N. de R.
Por detrás de los grandes esfuerzos que realiza el primer mandatario, se reproducen las desavenencias entre funcionarios de alto rango. Las disputas alcanzan los titulares de diarios digitales y engordan horas de entrevistas radiales. Pocas veces las heridas tienen gravedad al punto de ser irreconciliables. En el saencismo todos se han acostumbrado a que algún puñal de mano amiga lastime su espalda, pero con suficiente mala puntería como para no matar. El Centro Cívico Grand Bourg se ha convertido en un club de peleas donde los se permite a los contrincantes mala conducta y se disimulan malos antecedentes.
Una hipótesis habla de la expansión geométrica de los influjos de Gustavo Sáenz que ha poblado de adeptos casi todos los poderes públicos y, ante la falta de oposición, genera las disputas internas. La otra se asienta sobre el formato movimientista donde conviven funcionarios de distinto rango que mantienen línea directa con su líder y que no respetan ningún mando inmediato. Tal vez por eso un ministro tiene pocas probabilidades de que lo obedezcan sus secretarios, o cualquier dirigente político actúa de manera inconsulta invocando que se reporta solamente con “El Jefe”.
La trifulca sobresaliente de esta semana tuvo como protagonistas al Procurador General Pedro García Castiella, y a su antecesor en el cargo, y ex Ministro de Seguridad y ex Ministro de la Corte de Justicia Abel Cornejo. El primero levantó sospechas de que el asesinado Darío Monges habría contado con algún aval de Angel Sarmiento y mandos superiores de la cartera de seguridad, cuando ingresó a visitar en la cárcel de Orán a un mafioso. Aunque no lo habían mencionado expresamente, Cornejo recogió el guante y también buscó instalar dudas en la actual gestión de García Castiella.
Nada de esto tiene provecho para el gobierno salvo la exhibición de los peligros que nos acechan en la frontera. Menos aún en tiempos en que la pelea con el narcotráfico exige cohesión y firmeza. Guste o no, García Castiella se encuentra amenazado y tuvo que mudar de domicilio porque un grupo criminal quiere castigarlo solamente por poner en vidriera la expansión de bandas delictivas que buscan copar los poderes públicos. Cualquiera que, en medio de su delicada situación, quiera desacreditarlo corre el riesgo de aparecer como favorecedor de intereses contrarios a los del Estado y hasta como un cobarde.
El respaldo hacia una de las esquinas, de todas formas, fue casi unánime y el Procurador obtuvo el apoyo de todos sus pares del país, y la Corte de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento también contribuyeron a desarticular los eslabones que existían entre criminales y la justicia. El abogado Roberto Ortega Serrano, el Intendente de Aguas Blancas y el juez penal Claudio Parisi están presos.
Pero todavía falta. Es tiempo de la ley de ficha limpia que tendría que ser la respuesta inmediata de los políticos apoltronados en las bancas de senadores y diputados. Si para pedir un trabajo los titulares de los comercios exigen un certificado de buenos antecedentes expedido por la Policía, cómo es posible que no exista esta obligación para presentar las listas de candidatos? No funcionan los resortes morales que debieran llevar a varios dirigentes del PJ a distanciarse de los delincuentes y sospechados por lo que la ley parece la única salida. Carlos “Conejo” Martínez nunca habría podido ser candidato en Aguas Blancas si la ley se hubiera sancionado antes. Y tampoco Julio Jalit, o Sergio “El Topo” Ramos, entre tantos otros.
En el medio de la polémica entre Garcia Castiella y Cornejo queda la imagen ya destrozada del abogado Benjamín Cruz que ocupa un cargo en el Tribunal de Cuentas Municipal y ve drenar vertiginosamente sus amistades y contactos con el poder real. Solamente el silencio del Concejo Deliberante lo preserva de un juicio político por tanto desaguisado con gente de malos hábitos y sospechoso enriquecimiento. Puede seguir controlando el gasto público quien carga sobre sus espaldas con este tipo de cuestionamientos?
