El fiscal Vega desestimó la primera imputación contra la doctora Miranda por el delito de “aborto”. Es decir, que ya no hay dudas sobre la justificación de la causal, tal como el propio fiscal afirma cuando manifiesta que “no se pone en tela de juicio la causal de ILE”.
A través de un comunicado describieron que comienza a desmoronarse la acusación contra Miranda Ruiz, sin embargo, informaron desde el entorno de la médica que «de manera antijurídica, dejó en pie la segunda imputación por el delito de aborto sin consentimiento informado. Recordamos que nadie le describe a Miranda cómo comete el delito que se le acusa. Recordamos que fue un tratamiento autoadministrado, es imposible obligarla a colocar pastillas debajo de la lengua por media hora. A su vez, la paciente nunca se arrepintió, y eso está ampliamente demostrado en el expediente».
Agreagaron en el comunicado difundido que «En ese marco, curiosamente, y pese a esta clara incongruencia, el juez Astigueta no hizo lugar -ni siquiera de forma parcial- al pedido de nulidad presentado por el Dr. Oscar Guillén. Describimos la parodia procesal: Una tía no conviviente denuncia a Ruiz, el fiscal y el Juez la detienen por el delito de aborto, dos meses después la amplían a sin consentimiento informado y ahora desestiman la primera imputación. Este barajar y dar de nuevo que hace el fiscal y el Juez es antijurídico, ya que el CPP de Salta establece claramente que: Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias“.
Desde el entorno de la médica porteña señalaron que «Estamos ante un caso de persecución simultánea, escalonada y múltiple, que atenta contra las garantías constitucionales de Miranda Ruiz. Pues tanto el fiscal como el juez actúan desde el ámbito de la indefinición y la ambigüedad, ya que no solo cometen arbitrariedades de “prueba y error” sobre los términos de las imputaciones, sino que no logran definir, describir, especificar el delito por el que acusan a Miranda. Esta acumulación de arbitrariedades deja al desnudo los direccionamientos políticos del juez y el fiscal, quienes, en su intento de sostener lo insostenible, demuestran su ceguera y voluntad manifiesta de atentar contra las libertades y derechos ganados por las personas con capacidad de gestar».