Del CIADI a Plumada: las bombas judiciales que siguen explotando en Salta mientras el exgobernador intenta reinventarse como opción del peronismo rumbo a 2027. Condenas millonarias, contratos destruidos, litigios eternos y una pregunta que sobrevuela cada expediente: ¿por qué Juan Urtubey no responde ante la justicia?
Jerson De Cecco
La noticia de la semana volvió a abrir una herida que jamás terminó de cerrar. La sentencia del CIADI por el caso Casinos Austria contra la República Argentina quedó firme y el costo vuelve a recaer, una vez más, sobre el Estado. Detrás del expediente internacional aparece una trama que mezcla negocios del juego, guerras políticas, licencias destruidas y millones de dólares que terminarán saliendo del bolsillo público.
La causa se originó tras la revocación de la licencia de ENJASA en 2013, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. El Gobierno provincial defendió aquella decisión como un acto de “interés público” frente a incumplimientos regulatorios, tercerizaciones irregulares y supuestas fallas en controles antilavado. Pero el tribunal arbitral del CIADI concluyó que la inversión de Casinos Austria había sido afectada y condenó a la Argentina a pagar una indemnización multimillonaria.
El dato político es demoledor: mientras la Provincia destruía el monopolio del juego alegando razones regulatorias, el negocio no desaparecía. Simplemente cambiaba de manos. El tribunal internacional incluso dedicó capítulos enteros a analizar el “plan para desplazar a ENJASA” y la redistribución posterior del mercado del juego en Salta.
Más que un accidente aislado, el caso parece apenas uno de los tantos cráteres judiciales que dejó la era Urtubey.
La fábrica de litigios
El caso AUNOR muestra otro capítulo del mismo manual político. En 2017, la Provincia terminó acordando el pago de más de 15 millones de pesos a la concesionaria vial por la rescisión del contrato del acceso norte a la ciudad. En aquel momento equivalían a cerca de un millón de dólares.
Antes de eso, Urtubey había cargado públicamente contra la empresa. Pero mientras el discurso político demolía a la concesionaria, el Estado terminaba reconociendo económicamente el costo de romper el vínculo.
Tras la salida de AUNOR apareció otro personaje clave del urtubeicismo: Gonzalo Quilodrán. El entonces gobernador creó para su amigo la Unidad Ejecutora de Autopistas, un cargo que funcionó casi como una estructura paralela luego de la rescisión contractual. La historia se repetiría una y otra vez.
Con Plumada SRL, la Provincia rescindió el contrato de archivo y digitalización documental sin tener siquiera capacidad operativa para absorber el sistema que manejaba la empresa. Según cálculos de la época, recuperar completamente los archivos podía demandar hasta 18 años.
Plumada almacenaba prontuarios policiales, historias clínicas, expedientes administrativos y millones de cajas con documentación pública sensible. La ruptura derivó en medidas judiciales, custodias policiales, audiencias fallidas y un litigio que todavía sigue abierto.
En el centro de la polémica apareció Daniel Nallar, representante legal de Plumada y años después funcionario de Bettina Romero como secretario Legal y Técnico de la Municipalidad. El mismo abogado que litigaba contra el Estado terminó ocupando un cargo estatal mientras la Municipalidad enfrentaba juicios vinculados a la propia empresa. Más tarde, la gestión de Bettina terminaría pagando cerca de 495 millones de pesos en otro conflicto ligado a Plumada.
El caso Aguas de Salta fue todavía más profundo. En 2009, Urtubey rescindió la concesión de SPASSA mediante el Decreto 2190/09 y creó Co.SA.ySa., hoy Aguas del Norte. El Gobierno vendió la medida como la recuperación del control estatal de un servicio esencial.
La Corte de Justicia rechazó luego el planteo de inconstitucionalidad de la empresa en el expediente CJS 32.605/09 y avaló la intervención provincial. Pero la “victoria” dejó un pasivo gigantesco: litigios abiertos, conflictos regulatorios, sanciones ambientales y una empresa estatal que heredó problemas estructurales enormes.
El patrón siempre fue el mismo: romper contratos, destruir concesiones, estatizar o rediseñar servicios y dejar litigios multimillonarios para las gestiones posteriores.
Los nombres detrás del desastre
Si hubiera que ponerle rostro administrativo a gran parte de estas operaciones, uno de los primeros sería el de Carlos Teófilo Parodi. Ex ministro de Finanzas y luego coordinador de Gabinete de Urtubey, Parodi fue una de las piezas centrales del andamiaje económico y político de aquellos años.
Todavía quedan preguntas abiertas sobre el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario, dos estructuras multimillonarias de financiamiento y obra pública sobre las que jamás terminaron de aparecer explicaciones convincentes. Obras inconclusas, deudas, contratos cuestionados y expedientes dormidos forman parte de ese paisaje.
En el frente judicial, otro nombre reaparece una y otra vez como sinónimo de derrotismo: Agustín “Mono” Pérez Alsina. Actual fiscal de Estado, ya advertía incluso antes de la pandemia que en el caso Casinos Austria “no somos muy optimistas”.
Antes de él, la defensa provincial del caso CIADI estuvo en manos de Cinthia Pamela Caletti. La entonces fiscal de Estado viajó a Francia en 2019 para alegar ante el tribunal arbitral internacional con una estrategia que, según recuerdan en ámbitos judiciales y políticos, había sido improvisada apenas unos días antes. El resultado fue desastroso. Hoy Caletti ocupa un cargo en la Auditoría General de la Nación luego de su paso por el Congreso como diputada alineada con la bancada de Javier Milei.
Pero quizá el nombre más importante para entender por qué ninguna de estas causas termina rozando personalmente a Urtubey sea el del Tereso Ovejero.
La presidenta de la Corte de Justicia de Salta construyó una estrecha relación política e institucional con el exgobernador desde sus tiempos al frente de la justicia electoral, cuando se convirtió en una de las principales impulsoras del voto electrónico. