Casi 3 mil cheques rechazados y alrededor de 30 palos verdes sin devolver son parte del saldo que dejó la empresa Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. Conocé las maniobras y operaciones de la financiera top salteña que hace quedar a Ríos & Asociados como una engañifa de poca monta.
23 imputaciones, 25 detenidos y un capital cautivo de $2,2 mil millones son algunas de las derivaciones de la megaestafa financiera vinculada a la firma Ríos & Asociados. El fraude bautizado como «pirámide azul» concitó rápidamente la atención de la justicia y los medios por la presunta participación de altos mandos de la policía local.
Aun con semejante resonancia, el volumen de la estafa que afectó a un sinnúmero de agentes de la ley podría representar apenas una cuarta parte del caudal reclamado por los acreedores de Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. Se trata de una financiera y desarrolladora inmobiliaria investigada desde hace meses por la fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Empresarios, funcionarios de la justicia y allegados al poder político integran la larga lista de estafados por la financiera VIP que ofrecía operaciones de inversión en dólares con altas tasas de interés.
Allanamientos
A fines de mayo, la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó tres allanamientos en los que se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera; como así también, elementos que podrían ser útiles a la causa. Uno de los domicilios allanados fue la sede de la empresa Compañía Privada en calle Leguizamón al 700. Los otros dos operativos tuvieron lugar en Castellanos y Villa San Lorenzo.
La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominación Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la titular de la empresa, la contadora María Mercedes Ibarra. Desde entonces, la presidenta de la compañía tiene la obligación de presentarse ante la UDEC cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual. Además, tiene prohibido salir sin autorización del país; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
Las órdenes de la fiscalía se asientan en una serie de denuncias por parte de acreedores que, de 2018 a la fecha, enfrentan negativas de la empresa para el retiro de sus inversiones. De manera repentina, la firma que se presentaba originalmente como solvente y seria dejó de pagar a sus clientes poniendo por delante una serie de excusas. Las opiniones plasmadas en Google por parte de clientes no dejan mucho lugar a dudas: «Dejás dinero en plazo fijo y cuando querés retirarlo no hay liquidez o te dan en cuotas en la cantidad y fecha que ellos quieren. Un desastre», escribió el usuario David Ovejero. Por su parte, Sol Fernández denunció: «Invertí mis ahorros ahí hace mas 5 de años y todavía no logré que me devuelvan un peso». Edgardo, en tanto, aportó: «Son un desastre, nadie da la cara. Cuando vas a invertir son todos simpáticos, cuando vas a cobrar se esconden como ratas».
Historia: De COFIN a Compañía Privada
Los inicios de Compañía Privada S.A. datan del año 2010, aunque sus raíces se encuentran en una financiera precedente y de similares características: COFIN S.A. Esta última fue fundada por el tucumano Jorge Alejandro Rigourd y el salteño Hugo Roberto Ibarra, contador, exrector de la UNSa y uno de los fundadores del exclusivo barrio El Tipal.
Rigourd enfrentó una causa judicial por estafas en su provincia natal, muy similar a la que hoy recae sobre Compañía Privada, y terminó por retirarse de la actividad. Ibarra, por su parte, pasó a cumplir funciones como asesor externo, dejando como apoderada de la firma a una de sus cinco hijos: María Mercedes Ibarra.
En 2010, la empresa cambió su denominación a Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. y sumó a su objeto el rubro Construcción. María Mercedes se hizo cargo de la administración de la firma junto a Federico Gianola Terán, quien ejerció como vicepresidente hasta su renuncia en 2020.
A pesar de que muchos de los proyectos encarados por la nueva administradora fueron considerados poco viables por expertos del rubro inmobiliario, la empresa se mantuvo en pie por varios años y cumplió con sus clientes. Fue en ese periodo que se construyeron barrios privados como La Montaña, Madero Vistas, La Eulogia y La Carlota. También varios edificios en el ejido municipal, de los cuales, se supo, muchos se encuentran aún sin declarar.
