Mientras la causa penal por el bloqueo al Hotel Provincial Plaza sigue sin llegar a juicio, su titular, Carlos Issa, ya desembolsó unos $68 millones en indemnizaciones y advierte que podría terminar cerrando una empresa familiar con más de medio siglo de historia. El caso volvió a encender el debate sobre la falta de coordinación entre los fueros laboral y penal en Salta.
Jerson De Cecco
La historia parece escrita por un guionista con especial gusto por las paradojas. Un hotel emblemático de la ciudad de Salta, fundado en 1971 y administrado por la misma familia desde entonces, podría bajar definitivamente sus persianas no por una crisis turística, ni por la pandemia, ni por la competencia. Podría hacerlo, según denuncia su propietario Carlos Issa, porque la Justicia laboral le ordenó pagar indemnizaciones millonarias a trabajadores que, al mismo tiempo, están imputados penalmente por haber participado de un bloqueo que un juez ya consideró ajeno al ejercicio legítimo del derecho de huelga.
El miércoles se desarrollará una audiencia clave para definir cómo seguirá la causa penal por los hechos ocurridos en abril de 2021 en el Hotel Provincial Plaza. Mientras tanto, la otra película, la del fuero laboral, ya lleva varios capítulos escritos y con factura incluida: Issa asegura haber pagado alrededor de 68 millones de pesos entre acuerdos y sentencias, aunque la cifra podría escalar hasta los 100 millones porque todavía quedan siete demandas por resolver.
En una provincia donde las noticias suelen concentrarse en los tironeos políticos, el caso empezó a instalar otra discusión igual de incómoda: ¿qué pasa cuando dos ramas de la Justicia parecen hablar idiomas distintos sobre un mismo hecho?
Dos justicias, dos velocidades
Para el empresario, el problema dejó hace rato de ser exclusivamente económico. Lo que cuestiona es que la causa penal y las demandas laborales avanzan como si no tuvieran ninguna relación entre sí.
La investigación penal terminó con 19 personas imputadas por el delito de turbación de la posesión luego de que el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino entendiera que el bloqueo de accesos, los daños al edificio y la imposibilidad de ingreso y egreso de huéspedes, empleados y alumnos de la escuela hotelera excedieron ampliamente el marco constitucional que protege el derecho de huelga.
La resolución judicial fue contundente al señalar que la protesta gremial no habilita daños materiales ni la ocupación de hecho de un establecimiento. Es decir, una cosa es ejercer el derecho de huelga y otra muy distinta impedir el funcionamiento de una empresa mediante bloqueos.
Sin embargo, esa conclusión todavía no produjo efectos en el otro expediente, el laboral.
Allí, los despidos con causa fueron considerados injustificados y comenzaron a llegar las condenas económicas contra la empresa. Para la defensa de Issa, el escenario resulta casi absurdo: el empresario debe indemnizar a personas que continúan imputadas precisamente por los hechos que motivaron esos despidos.
El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, integrante del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), llegó a Salta para acompañar el proceso y no ocultó su preocupación. A su entender, la descoordinación entre ambos fueros terminó generando una situación inédita: mientras el expediente penal avanza con extrema lentitud, las sentencias laborales siguen acumulando millones.
La defensa incluso había solicitado suspender los procesos laborales hasta que existiera una definición penal, pero ese planteo fue rechazado. Así, cada nuevo fallo representa otro golpe para una empresa que asegura no tener resto financiero para seguir afrontando condenas de esa magnitud.
El mensaje de Issa es claro: si continúan resolviéndose primero los juicios laborales, el hotel podría desaparecer antes de que la Justicia determine si efectivamente existió un delito.
Un caso que trasciende al Provincial Plaza
Lo ocurrido en el Hotel Provincial Plaza ya dejó de ser solamente un conflicto entre un empresario y un grupo de ex empleados. Para muchos sectores productivos salteños comenzó a convertirse en un caso testigo sobre los límites de la protesta sindical y sobre la previsibilidad que ofrece el sistema judicial.
No son pocos los empresarios que observan el expediente con preocupación. La posibilidad de que una empresa de más de cincuenta años de trayectoria quede al borde del cierre mientras la causa penal sigue esperando una fecha de juicio genera inquietud en un contexto económico donde sostener la actividad ya representa un desafío cotidiano.
Del otro lado, la defensa de los trabajadores sostiene una lectura completamente distinta. El abogado Nicolás Corregidor buscará en la audiencia el sobreseimiento de la mayoría de los imputados y afirma que la investigación penal estuvo mal orientada. Según plantea, muchos de sus representados ni siquiera participaron de los hechos que describe la acusación y las imágenes demostrarían que permanecían sobre la vereda, sin bloquear los accesos al establecimiento. También insiste en que el conflicto debe entenderse dentro de una disputa laboral originada por reclamos salariales durante la pandemia.
Ese será justamente uno de los ejes que deberá resolver la Justicia penal: determinar quiénes participaron efectivamente del bloqueo y si las conductas investigadas constituyen un delito o quedaron amparadas por el ejercicio de la actividad sindical.
Mientras esa definición no llegue, la situación del Hotel Provincial Plaza sigue deteriorándose.
La paradoja es difícil de ignorar. Si el juicio penal finalmente confirma la existencia de un delito, Issa podría encontrarse con un escenario inédito: haber pagado cerca de 100 millones de pesos en indemnizaciones a personas eventualmente condenadas por los mismos hechos que justificaron sus despidos.
No es casual que el caso haya comenzado a trascender las fronteras provinciales. Para el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos representa un antecedente que podría marcar jurisprudencia para conflictos similares en todo el país. Pero para Salta el impacto sería todavía más inmediato.
El eventual cierre del Provincial Plaza no significaría solamente la caída de una empresa familiar nacida hace 55 años. También dejaría instalada una pregunta incómoda sobre el funcionamiento del sistema judicial provincial: ¿cómo puede una misma realidad producir consecuencias tan distintas según el fuero que la observe?