El fiscal general, Carlos Martín Amad, había solicitado la inclusión de los asesores Florencia Bustamante y Alonso Javier Allemand en el proceso, tras descubrirse su presunta vinculación con la creación y difusión de videos editados que buscaban asociar a instituciones del gobierno provincial con actividades ilícitas, como el narcotráfico. Estos videos fueron financiados con fondos públicos de la Cámara de Diputados, lo que habría dado lugar al presunto delito de peculado de servicio.
La investigación, que comenzó en noviembre del año pasado como un caso de «noticia criminis», fue inicialmente manejada por la justicia provincial, pero fue declarada incompetente debido a que involucraba fondos nacionales. Esta postura fue respaldada tanto por el juez Zerdán como por la fiscal Sofía Cornejo, quien se declaró incompetente en el caso. Sin embargo, la situación cambió cuando la fiscalía solicitó que el expediente fuera tratado por la justicia federal, lo que finalmente fue aprobado hoy.
El fiscal Amad argumentó que es necesario que todos los implicados sean juzgados por un solo tribunal para evitar un «escándalo jurídico». Insistió en que los asesores de Estrada, al ser parte de la estructura del Congreso Nacional, debían ser incluidos en el caso federal para mantener la coherencia en la resolución penal y garantizar el derecho de defensa de los imputados.
A pesar de la oposición de la defensa del diputado Estrada, que argumentó que no había nuevos elementos para cambiar la decisión previa, la jueza Giménez resolvió a favor del fiscal, remitiendo los antecedentes de los asesores al caso principal. La defensa del legislador impugnó la decisión, y ahora el fallo será revisado por la Cámara Federal de Apelaciones.
