La edil de San Lorenzo Elisea Lozano fue condenada por la justicia  a raíz de una denuncia de un grupo de vecinos del Club de Campo San Agustín quien acusaron estafas en la venta de loteos privados. Antes, la concejala imputada había pedido la destitución de otra por “inmoralidad”. (JPV)

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra Instancia – 8va Nominación resolvió condenar a la concejal perteneciente al espacio del actual intendente Manuel Saravia ante la denuncia efectuada por un grupo de individuos que alegan haber sido estafados en la compra de loteos del Club de Campo San Agustín,  ubicado en el Departamento de Cerrillos.

Según consta en testimonios públicos de los damnificados, los mismos realizaron la compra de lotes de terreno a través de boletos de compraventa en la zona de San Agustín en el año 2007. Las entonces propietarias, Elba Marina Alcala y Julieta Lozano, se habrían comprometido a dar inicio al fraccionamiento y sub división del Club de Campo, y en los cuales se incluiría la conexión de los servicios esenciales (luz, gas natural y agua corriente), sumado a los servicios anexos entre los que se encuentran: piletas de natación, canchas de tenis, de futbol, caballerizas, áreas comunes, seguridad privada, teléfono, internet, televisión, club house, juegos infantiles, hostería con doce habitaciones, salón de fiestas y un sauna para uso de los propietarios.

Cabe destacar que todo esto mencionado anteriormente fue incumplido por las vendedoras.

A la par del compromiso asumido con la proporción de estos beneficios, las locadoras también se comprometieron a someter los terrenos al régimen de propiedad horizontal. Esto causó que los compradores cedieran mandato amplio a las vendedoras. En paralelo, tanto Lozano como Alcala transfirieron la titularidad de los lotes a la actual concejala Elisea Lozano, lo cual no fue notificado a los vecinos que ya habían realizado la compra de los lotes. Sumado a esto, no se habría informado la subdivisión del terreno original en dos matriculas.

Catorce años pasaron de la fecha cuando inició el calvario de este grupo de personas quienes invirtieron a la espera de un Club de Campo con todos los privilegios, pero recibieron un terreno a los cuales ni siquiera se les había conectado los servicios básicos.

Hoy, luego de una larga disputa judicial, el juzgado actuante hizo lugar a la demanda efectuada y llevó adelante una condena considerada ejemplar por los juristas actuantes. Según lo confirmado por la Cámara de Apelaciones a cargo de Guadalupe Valdez Ortiz; Lozano deberá regularizar y finalizar las obras contratadas, a lo que agrega la obligación de finalizar los tramites de aprobación de los planos de mesura y la subdivisión para la urbanización privada. También se ha impuesto que la misma escriture los catastros que se asignen a favor de los demandantes.

 

Por otro lado la imputada tendrá que abonar la suma de $250.000 pesos en concepto de daño punitivos a los compradores de los loteos.

Lozano y la inmoralidad

Durante el 2020 se dio uno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos cuando se dio a conocer que un gran número de concejales salteños habrían solicitado (y algunos hasta cobrado) el Ingreso Familiar de Emergencia, pensado para la asistencia de las personas afectadas en términos económicos por la pandemia. En ese momento, y sin la intervención judicial correspondiente en ese entonces, Lozano mociónó en contra de su ex colega Melisa González quien se encontraba implicada en el escándalo y solicitó su expulsión del Concejo Deliberante de San Lorenzo.

La ex edil de Kila Gonza devenida en “Saravista” argumentó en ese momento que no podía compartir el cuerpo legislativo con una persona que se encontraba relacionada a un acto de tamaña inmoralidad. Todo esto cabe destacar sin el proceso judicial correspondiente y librado al pensamiento de los ediles en ese momento. Otro tanto ocurió con la situación que tuvo como protagonista al edil Juan Dávalos, mano derecha del intendente, cuando fue denunciado públicamente por la radio fm de San Lorenzo del déposito de un ATP a su cuenta. El concejal argumentó que no había solicitado ningún beneficio estatal y que los dueños del corralón en el que él se desempeña como vendedor de mostrador lo habían hecho a su nombre.

Hoy, con una condena firme, tendrá el concejo deliberante de San Lorenzo la decisión de actuar de la misma manera que se actuó sobre Melisa González (única opositora en ese momento) u optaran por mantener una posición obsecuente ante la situación. No es la primera vez que el cuerpo de ediles no mide los actos con la misma vara, ya que la investigación contra González fue ordenada por el intendente Saravia tras conocerse la noticia en medios provinciales. La inmoralidad siempre es ajena para algunas.

 

 

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