Hace nueve meses, en exclusiva Cuarto Poder publicó la existencia de una presunta asociación ilícita dedicada a fabricar pensiones por invalidez con certificados médicos falsos. Los acusados montaron un escándalo, hablaron de operaciones y amenazas de denuncia. Hoy la Justicia secuestra radiografías, estudios de Chagas sospechosos y avanza sobre una trama que ya nadie puede fingir que no existe.
Kim Im Porta
Hay una vieja costumbre en la política provincial: cuando una denuncia es incómoda, primero se la niega. Después se ataca al mensajero. Más tarde se acusa de operación política. Y finalmente, cuando las pruebas empiezan a aparecer por todos lados, se hace silencio y se espera que la memoria colectiva haga el resto.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con la investigación sobre las pensiones no contributivas por invalidez presuntamente obtenidas mediante documentación médica falsa en el departamento Anta.
El 28 de septiembre de 2025, Cuarto Poder publicó una extensa investigación titulada “Dos pícaros sinvergüenzas” que vinculaba a dirigentes políticos, médicos y operadores territoriales con una estructura bajo la lupa de la Justicia Federal. Mientras gran parte de los medios tradicionales seguían ocupados en declaraciones de ocasión, este semanario advirtió que la causa podía transformarse en uno de los mayores escándalos de corrupción social registrados en la región.
La investigación mencionaba entonces al médico y diputado electo Gerardo Orellana, al médico Ramiro Blanco, al entramado político de Taco Pozo y a una presunta operatoria que habría permitido gestionar miles de pensiones utilizando certificados médicos sospechosos. El fiscal federal Carlos Amad hablaba ya de más de 20.000 trámites bajo análisis y de un perjuicio multimillonario para el Estado Nacional.
En aquel momento, sin embargo, muchos prefirieron mirar para otro lado.
Los indignados de ayer
La respuesta no tardó en llegar. Hubo amenazas de denuncias, acusaciones de campañas difamatorias y discursos cargados de indignación.
Uno de los más vehementes fue Orellana.
A través de un mensaje difundido públicamente, aseguró que todo era una operación organizada por “gente sin valores e inescrupulosa” cuyo único objetivo era dañar su imagen. También afirmó que no estaba comprometido ni complicado con la investigación y que ni su consultorio ni su domicilio habían sido allanados.
“Queridos vecinos, familiares y amigos”, comenzaba el texto. Después denunciaba una supuesta maniobra de difamación y concluía con una frase que el paso de los meses convirtió en una curiosidad política: “Sigo con los pies en la tierra y con la mirada al cielo”.
La frase merece ser recordada porque mientras la mirada estaba puesta en el cielo, la Justicia seguía mirando expedientes, certificados médicos, informes técnicos y movimientos administrativos bastante más terrenales.
Por entonces, quienes advertían sobre la gravedad del caso eran acusados de exagerar. Los protagonistas hablaban de persecuciones. Los defensores de ocasión repetían que no existía prueba alguna. Los mismos personajes que hoy guardan prudente silencio se mostraban convencidos de que todo terminaría en la nada. La realidad parece haber elegido otro camino.
Las radiografías que nadie puede explicar
Esta semana la causa dio un salto cualitativo. Por orden de la Justicia Federal se realizaron nueve allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional y dejaron un resultado difícil de minimizar.
Los investigadores secuestraron radiografías de tórax y columna, estudios clínicos, documentación médica y material que ahora forma parte de la evidencia analizada por la fiscalía.
Lo más llamativo es que, según trascendió oficialmente, cerca del noventa por ciento de las placas radiográficas exhibían desviaciones de columna similares. Algunas incluso presentaban espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos identificatorios del supuesto paciente.
Traducido al lenguaje de la calle: la sospecha ya no gira solamente alrededor de certificados dudosos. La hipótesis que comienza a tomar forma es la de una verdadera fábrica de patologías administrativas.
A eso se suman estudios positivos de Chagas que habrían sido reutilizados para respaldar distintos expedientes y certificados que, según la investigación, podrían haber sido firmados por personas sin habilitación profesional correspondiente.
La fiscalía sostiene además que la estructura necesitaba la participación coordinada de operadores políticos, profesionales de la salud y otros actores capaces de intervenir en cada etapa del trámite. También investiga denuncias según las cuales el acceso a las pensiones era ofrecido a cambio de apoyo electoral.
Si estas sospechas terminan acreditándose judicialmente, no estaríamos frente a simples irregularidades burocráticas. Estaríamos ante un mecanismo destinado a transformar la vulnerabilidad social en negocio político.
El refrito de los distraídos
Hay otro detalle imposible de ignorar. Muchos de los medios que hoy presentan la causa como una novedad recién descubierta son los mismos que durante meses guardaron un silencio casi religioso. Ahora publican allanamientos, radiografías, estudios de Chagas y posibles imputaciones como si se tratara de información caída del cielo.
La realidad es bastante menos romántica. Lo que hoy aparece en titulares solemnes fue anticipado por Cuarto Poder hace nueve meses. Lo que hoy algunos presentan como una primicia era una investigación publicada cuando todavía abundaban las negaciones, los comunicados indignados y las promesas de acciones judiciales que jamás prosperaron.
Por supuesto, la Justicia todavía debe avanzar, determinar responsabilidades y resolver quiénes participaron efectivamente de las maniobras investigadas. Pero una cosa parece indiscutible: aquello que se intentó presentar como una fantasía periodística ya produjo allanamientos, secuestro de pruebas, imputaciones y una causa federal que no deja de crecer.
Los que gritaban “operación” tienen ahora un problema bastante más serio que una nota periodística. Tienen que explicar las radiografías.