A 7 meses de la recisión del contrato con Plumada SA, el gobierno no encuentra quién se haga cargo del archivo de los documentos oficiales. Una empresa menor se ocupa de 10.000 cajas y el Grand Bourg licita de nuevo en busca de una oferta conveniente. (Gonzalo Teruel)
La decisión fue tomada el 28 de agosto y comunicada un par de días después, el 1 de septiembre del año pasado. Y fue, para qué negarlo, sorpresiva. A través del Decreto 3.011/15 el gobernador Urtubey rescindió el contrato vigente durante casi una década por el cual la empresa Plumada SA fue responsable del Servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentación para el Estado Provincial.
La encargada de justificar la determinación fue la directora del Archivo de la Provincia, Elsa Pereyra Maidana, quien explicó que Plumada de manera “intempestiva y arbitraria” había suspendido el servicio de logística por “falta de mejoras en el contrato”. Y subrayó que, por lo tanto, correspondía dar por finalizado el vínculo.
En efecto, en sus considerandos, el decreto de recisión mencionó que “la contratista comunica que a partir del 1 de septiembre de 2015, procederá a la suspensión parcial y transitoria de los servicios contratados (…) fundado en que la falta de readecuación del precio del contrato, constituye un obstáculo que le impide la prestación de los servicios en las condiciones originariamente pactadas” y aclaró que ese contrato “no contempla entre sus cláusulas la alternativa de disponerse la suspensión unilateral de los servicios contratados por parte de la contratista”.
Plumada trató de mejorar su contrato y en Gobierno consideraron que ya era suficiente con la exención impositiva, la promoción industrial y demás beneficios recibidos por la compañía y disolvieron el vínculo. No fue el primer contrato roto por Urtubey. En 2014, rescindió los convenios con Ecotren SA y Dycasa SA, responsables del Tren a las Nubes y del Peaje de Aunor en el ingreso a Salta. En ambos casos el gobierno provincial se hizo cargo de la administración y prestación de esos servicios.
Fallas en el plan
La idea para el Archivo Provincial no fue la misma. Y, de hecho, el decreto de finalización del vínculo con Plumada estableció en 90 días el plazo para que la administración pública asumiera tal responsabilidad y encontrara un nuevo concesionario autorizando “al Ministerio de Gobierno a llamar a Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio”.
Pero algo salió mal. La empresa redujo al mínimo sus tareas y, mucho peor, en esos meses no apareció ninguna otra interesada en prestar el servicio. A la fecha, 7 meses después, fracasaron todas las convocatorias a licitación y el gobierno y la empresa realizan a medias y con enorme tensión las tareas de archivo. Hace un mes el secretario de Gobierno, Santiago Godoy, admitió que no hay empresas con la capacidad para absorber todas las tareas de las cuales era responsable Plumada y reconoció que por eso se decidió “cambiar el objeto de la licitación y dividirla en dos partes: licitando la Digitalización y Logística pero estatizando el Archivo y Guarda del Fondo Documental”.
El problema es que son varias las voces que aseguran que en muchos casos no se sabe el destino de las historias clínicas ni de los prontuarios porque la justicia debe decidir al respecto y que sospechan de que exista patrimonio provincial “dañado”, más teniendo en cuenta de que la empresa sí habría entregado cajas que estaban a la intemperie.
Estas preocupaciones fueron reveladas también por Pereyra Maidana. “La licitación pública quedó desierta, nosotros ya veníamos previendo que esto podía suceder y hemos tomado las previsiones del caso. En esta instancia la documentación volvería a la provincia y llamaríamos a una contratación directa para la gestión de la documentación”, indicó la funcionaria con una preocupante utilización del potencial.
“El proceso de devolución (de documentos guardados en cajas, legajos e imágenes digitalizadas) ya se está haciendo. El tema es que hay una instancia que se va a discutir en el marco de la justicia para ver la posibilidad de que la empresa acceda a devolver más documentación y cómo sería lo logística” agregó y amplió que para el destino de esos materiales “se están analizando dos posibilidades: un inmueble privado que habría que alquilar y el otro es un inmueble de la provincia”.
Así las cosas, esta semana el gobierno publicó en el Boletín Oficial un par de resoluciones. La 51/16 del pasado 4 de marzo en la que declaró desierta la licitación pública “por no haberse presentado ningún oferente” y la 67/16 del 18 de marzo que aprobó la contratación directa “del Servicio de Archivo, Custodia y Logística de la Documentación del Estado Provincial” y la adjudicó “a la firma Archivos de Salta SA”.
A través de una tercera resolución, la 76/16 del 30 de marzo, el gobierno aprobó el contrato (el texto normativo dice “contato”) para el “Archivo, Custodia y Logística de la Documentación del Estado Provincial de diez mil cajas” por un plazo de 24 meses. El secretario Godoy confirmó que las compañías Archivos de Salta SA y OCASA SA ya retiran documentos de las instalaciones de Plumada SA y los trasladan a sus propios depósitos hasta tanto se resuelva el destino final de los mismos y se alquilen o adquieran los galpones necesarios.
