La ministra de Educación, Cristina Fiore, ha expresado su compromiso con una iniciativa legislativa para prohibir el ejercicio de la docencia a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Fiore, quien se ha involucrado personalmente en el proyecto de ley, enfatizó la importancia de proteger a los estudiantes y destacó la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de los menores en el ámbito educativo.
El Ministerio de Educación, en conjunto con los sindicatos que participan en las paritarias, está discutiendo resoluciones para definir los antecedentes requeridos a quienes aspiran a ser docentes. En este contexto, se ha diferenciado entre una denuncia y una condena judicial por abuso, subrayando que solo las personas condenadas perderían el derecho a enseñar. La ministra señaló que la inhabilitación sería una pena accesoria destinada a prevenir que personas con antecedentes penales relacionados con delitos sexuales puedan trabajar en la educación.
Fiore también mencionó que, ante denuncias, los docentes implicados son apartados de sus funciones mientras se realizan los trámites judiciales y administrativos correspondientes. Recalcó la importancia del principio del interés superior del niño y cuestionó la confianza que los padres podrían tener en un docente con antecedentes de violación. Finalmente, la ministra indicó que se están llevando a cabo los sumarios necesarios para avanzar en las investigaciones pertinentes y asegurar la correcta aplicación de estas medidas.