína y recibió una condena de cinco años de prisión. En marzo de 2019 fue aprehendido en Santiago del Estero con 100.000 dólares cuyo origen no pudo justificar, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
En septiembre de 2024 fue destituido como intendente. La fiscalía sostiene que la organización continuó operando después de su salida del municipio.
El apellido Martínez ya aparecía en otra investigación de alto impacto en Orán. En noviembre de 2023, César Daniel, hermano del exintendente, conocido como el Oreja, fue asesinado frente a su casa. Recibió doce disparos mientras cumplía prisión domiciliaria. Por ese crimen se abrió una causa por homicidio calificado.
En diciembre de 2025, el Conejo fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, en el marco de la investigación por el asesinato de su hermano. Es un expediente distinto del que ahora lo acusa de lavado de activos, aunque ambos involucran presuntos accesos a información reservada.
Una frontera, una fuga y 60 días
La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi pidió la prisión preventiva por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Señaló la capacidad económica de Martínez, sus conexiones políticas y su influencia en la zona. También recordó que podía cruzar con facilidad la frontera hacia Bolivia.
La defensa alegó problemas de salud relacionados con intervenciones quirúrgicas en la cabeza. La documentación presentada tenía cuatro meses de antigüedad. La fiscalía aportó constancias médicas que indicaban una recuperación satisfactoria. El juez Montoya consideró que los riesgos procesales justificaban la detención.
De los doce imputados, ocho quedaron con prisión preventiva y cuatro continuarán en libertad, bajo medidas de control. La investigación tiene un plazo de seis meses.
Todavía falta probar el recorrido del dinero, el papel de cada empresa y la responsabilidad de cada acusado. Por ahora, la imagen más precisa del expediente es también la más simple: un exintendente que no estaba cuando llegaron los investigadores y que, días después, declaró desde un destacamento de Gendarmería, con un chaleco antibalas y una pantalla de por medio.
En la frontera, la distancia entre el poder y el negocio es una de las preguntas que la Justicia intenta reconstruir. Esta vez, la respuesta está en los teléfonos secuestrados, los libros contables y los vínculos que puedan probarse. El resto, por ahora, es una hipótesis fiscal.