¿Bueno? por conocer
Plumada SA y su dueño son bien conocidos en Salta. “El empresario Daniel René Moreno experimentó durante los años del gobierno de Juan Carlos Romero un crecimiento exponencial de sus negocios y actividades” informó Cuarto Poder hace poco más de un mes y añadió que “creada como una compañía de transporte, Plumada SA se expandió a todo el rubro logística y pasó a controlar la concesión del agua mineral Palau en Rosario de la Frontera y, además, a administrar todo el servicio de archivo, digitalización, custodia y logística de documentos públicos”.
“Ya con Juan Manuel Urtubey en el gobierno, Moreno mantuvo su impronta y continuó ampliando el horizonte comercial. Pero algo pasó y en agosto del año último el gobierno rescindió el contrato con Plumada SA y le ordenó continuar prestando servicios por tres meses hasta tanto el Archivo Central de la Provincia fuera puesto en condiciones o apareciera otra empresa dispuesta a prestar el servicio” amplió este semanario y puntualizó que todavía puede leerse en la web de la compañía “en el presente Plumada se encuentra ejecutando los proyectos de tercerización de archivo y soluciones documentales de los segmentos públicos y privados más importantes en todo el territorio de la República Argentina”.
Mucho menos se sabe de Archivos de Salta SA y en despachos oficiales sólo indican que “brinda servicios desde hace tiempo al Estado y tiene experiencia en la materia, pero no espacio suficiente”. Poco más se sabe: su constitución societaria no figura en la versión digital del Boletín Oficial aunque, eso sí, hay registros de varias asambleas comerciales entre 2004 y 2011 en las que quedó constancia de que José Gabriel Paesani es el presidente. El propio Paesani firmó el reciente contrato con Pereyra Maidana.
La empresa no tiene página web y en Internet sólo puede averiguarse que está domiciliada (en las inmediaciones del Estadio Demi) en Pasaje Padre Rafael Gobelli 1.865 dato en el que coinciden las guías empresariales como Páginas Amarillas y otras similares. Una de esas guías, www.findthecompany.com.mx, la categoriza en el rubro “servicios de fotocopia y duplicado” y describe que “con 3 empleados la empresa es un poco más pequeña y genera mucho menos ingresos que el promedio de servicios de fotocopia y duplicado”.
En efecto, informes comerciales a los que accedió Cuarto Poder, revelan que la empresa tiene registrados sólo 3 contratos con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Además de pocos empleados, Archivos de Salta SA tiene escasos bienes: no informa un inmueble a nombre de la compañía y sólo menciona un rodado, un utilitario Volkswagen Saveiro modelo 2009. Los reportes del Banco Central, en tanto, muestran que Paesani tiene sus cuentas en orden. No tiene deudas, no tiene cheques rechazados ni operaciones sospechosas, y sólo registra un discreto y ordenado movimiento crediticio en entidades formales del sistema financiero.
José Gabriel Paesani no parece un gran empresario y Archivos de Salta SA no parece una gran empresa lo que presenta el interrogante por la forma en la que realizará la enorme tarea de “custodia y archivo de 10 mil cajas de documentación perteneciente a la Administración Pública Provincial”. Por ahora, en despachos oficiales no presentan objeciones a su desempeño y consideran que justamente “por no tener la envergadura suficiente” no será la responsable de sustituir a Plumada.
Desde el ministerio de Gobierno confiaron que una nueva licitación, cuya apertura de sobres está prevista para el 28 de abril, no quedará desierta y entregará un nuevo prestador para el servicio de archivo. En efecto, Cuarto Poder pudo averiguar que ya hay ofertas presentadas.
Hace unos meses, tal vez para para presionar al gobierno, desde Plumada sugirieron a través de las páginas del diario El Tribuno que “el traspaso de archivos a la provincia demandaría 18 años”. “En la planta de Plumada están bajo guarda unas 2,7 millones de cajas con documentación de las distintas reparticiones públicas. Todo está codificado y sistematizado. El horario pautado por contrato es de 8 a 12, de lunes a viernes. Así surge que el traspaso tardaría más tiempo que el de los años de prestación” presionó el matutino de Juan Carlos Romero.
Tal estimación fue desestimada por Godoy quien, muy por el contrario, dijo que el año próximo “en el mes de mayo aproximadamente” tendría que estar concluida la entrega de las cajas y avanzada la situación de los elementos informatizados (legajos, prontuarios e historias clínicas) para una nueva etapa en la administración de los papeles públicos por parte del gobierno y “no seguir como hasta ahora siendo casi rehenes de una empresa”.