Otro combate se desarrolló entre el Ministro de Turismo con su Secretario de Deportes. El área ministerial funciona desconectada de una de sus dos únicas secretarías desde hace meses y nada indica que vaya a reducirse la fractura. No son los únicos. Son varios los secretarios que no obedecen a su superior.
Son varios los que han decidido no confrontar ni coincidir con la Secretaría General de la Gobernación. Fiscalía de Estado y algunos ministros y asesores de alto rango ya no quieren someter sus proyectos a la opinión de Matilde López Morillo. En la intimidad de esa área ya hubo dos profesionales de larga trayectoria expulsados en malos términos sin mayor indicación que la discrecionalidad de la abogada que, para peor, ahora tiene como única asesora a su propia hija.
En diputados también se cuecen habas. Los bloques oficialistas se van multiplicando por diferencias personales y cada proyecto tiene más digestores que una vaca. A veces las leyes se sacrifican sin solución de continuidad hasta que naufragan. Las féminas legisladoras de alto perfil como Socorro Villamayor, Laura Cartuccia y Mónica Juárez sostienen ásperas discusiones a la vista de todos. Daniel Segura y Gustavo Dantur ya se declararon líberos y cuestionan a ministros y coordinadores de la gobernación sin que se les mueva una pestaña.
El romerato ya no es socio político, de eso no quedan dudas, y lo muestran sin recato Juan Esteban Romero y Guillermo Durand Cornejo. Pero integran un interbloque en la Cámara Baja que dice comulgar con el proyecto oficialista provincial. Cada cual vota según conveniencia personal y no dejan pasar oportunidades para demostrarlo.
El espíritu de cuerpo se preserva solamente por el supernumerario bloque que comandan Esteban Amat Lacroix y Germán Rallé y que agrupa a casi la mitad de la cámara baja. El resto se siente libre para votar en contra o extorsionar cuando creen que pueden negociar algún favor.
Para peor, las divisiones del justicialismo amenazan con más diáspora. Los que apoyan a Cristina Kirchner no coinciden con los que pintan paredes a favor del riojano Ricardo Quintela o con los que responden a Wado de Pedro. La línea débil de Antonio Marocco también juega ahora en la calle Zuviría, y se empeña en esconder la relación con el desprestigiado Alberto Fernández. Y a esto puede agregarse la posibilidad de que el viejo partido peronista sea intervenido y acercarlos nada menos que a Sergio Leavy -que preside el Partido para la Victoria a nivel nacional- y al inefable Emiliano Estrada. Las elecciones legislativas que se podrían adelantar para Mayo de 2025 podrían mostrar más luchas intestinas.
No deberían contagiar la gestión de gobierno, pero está claro que todas sus autoridades ocupan niveles altos en la política oficialista como Pablo Outes, Pamela Caletti, Marcelo Moisés, Socorro Villamayor, Esteban Amat, Gaston Galindez, Luis Mendaña, Yolanda Vega, Gustavo Dantur, Frida Fonseca, Gladys Paredes y Laura Cartuccia, entre otros. Cuesta pensar que esta fuerza política, sumida en el desprestigio, no contamine sus pasos como legisladores o funcionarios.
Los legisladores nacionales tienen poca armonía a la hora de defender al saencismo. Este semana, frente una cínica denuncia de persecución que planteó Emiliano Estrada en el Congreso Nacional, solamente Pablo Outes se animó a enarbolar una respuesta y dejar en claro que hasta hace tres años Estrada era de la tropa del gobernador e ingresó a su banca con el apoyo de todos los intendentes y legisladores a los que trata de inútiles y corruptos. Pamela Caletti y Yolanda Vega hicieron silencio.
Semejante cuadro de situación no debe pasar desapercibido si lo que se pretende es un tercer mandato que aparece como un desafío no desprovisto de dificultades y traiciones. La depuración es necesaria.