La Secretaría de Derechos Humanos organiza un encuentro denominado “Somos humanos, tenemos derechos”. El eslogan remite inevitablemente al utilizado por la última dictadura militar para limpiar su imagen.
“¿No había otro título para las jornadas?”, es lo que uno se pregunta apenas conoce que mañana se desarrollará un evento avalado por la Secretaría de Derechos Humanos denominado “Somos humanos, tenemos derechos”.
Según informó prensa del gobierno, el encuentro tendrá lugar mañana viernes 2 de octubre desde las 19 hasta las 22 en las Instalaciones del Instituto Superior del Profesorado Salta Nº 6005, ubicado en Siria y Entre Ríos.
La jornada es organizada por el Instituto de Profesorados de Salta, Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Derechos Humanos. Durante el encuentro se llevará a cabo el dictado de talleres simultáneos destinados a la comunidad educativa en general, con el objetivo de sensibilizar sobre temas fundamentales de políticas públicas, en materia de derechos humanos como educación, trabajo y género.
Se presentara también el spot audiovisual “Vivamos libres de etiquetas” con el propósito de prevenir la violencia de género. Participará también la periodista Cecilia Daltamura y las mujeres que protagonizaron el video. Cabe destacar que la actividad es gratuita y se entregará la certificación que acredite el puntaje.
Una coincidencia poco feliz
La jornada organizada para este jueves tiene un nombre que remite directamente a una frase que pasó a la historia y fue originada durante la última dictadura militar.
El 23 de marzo de 2006, cuando se estaba por cumplir el aniversario número 30 del golpe militar, María Seoane escribió en el diario Clarín que en 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas, en dos tamaños, con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos». El slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla. El objetivo era neutralizar o revertir las denuncias realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de concentración, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó «campaña antiargentina». También para ocultar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado e intentar perpetuar y profundizar la ilusoria sensación de legalidad y normalidad. Además de condicionar las denuncias que las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos planeaban realizar ante la CIDH. Los gobiernos de los EE.UU., bajo la administración de James Carter, y europeos presionaban a la dictadura para que pusiera fin a la violación a los derechos humanos.