Se ha filtrado a medios de prensa que la Sindicatura General de la Provincia puso en la vidriera algunos excesos de las empresas concesionarias de los corredores metropolitanos. También ha dejado en claro que es la empresa estatal SAETA la que avala y paga sueldos de personal jerárquico y administrativos que superan, en algunos casos, los diez millones de pesos.
Dr. GUSTAVO KHEDIRA
De acuerdo con los informes de auditoría del organismo de control, las irregularidades más graves incluyen:
Sueldos desproporcionados en personal administrativo: La Sindicatura detectó que SAETA transfirió fondos para pagarle a un auxiliar administrativo de la empresa prestataria TRANSAL un sueldo de $11.499.875,15, cuando la escala salarial fijada por convenio para esa categoría era de $1.584.367,38.
Falta de contraprestación o vínculo directo: Los cuestionamientos señalan que varios de los beneficiarios de estas liquidaciones infladas no realizan tareas ni están vinculados de manera directa con la operación cotidiana del servicio de transporte público en el área metropolitana.
Persistencia en infracciones normativas: El organismo de control advirtió que estas violaciones normativas se vienen observando consecutivamente, pero la conducción de SAETA se ha negado reiteradamente a corregirlas.
Por decisión que hoy se advierte como desafortunada para las arcas públicas, pero muy conveniente para los empleados de las empresas de transporte urbano, se aplican las mismas escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo que pagan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto explica la parte legal, pero no la razonabilidad en tiempos de crisis. Un sueldo de más de 10 millones de pesos constituye un desborde insólito y un hecho que debiera ser investigado por un fiscal penal.
Cerca del colapso
Lo expuesto contrasta críticamente con la situación financiera de quebranto que exige que SAETA tenga un salvataje que no logra cubrir un déficit de más de 13.000 millones mensuales.
Estos números no son antojadizos y surgen de los balances que muestran un abismo financiero con cifras similares. Los papeles contables de SAETA cantan que los ingresos por el cobro del boleto y servicios rondan los $70.589 millones de pesos, mientras que los costos totales de operación del sistema se disparan a $198.135 millones de pesos.
Las empresas y la propia conducción de SAETA hicieron silencio y buscan explicar semejante situación en la falta de actualización del boleto que deben pagar los pasajeros que no tienen la posibilidad de viajar gratis. Debe quedar en claro que cualquier empresa que presta un servicio del Estado por vía de concesión tienen que dar explicaciones públicas directas sobre los sueldos particulares de su personal jerárquico o administrativo.
Sí reconocen que están al filo de un colapso financiero y denuncian que SAETA mantiene con ellas una deuda millonaria acumulada de entre $2.500 y $6.000 millones de pesos por el pago de kilómetros recorridos, lo que genera retrasos de hasta cinco meses en las transferencias. Recurrentemente amenazan con paros de servicios.
Desde la empresa que preside Claudio Mohr argumentan que las erogaciones del sistema responden a una suba sostenida de costos. Atribuyen la falta de liquidez y las distorsiones presupuestarias, al fuerte impacto de la inflación (que superó el 31% en los últimos períodos medidos) y al aumento del 40% en los combustibles básicos. Esto último también tiene que ver con la quita del fondo compensador y subsidios al transporte por parte del Gobierno Nacional, lo que obliga a que Provincia deba asumir costos imprevistos para garantizar la gratuidad de ciertos pases.
Y la AMT?
En principio es la Autoridad Metropolitana de Transporte la que tiene el poder para regular a las empresas del transporte, incluida SAETA, e intervenir en el control de su prestación. También aprueba los aumentos del boleto de colectivos y debería certificar cada peso que el Ministerio de Economía transfiere a SAETA para que se invierta de manera eficiente en el servicio urbano y no para sobresueldos de personal jerárquico o “ficticio” de las concesionarias.
La realidad indica que sus facultades se acotan al transporte interurbano y al informal (taxis y remises) que ha continuado en los mismos términos que diseñó el gobierno de Juan Urtubey porque su presidente es Marcelo Ferraris desde 2014. Claramente no quiere intervenir en SAETA en la que decide hasta hoy Ricardo Villada y la comanda un discípulo suyo (Claudio Mohr). Esto también explica la falta de coordinación y la aparición de la Sindicatura General pasando por encima del controlador natural del servicio de transporte.
El dilema y las desconexiones
Mantener un sistema de transporte con gratuidad en estos tiempos de ajustes generó una acumulación de deudas por la compra de insumos básicos como gasoil y repuestos. Por dar un ejemplo, el boleto estudiantil y de jubilados representa casi el 39% de los pasajeros diarios.
Cuando el gobierno de Juan Romero se ideó un sistema que pone de manifiesto un centralismo inadmisible en el que el área metropolitana goza de unidades nuevas y concesiones propias de un estado solvente, mientras que el interior de Salta padece el transporte que prestan empresas con escaso control, vehículos en mal estado y distribución de corredores digitados por criterios sospechados de corruptos.
Ahora los que han comenzado a ventilar irregularidades, que deberían ser catalogadas como delitos, son los organismos de control. Federico Mateo ha comenzado a transitar por algunos medios en los que se multiplican las críticas al gobierno. Tanto el Síndico como los ministros y funcionarios fueron designados por Gustavo Sáenz.
Las conclusiones de los auditores que dirige «el sabueso» Mateo son lapidarias y sostienen que, si no hay una reestructuración, no existirá capacidad para seguir funcionando. Semejantes expresiones no van de la mano con la postura del Gobernador que ha transferido la responsabilidad de la crisis del transporte local al gobierno nacional, y lo acompañó públicamente el Ministro de Gobierno y Justicia Ignacio Jarsún que, curiosamente, tiene atribuciones para decidir sobre el transporte público. Es que acaso no existe comunicación entre ellos?
Por lo visto, la pelea interna del gobierno ha ingresado en una faceta que será difícil de corregir. Hasta hace poco los problemas terminaban con lavado y planchado en los pasillos del Centro Cívico Grand Bourg y operativos mordaza de algunos medios que reciben jugosas pautas oficiales. Claro que el silencio también se paga según la cara del funcionario atacado y que «los sabuesos» parecen contar con un olfato selectivo que los lleva a detectar los excesos de algunos, mientras que callan u ocultan las maniobras non sanctas de otros.

