El teleteatro del Correo Argentino sigue. Esta vez intenta evitar que la Justicia decrete su quiebra a través de la presentación de al menos 354 avales truchos y la conformidad del Meinl Bank, banco acusado de corrupción y lavado de dinero, que en una extraña operación aceptó la cesión de los créditos más elevados de la deuda con privados de la empresa del Grupo Macri.
El concurso de acreedores está en un momento crucial de definiciones: la firma postal ofreció pagar 1000 millones de pesos después de que cinco oferentes renunciaron al proceso de salvataje.
El Estado, como mayor acreedor, se opuso y pidió la quiebra. Entonces la estrategia de los Macri es que se lo excluya del recuento de las mayorías para salir airosos.
Quien debe tomar una decisión es la jueza Marta Cirulli que pidió a las tres sindicaturas que intervienen, que expliciten si el Correo logró la mayoría de conformidades necesarias.
Para salvarse de la declaración de quiebra, el Correo necesita la conformidad de los acreedores que representan las dos terceras partes del capital. El Estado nacional, principal acreedor, ya rechazó por escrito lo que ofrece el Correo. Tampoco lo aceptaron el Banco Nación, la AFIP y numerosos trabajadores. En total hay 708 beneficiarios de la deuda de la empresa, que sostiene desde 2016 que tiene avales de 375 acreedores, a los que se sumaron unos 35 más en los últimos días, para mostrar que tiene más del 75 % de conformidades porque especula con que de ese modo pueda imponer su oferta al Estado, dejándolo afuera de una definición.
Hay cuatro apoderados que integran el directorio del Correo: Diego Martin Teglia, tiene el poder de 51 acreedores, Claudio Lehmann, de 33, Germán Carnevale, de 19 e Ignacio Buceta, de 15.
Seis apoderados comparten el mismo domicilio en Lavalle 1650, piso 2, departamento “F”, ellos son Gabriela Di Ciommo (44 acreedores), Miguel Martín Mac Cormack (23 acreedores), Ivana Bender (22 acreedores) y Verónica Bergman (10 acreedores).
Susana Pinatelli (44 acreedores) figura como «gerente» del estudio de abogados «Kleidermacher y asociados» y declaró trabajar allí como administradora y encargada de efectuar los depósitos bancarios. Jaime Kleidermacher, representante legal del Correo y socio en el estudio, está imputado en la causa penal por el acuerdo que se firmó durante el gobierno de Macri para licuar la deuda.
Di Ciommo es directora suplente en la sociedad «Transportes agrícolas», donde Lehmann, integrante del directorio del Correo, es socio.
Carnevale es, además de apoderado y director de Correo, cesionario de dos acreedores (Nevika Cristales y Groisman y Cía)
Lebenglik es socio en el estudio AK abogados y consultores, junto con Jaime Kleidermacher, letrado del Correo, tienen una sociedad llamada Desarrollos Metropolitanos SA.
Buceta, además de director suplente de Correo, tenía una sociedad con Martín José Ceferino Díaz (15 acreedores) y sería integrante del Estudio Tonelli, con Pablo Esteban Sarín, ex director del Correo que, actualmente tiene al Correo como cliente y habría sido beneficiario de desvíos de fondos.
Entre las cesiones más llamativas figura el Meinl Bank, que adquirió las deudas del Correo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CFI (Corporación Financiera Internacional), por el equivalente a 374 millones de pesos, sin contar los intereses. Se trata de un banco austríaco que está denunciado por lavado de dinero e involucrado en el pago de sobornos en el caso Odebrecht.
Se sabrían también que el Banco Central Europeo le quitó la licencia en 2019.
El expresidente dedicó un tuit la semana pasada, como para ejercer presión después de que la Procuración del Tesoro rechazara la oferta de 1000 millones y pidiera la quiebra. «Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zaninni, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta de pago del 100%…».
La magistrada ordenó a las tres sindicaturas que intervienen que calculen si el Correo consiguió las mayorías. El asunto crucial será qué criterio se utiliza para evaluar los apoyos y si se tiene en cuenta los avales vinculados con la propia empresa, que la ley impide aceptar.
Hasta ahora la sindicatura verificante pareció la menos condicionada. La sindicatura general está a cargo de Julio Rivera, abogado de Macri en su divorcio, designado por él como conjuez de la Corte. La sindicatura controlante fue señalada por la fiscalía por dar información incompleta ante las denuncias de desvíos. La decisión final viene después de la evaluación de los síndicos.