El juez federal Bavio, en sintonía con la oposición macrista y el romerismo, apuntaron a la Justicia Provincial por la paralización de la causa Arcadio. Pero el magistrado proclamado en su cargo tras el pacto Romero-Urtubey olvida las serias irregularidades en la investigación durante los dos años que estuvo a su cargo.
El panorama judicial salteño deja atrás una semana de intensos cruces y fuerte contenido político. El juez federal Julio Leonardo Bavio apuntó los cañones hacia la justicia provincial por la inmovilidad de la causa Arcadio y desde el Ministerio Público le recordaron algunos artículos del Régimen Penal Tributario. Mientras algunos aguardan por una supuesta expedición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el CCM y el matutino de la familia Romero presionan para que la bocha pase al fuero local. Mientras tanto, uno de los protagonistas del asunto, el diputado Martín Grande Durand, fue mandado a capacitarse en cuestiones de género, tras el bochornoso insulto a la fiscal Simesen de Bielke.
Todo comenzó el pasado 4 de junio cuando el juez federal ungido tras el acuerdo post-electoral Romero-Urtubey 2015 elevó un comunicado a la prensa, en el que responsabilizó al Juzgado de Garantías N° 5 de retener el expediente de la causa por las «facturas truchas». La investigación cumplirá dos años el próximo 22 de junio y, ciertamente, no parecen haber muchos avances en la recolección de argumentos.
De antemano, la modalidad elegida por Bavio para su descargo casi no tiene antecedentes en la justicia federal. La misiva pareciera redactada a medida del estilo y las exigencias del diario de zona sur. Pero al margen de ello, ¿Por qué un juez que ya no tiene la causa que denuncia se embarcaría en un ataque contra la Justicia Provincial, los ex-funcionarios municipales, el empresario Matías Huergo y, por elevación, al gobernador Gustavo Saénz?
Más importante y llamativo aún: ¿por qué luego de dos años de investigaciones infructuosas, que incluyeron la comprobación de que las obras contratadas tenían precio de mercado, el juez Bavio se declara incompetente? Muchos apuntan a que la intención real del juez fue dar por concluida la tarea encomendada a su persona por la AFIP macrista. Pero para entonces ya se habían desplegado una seguidilla de acciones que incluyeron horas de escuchas ilegales, seguimientos, detenciones, allanamientos y espionaje. Fue entonces cuando el magistrado, para evitar que la causa se estanque en una simple acusación, echó mano a la figura de Asociación Ilícita Tributaria.
La peculiaridad de esta asociación es que parecía particularmente centrada en la figura de Huergo, pese a que también la integraban -según Bavio- su contador Arturo Mimessi, Aníbal Anaquín y otras cinco personas entre las que figura un empleado de mensajería. En la asociación ilícita planteada por Bavio, Huergo era quien pateaba el córner, cabeceaba y atajaba; y en ningún momento se concretó la detención de otros imputados, como el caso del ex secretario de Hacienda Municipal Pablo Gauffin.
Al cruce del juez federal salió la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke, quien se desempeñó en la Unidad de Delitos Económicos Complejos durante la investigación del caso Arcadio: «Me llaman la atención las expresiones porque coinciden con las de alguien que habla de la misma manera desde hace rato de mi persona; creo que he dado cuenta de que jamás he cajoneado una causa en relación a ninguna persona».
La referencia inesquivable de la fiscal es hacia el diputado nacional del macrismo, señalado por Huergo como quien le sugirió involucrar a Sáenz para eludir la prisión. En un audio conocido hace dos años, Grande Durand alude a su amigo Huergo como «el salame del sándwich» y le advierte sobre la posibilidad de terminar en la cárcel de General Güemes. «Lo curioso es que es una causa que se inició dos años antes de que tomara estado público, justo cuando este diputado nacional competía con el actual gobernador en elecciones», remarcó Simesen de Bielke.
Las facturas de Martín
En efecto, la actuación de Grande fue detallada en rigor por el propio Huergo en su denuncia contra los integrantes de la cúpula de AFIP y miembros de la Justicia Federal: «Enorme fue mi sorpresa cuando me percaté que el Diputado Nacional Martín Grande se encontraba sentado al escritorio del Comisario. Inmediatamente se levantó y me saludo muy amablemente (…) Luego tomó un paquete que había sobre el escritorio del comisario, y me dijo ‘Vení Matías, nos sentemos en el living, dónde vamos a estar más cómodos’. Una vez ubicados en el living, me dijo ‘te traje medialunas’ colocando luego el paquete de medialunas sobre la mesita ratona. A continuación, me dijo ‘Matías, te tenés que acoger a la figura del arrepentido, y denunciar a Gustavo Sáenz y a sus funcionarios. Es la única manera que tenés de zafar. Vos no vas a aguantar estar detenido. Vos no tenés idea de lo que te espera acá y después en la cárcel de Güemes. Vos no estás hecho para esto’. A lo que yo respondo, ‘No te entiendo Martín, ¿qué es lo que querés que denuncie?”. Entonces, Grande me dice que ya estaba todo arreglado con el Fiscal Federal Ricardo Toranzos, y que su abogado Jorge Gálvez había redactado el escrito con las denuncias referidas para inculpar a Gustavo Sáenz y a sus funcionarios. Si yo lo firmaba, saldría libre esa misma noche», refiere el empresario en la denuncia.
Todo apunta a que Bavio recurrió a la prisión preventiva como una forma de coacción con el fin de obtener del encarcelado la confesión del supuesto propio delito y la delación de los supuestos copartícipes, de la misma manera que lo haría el cese de un tormento cuando el imputado confiesa bajo la influencia de la tortura. Es entonces cuando Huergo denuncia una «estrategia de la AFIP, fiscalía y juzgado coordinados por Martín Grande, (que) solo podía cumplirse si él se acogía a la figura del arrepentido».
Cuestión de competencias
El ministerio Público Fiscal aclaró de manera detallada que cuando se plantea una contienda de competencia entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial, la encargada de resolver la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta tanto el máximo tribunal no se expida, el juez federal no puede conminar a la Justicia Provincial ni al Ministerio Público de Salta, por la sencilla razón de que no tiene ninguna facultad para hacerlo.
El Procurador General Abel Cornejo solicitó al Consejo de la Magistratura que audite el estado de la causa federal, a la vez que informó sobre las inconsistencias de tramitación denunciadas por la defensa de Matías Huergo. A esta última se sumó también la denuncia presentada por el exconcejal Luis López en contra de Martín Grande, por no haber denunciado oportunamente supuestos hechos delictivos de los que estaba en conocimiento.
La causa «facturas truchas» comenzó a investigarse hace cuatro años, pero recién cobró impulso en 2019 luego de que Bavio se declarara parcialmente incompetente. A partir de allí, la causa siempre estuvo en riesgo de caer en saco roto. Según explicaron desde el Ministerio Público, la bifurcación de los expedientes puede traer aparejada la nulidad de la causa por tratarse del juzgamiento de hechos idénticos. El artículo 22 del Régimen Penal Tributario no permite ninguna interpretación diferente porque establece que “respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal”.