Otro problema de Bettina, que puede convertirse en pesada herencia.
La Auditoría Interna de la Municipalidad cuestiona la validez de los decretos 243 y 244, que involucran nombramientos y ascensos de empleados, llevando a los concejales a solicitar un informe de conformidad con las regulaciones vigentes.
Tras la controversia generada por los decretos 243 y 244, relacionados con nombramientos y promociones de empleados en la Municipalidad, el Concejo Deliberante ha aprobado un pedido de informe dirigido a la Secretaría de Asuntos Legales y Técnicos, bajo la dirección de Daniel Nallar. El propósito de esta solicitud es verificar si se están cumpliendo las disposiciones legales actuales.
El concejal José Gauffin ha señalado que estos nombramientos «no se realizaron en el momento adecuado ni siguieron los procedimientos establecidos en el convenio colectivo de trabajo». Para respaldar sus afirmaciones, se basó en una evaluación realizada por la Subsecretaría de Auditoría Interna de la Municipalidad de Salta, liderada por María Ernestina Armata.
Según el documento presentado por el concejal, el 7 de julio de 2023, la Auditoría General de la Provincia envió una nota a la entonces intendenta Bettina Romero, recordándole que, según la Ley 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, durante los dos últimos trimestres del año de finalización del mandato, no se pueden realizar aumentos en el gasto corriente de carácter permanente. Esto incluye gastos de personal, contrataciones y nombramientos, que están prohibidos por ley, según lo detallado por Gauffin.
Además, Gauffin resaltó que en la revisión legal, Armata indicó que el «decreto 244/23 incluye nombramientos sin el respectivo aumento presupuestario, lo que resulta en un aumento de los gastos». También se observó que las listas de puestos en las categorías inferiores, como Jefes de Departamento, se consideran hasta ese nivel, pero lo mismo no ocurre con los cargos de Directores y Directores Generales, que se encuentran en una categoría superior. Esto sugiere que no se está respetando la progresión profesional, como lo establece el convenio colectivo de trabajo.
Al concluir el informe, la Auditoría destaca que «no se pueden realizar este tipo de nombramientos sin contar con la estructura correspondiente y sin la debida aprobación previa». Por lo tanto, sugieren «anular los decretos mencionados, ya que no cumplen con las indicaciones de la Auditoría General de la Provincia y generan una gran insatisfacción entre los empleados municipales, ya que no reflejan las necesidades reales de cada área».