El calvario de los acreedores comenzaría en 2018 cuando la empresa entró en cesación de pagos. Las explicaciones brindadas por entonces apuntaban a que el mercado inmobiliario (real state) no era rentable y atravesaba un momento de crisis. Algo fácilmente rebatible echando una mirada al crecimiento que tuvieron otros emprendimientos del rubro. Los verdaderos motivos, sin embargo, poco y nada tendrían que ver con el comportamiento del mercado.
De Compañía Privada a Deessa SRL
La interrupción de pagos es sospechosamente coincidente con la creación -en septiembre de 2018- de la firma Deessa SRL, un emprendimiento que tiene como accionistas nada menos que a María Mercedes Ibarra y a Fernanda Guardiero, quien se desempeñaba en la Gerencia Administrativa de Compañía Privada. Más tarde se sumaría también Diego Gastón Rodríguez, exesposo de Ibarra, rugbier y socio en cada uno de sus negocios.
Pero más sospechosas aún resultaron las transferencias de activos que la administración de Compañía Privada efectuó sin ningún tipo de aval a Deessa S.A. Se sospecha que el nuevo emprendimiento funcionó como receptáculo de fondos provenientes de la alicaída financiera y constructora heredera de Cofin. La operatoria fue y es tan burda que algunos proyectos como Torre Piazza (un edificio montado sobre calle Rivadavia) figuran en los catálogos digitales de las dos empresas. Sin ningún tipo de documentación ni asamblea extraordinaria, un edificio de seis pisos saltó por arte de magia de una empresa a la otra.
En sus inicios, ambas firmas funcionaron de manera concomitante en las instalaciones de calle Leguizamón. Mientras el nuevo negocio remontaba vuelo, a los clientes de la antigua financiera se les decía que la mano venía dura. Estas operaciones fueron las que, a la larga, motivaron la salida del vicepresidente Gianola Terán.
Concurso Preventivo
Desde 2018 la empresa Compañía Privada no registra actividad comercial, aunque se sabe que al día de hoy sigue abriendo sus puertas a potenciales portadores de dólares. Entre las diferencias más sustanciales con otros casos en los que se investigan estafas financieras está el «target» de los inversionistas. No se trata aquí de uniformados rasos que tomaron créditos para invertir, sino de clientes acaudalados y con cierto roce con el poder real. Un buen número de ellos depositó una cifra cercana a los 50 mil USD, otros estuvieron por encima de los 100 mil USD y alguno llegó a invertir 970 mil USD.
La empresa solicitó el Concurso Preventivo luego de que se presentaran varias denuncias en su contra. En los fundamentos del pedido se pone como excusa la crisis internacional por la pandemia de Covid-19, el supuesto estancamiento del mercado, el panorama financiero internacional, entre otros. La directora de la empresa declara allí un pasivo de $790.508.676 y denuncia 65 acreedores; sin embargo, las estimaciones del exvicepresidente de la compañía Federico Gianola Terán superan ampliamente esas cifras: 790 acreedores y 30 millones de dólares sin devolver. Por otro lado, en el concurso se reconoce la existencia de 1000 cheques rechazados, mientras que la información disponible en la central de deudores del BCRA da cuenta de 2756 a septiembre de 2022.
De considerarse estos aspectos, el pedido de concurso podría considerarse fraudulento e impugnarse.
Ella
«¿Cómo definís tu manera de trabajar?», consultó una practicante del periodismo tiracentros a María Mercedes Ibarra, en el marco de una publinota empresarial. «Soy sumamente jugada. Sé analizar un proyecto y un producto, tengo percepción de ambiente, tengo empatía con la gente que me da ciertas pautas», contestó la apoderada de Compañía Privada.
Y es precisamente empatía lo que le reclaman cientos de acreedores desde que la firma entró en cesación de pagos. Más adelante, en la misma entrevista, declara: «Mi premisa es poder dormir tranquila, sabiendo que se trabaja con buena fe. Cualquier error se perdona, pero no la deshonestidad».
La justicia, sin embargo, podría revocar su libertad condicional si se determina que el contacto establecido con algunos acreedores durante el concurso preventivo tuvo como objeto entorpecer las investigaciones en curso. La causa, hoy caratulada como estafa en perjuicio de un número indeterminado de personas, podría mutar hacia la figura de asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del código penal.