ALEJANDRO SARAVIA
El gobierno nacional ha encontrado una fórmula política de extraordinaria eficacia comunicacional: exhibir equilibrio fiscal como sinónimo de orden, racionalidad y modernidad. La cuestión es que buena parte de ese equilibrio no surge exclusivamente de una mejora estructural del Estado ni de un incremento genuino de productividad, sino de algo mucho más simple y mucho más grave: dejar de pagar obligaciones legales y contractuales. En otras palabras, alcanzar superávit “con la nuestra”.
La administración de Javier Milei ha construido su principal capital político alrededor del ajuste fiscal. El relato oficial presenta ese resultado como una hazaña histórica frente a décadas de déficit, inflación y desorden macroeconómico. Pero detrás de esa narrativa existe otra realidad menos difundida: universidades desfinanciadas, jubilaciones deterioradas, obras públicas paralizadas, programas de discapacidad incumplidos, provincias asfixiadas y fondos coparticipables retenidos o licuados por inflación.
El método no es nuevo en la Argentina. La diferencia es la escala y la explicitud ideológica. Antes se ocultaba el ajuste detrás de eufemismos técnicos; hoy se lo reivindica como virtud moral. El Estado deja de cumplir funciones esenciales y eso se presenta como una victoria cultural. Lo que antes era incumplimiento, ahora se denomina “déficit cero”.
Sin embargo, el equilibrio fiscal auténtico no consiste solamente en gastar menos de lo que ingresa. También implica honrar obligaciones legales, constitucionales y federales. Un Estado puede exhibir superávit y al mismo tiempo estar acumulando deuda social, previsional e institucional. Puede cerrar planillas contables mientras rompe el pacto político que sostiene a la Nación.
El caso de las provincias es particularmente significativo. El federalismo argentino ya venía profundamente erosionado desde hace décadas por la concentración de recursos en el poder central. Pero hoy esa tendencia alcanza niveles inéditos. Gobernadores de distintos signos políticos observan cómo se reducen transferencias, se paralizan obras acordadas y se debilitan mecanismos de compensación financiera previstos en el sistema federal. En ello se aplicaría aquello coloquial de que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada en provincias periféricas como Salta, donde el Estado nacional no es una presencia abstracta sino un actor decisivo en infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Cuando la Nación se retira abruptamente, no desaparece solamente el gasto: desaparecen rutas, viviendas, universidades, programas sanitarios y oportunidades de integración territorial.
El problema es que el gobierno ha logrado convertir esa retracción en un activo electoral. Ha instalado la idea de que cualquier transferencia a las provincias es privilegio, que toda inversión pública es corrupción potencial y que todo reclamo de recursos constituye una amenaza corporativa contra el equilibrio macroeconómico. Así, la discusión deja de ser económica para transformarse en moral: el ajuste aparece asociado al sacrificio virtuoso, mientras la demanda de cumplimiento estatal es presentada como parasitismo. Claro que hubo y hay parásitos, la cuestión es dejar de fomentarlos con el voto que para eso está.
Pero hay una pregunta inevitable: ¿puede sostenerse indefinidamente un superávit basado en no pagar? Porque tarde o temprano las obligaciones regresan. Regresan en forma de litigios judiciales, deterioro educativo, crisis hospitalarias, caída de infraestructura, empobrecimiento jubilatorio y fractura territorial. El costo no desaparece; simplemente se traslada hacia adelante y hacia abajo.
La Argentina ya conoce este mecanismo. Lo conoció durante la dictadura, cuando el orden financiero convivía con destrucción industrial y endeudamiento. Lo profundizó en los años noventa, cuando la estabilidad monetaria se sostuvo a costa de privatizaciones, desarticulación estatal y concentración económica. Y terminó explotando en 2001, cuando el equilibrio de las cuentas dejó de coincidir con el equilibrio de la sociedad.
Por eso el debate de fondo no es simplemente contable. La verdadera discusión es quién paga el costo del ajuste y quién se beneficia políticamente de él. Hoy el gobierno exhibe números fiscales mientras las provincias, las universidades, los jubilados y los sectores vulnerables absorben el impacto del recorte. En los noventa se vendieron las joyas de la abuela, ahora hasta se pretende vender a países extranjeros parte de nuestro territorio.
Pregunto, ¿cuándo es el cuando para decir basta? ¿Cuándo será el basta a tanta chabacanería y latrocinio en vidrieras? Lo digo hasta por una cuestión de dignidad.
El superávit existe. La pregunta es de quién es el dinero con el que se construye porque por el momento la casta sigue intacta, aunque con más miembros que la incrementan. Y la respuesta empieza a emerger con crudeza: el equilibrio fiscal se está financiando, en gran medida, con recursos que pertenecen a otros. Con los de las provincias. Con la de los jubilados. Con la de las universidades. Con la de la obra pública. Con la de los discapacitados. En definitiva, con la nuestra.
Así, cualquiera ahorra. El secreto de esta ficción es seguir consiguiendo que aquellos que votan continúen simulando demencia para no tomar conciencia de la propia estupidez o bien de su complicidad. Ya vivimos varias veces eso y así estamos….