El tándem conformado por el exdiputado radical y la presidenta del máximo tribunal de justicia de Salta, tiene motivaciones que exceden los clásicos privilegios de parentela. En el edificio de Av. Bolivia cada vez son más los que advierten sobre la permeabilidad de la jefa de la Corte.
Alejado de la actividad política y de las apariciones públicas ruidosas, el exdiputado radical Héctor Chibán retomó funciones como letrado en los pasillos de Ciudad Judicial. A pesar de los continuos señalamientos de sus pares sobre actitudes patoteriles y violentas, el abogado boina blanca parece haber hallado un ambiente más que propicio para el desarrollo de sus actividades como litigante.
Su salida de la cámara de diputados y su posterior desembarco en la actividad judicial, no pudieron haberse dado en condiciones más provechosas. El destino y la fortuna llevaron a que en febrero del año pasado la jueza de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, se convirtiera nada menos que en su consuegra; un privilegio que se amplió todavía más en diciembre pasado cuando la mencionada asumió como presidenta del máximo tribunal a instancias del romerismo y del saenzismo.
Tal vez eso explique parcialmente la encarnizada batalla mediática que, desde la legislatura, Chibán supo emprender contra el resto de los miembros de la corte. Lo cierto es que, desde su retirada política, fueron muchas las muestras de favoritismo que la exsecretaria electoral tuvo con su consuegro y que, de a poco, empiezan a advertir sus colegas de la corte.
¡Vivan los novios!
Inés Agüero Ovejero y Martín Chibán Zamar contrajeron el sagrado sacramento del matrimonio el 20 de febrero de 2021, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Cafayate. Los jóvenes dieron el sí en un clima de incertidumbre y en medio de restricciones por la pandemia global de Covid-19.
En el portal «aynic», especializado en lista de regalos para bodas, los novios dejaron un mensaje a sus invitados: «Hola a todos! ¡Si tienen alguna duda de cómo llegar, nos escriben! Ine y Negro». Nunca se conoció si el convite fue consentido por las autoridades sanitarias en función de la situación epidemiológica, aunque las controversias no faltaron.
En paralelo a las flexibilizaciones en materia de actividades sociales y económicas, una polémica nacional fue ganado terreno en la agenda pública de la que la provincia de Salta no estuvo exenta. Se trata de la cuestionada vacunación VIP a funcionarios y miembros de la elite local. Funcionarios del ejecutivo, legisladores y magistrados del Poder Judicial formaron parte del escándalo a pesar de los viles y reiterados intentos por acallar la verdad.
En los pasillos de Ciudad Judicial todavía se habla de una catarata de sumarios administrativos abiertos por entonces contra miembros de la justicia por haber falseado certificados Covid para no perderse la boda.
Ellos
Inés es la primera hija del matrimonio compuesto por Teresa Ovejero y el ingeniero Máximo José Agüero, en tanto que Martín, es el hijo del ex-diputado provincial Héctor Chibán. De él se conoce -además de su apellido- que en mayo de 2020 protagonizó un escándalo junto a su padre, luego de que ingresara a la ciudad en medio de la estricta cuarentena. Las crónicas periodísticas relataron por entonces que un domingo por la tarde el hijo de Chibán junto a tres amigos llegaron a la provincia sin la documentación necesaria para ingresar. El joven llamó a su padre, quien se apersonó horas más tarde y discutió con personal apostado en el ex peaje Aunor. En medio del escándalo, el exdiputado subió al vehículo en el que viajaba su hijo, razón por la cual le exigieron que se aísle preventivamente. El caso motivó pedidos de informe por parte de la cámara de diputados, al tiempo que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que pasó luego a la justicia federal. Chibán fue exonerado días antes de dejar su banca.
En cuanto a Inés, se sabe que es abogada y que está ligada al estudio Allende & Brea, pero que también tiene una faceta emprendedora. En 2018, este semanario dio a conocer el entramado detrás de la firma «Las Cortes Construcciones SRL», de propiedad de la familia de Teresa Ovejero Cornejo.
Según los documentos de constitución societaria, la empresa familiar de nombre premonitorio estaría integrada por el ingeniero civil Máximo José Agüero y por Inés Agüero Ovejero, hija que el primero comparte con la presidenta de la corte. Aunque en las inscripciones legales la muchacha declara el mismo domicilio que su padre, lo cierto es que por entonces ya estaba radicada en Buenos Aires, donde la compañía familiar abrochó importantes negocios. En mayo del año 2017, la familia resolvió extender la duración de la sociedad hasta “septiembre de 2078”.
Entre los destacados logros de la empresa, figura el haber sido adjudicada sin licitación alguna por la intendencia Sáenz para la realización de obras en el marco del Corredor de la Fe.
Un caso extremo
Una disputa judicial por la posesión de tres terrenos en la Capital salteña tiene a Chibán como interesado desde hace varios años. La justicia le dio la razón en primera instancia a la propietaria de los inmuebles, una mujer de 100 años, pero el fallo fue apelado en otras oportunidades hasta que el caso desembocó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En pandemia y en tiempo récord, la corte desestimó el pedido de Chibán por falta de elementos.
A pesar de que pasaron dos años desde aquella resolución, Chibán se encontraría arbitrando los medios para dar vuelta el fallo del máximo tribunal a instancias de su socia local quien, además, es parte de la familia.
Según pudo averiguar este medio, en más de una década de disputa judicial se suscitaron reiterados hechos de violencia por parte de Chibán, que incluso llevaron a que en las elecciones de 2017 pase a integrar una lista de candidatos violentos. En los despachos de Ciudad Judicial fue acusado de golpear a una testigo de la contraparte frente a secretarios y empleados administrativos.
En 2010, unos hombres derrumbaron una pared de 14 metros de largo y 1 de alto que cayó dentro de la propiedad de la denunciante. Los hombres que tiraron este muro dijeron estar trabajando para Pedro Martín. Luego llegó Chibán, quien dijo ser abogado de Martín y ambos informaron a la Policía que eran “los poseedores del lote” desde el que se provocó la caída del muro.
La Policía indicó en su momento que esto se hizo a pesar que existía desde enero de 2009 una orden judicial para no realizar cualquier actividad que pusiera “en peligro de desmoronamiento y evitar cualquier actividad humana o de maquinarias, lo cual no están cumpliendo”.
Ninguno de los hechos protagonizados por Chibán fue condenado por quien se supone debe condenar la violencia de género en su condición de «primera mujer en presidir la corte».