La salida de la ministra Josefina Medrano no ha cerrado la crisis que tiene el sistema de salud provincial. La falta de escrúpulos y los negocios de las camarillas que viven del presupuesto público siguen en pie mientras la pandemia no afloja.

Esta historia comenzó con Luis Pinola, un oranense que vive en Estados Unidos desde hace un tiempo y enterado del mal momento que atraviesa su ciudad de origen decidió comprometerse en regalar algo que viene haciendo falta desde hace mucho tiempo. Una máquina para la separación de plasma.

Resulta que en esta semana trascendió el
desmantelamiento del laboratorio del hospital porque allí fue trasladada la máquina. Cajas y camillas aparecieron en los pasillos del hospital y las extracciones de sangre, desde ese momento se hacen en los pasillos. Fueron tres los consultorios que vaciaron, una secretaria, una sala de extracción y una  sala de control de lo que fue el laboratorio que, hasta el momento no encontró lugar para trasladarse. Desvestir un santo para vestir a otro, le dicen…

Pero lo triste del asunto es que todo lo que se hizo por la maquina fue en vano porque la máquina no funciona.

El equipo donado por Pinola no podrá ser puesto en marcha debido a que no cuenta con certificación de ANMAT, ya que no existe forma de conectar la máquina al donante, tiene una falla de válvula y la entregaron sin manual. Por lo tanto, oran sigue sin poder extraer su plasma propio.

Mientras tanto, en Bolivar al 600, el Centro Regional de Hemoterapia, sigue al mando de Betina Sarracino, a pesar de haber sido imputada por la unidad de delitos económicos complejos con el cargo de negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de autora.

Se sabe que a los médicos de diferentes clínicas que trataban a personas con COVID, se encargaba de avisarles que en caso de necesitar plasma para alguno de sus pacientes, la llamen a su teléfono personal,  a ella y solo a ella.

Como Directora del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (Según Decreto Nº 998/08), sino que, además, habría intervenido simultáneamente como directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta, -entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario-, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público para la ejecución del servicio. Eso dice la causa. La investigación se inicia de oficio como “Noticia Criminis”.

Se requirió informe al Centro de Hemoterapia Regional; a la Clínica Virgen de Urkupiña; al Ministerio de Salud (copia del convenio celebrado con empresa Servicio de Medicina Transfusional; copia del Expediente de dicha empresa, constitución y sus posteriores modificaciones y al Instituto Provincial de Salud de Salta.

Otro informe del Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, el Centro Regional de Hemoterapia envió 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al “Servicio De Medicina Transfusional Salta”.
Para imputarla, se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.

Asimismo, desde otro ángulo pero siguiendo con el mismo tema, la imputación contra el doctor Martín de la Arena, acusado del delito de tentativa de fraude a la administración por la venta de plasma, sufrió una ampliación luego de que el médico se presentó ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos pero, al igual que la vez anterior se negó a prestar declaración.

La aplicación de la imputación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autor, al igual que Sarracino, se realizó luego de un repaso de las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HemoSalta SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.

Esto se supo a través de una factura que se viralizó en las redes sociales, que daba cuenta del cobró de 30 mil pesos para la transfusión de plasma a pacientes con COVID-19 por parte del centro privado HemoSalta a cargo de De la Arena.

El ministro Esteban cortó de raíz el tema confirmando la colocación de plasma de forma gratuita para cualquier caso.

La palabra la tiene la Justicia a partir de ahora.