La familia sostiene que la asesinaron en un marco de ajuste de cuentas que tiene como protagonistas a narcopolicías, transas y lúmpenes de la barriada. Sin embargo hay solo un imputado.

En la Sala VII del Tribunal de Juicio comenzará el lunes 16 de mayo la audiencia de debate en la causa seguida contra Joaquín Octavio Viñabal (25), alias “Gololo”, por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio, en perjuicio de Agustina Fernanda Nieto.

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El juicio unipersonal será presidido por el juez Federico Diez. Está previsto que se extienda hasta el 23 de mayo próximo. Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal Mónica Poma. La defensa del imputado estará en manos de Roberto Adrián Reyes.

Barrio San Benito: Femicidio de Agustina Nieto

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en barrio San Benito de la ciudad de Salta.

Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, esa noche Agustina Fernanda Nieto concurrió a una construcción abandonada donde se encontraba Viñabal con otras personas no identificadas. En ese contexto, alrededor de las 7 de la mañana, le quitaron la vida a la joven, presumiblemente mediante compresión del cuello y sofocación manual (taponamiento de la boca).

Cabe recordar que en la causa había un coimputado que resultó sobreseído por el Tribunal de Impugnación por resultar inimputable, previa intervención de la Asesoría de Incapaces.

El año pasado al cumplirse tres años del asesinato de Agustina sus familiares emitieron un comunicado en donde sostienen que su caso «se mantiene aún hoy impune; la investigación a cargo de la fiscal Mónica Poma (perteneciente a UFEM, la unidad de la fiscalía especializada en femicidios) no ha sido desarrollada como corresponde o, directamente, no ha sido tal, ya que al día de la fecha no hemos obtenido respuestas en relación a avances de peso en la tarea investigativa que conduzcan a la captura de los responsables materiales e intelectuales del crimen de Agustina Fernanda Nieto».
Y sostuvieron:
«A nuestra Agustina la asesinaron en un marco de ajuste de cuentas que, según la información que hasta el momento hemos recabado, tiene como protagonistas a narcopolicías, transas y lúmpenes de la barriada. Y dado que las investigaciones pertinentes no son desenvueltas por el aparato estatal a raíz de que estás redes funcionan con la complicidad del propio Estado es que apelamos a la solidaridad de los propios vecinos de los barrios San Benito y aledaños y de toda la sociedad en general. Esto se da en un contexto en que elementos de los servicios policiales están vinculados a casos de los más aberrantes: desde femicidios (como en el caso de Liliana Flores) hasta violaciones (cuando se les asignó la tarea de ser consignas de una mujer cuya vida corría peligro). El grado de podredumbre del aparato represivo, en conclusión, es un hecho incuestionable. En un escenario así —insistimos— sólo la colaboración de los vecinos y/o de cualquier persona que sepa algo puede inclinar la balanza a favor de la victoria de justicia en su caso.
Sabemos que sus asesinos permanecen todavía hoy en libertad en la barriada; pero, lo que no sabemos a ciencia cierta, es quiénes son cada uno de ellos —tanto cómplices como perpetradores—. Es a raíz de eso que, llamamos también, a que cualquier persona aporte anóniamente información vinculada al caso para que tales datos conduzcan a los culpables que conjuntamente le arrebataron su vida dejando a un niño sin su mamá; el dolor que sentimos es profundo, pero vamos a transformarlo en lucha sin dar marcha atrás: por él y por ella; y por cada una de las víctimas de este sistema perverso que da vía libre a estas redes para que operen con total impunidad en los barrios pudriendo mente y cuerpo de la juventud y gozando del encubrimiento criminal del Estado».

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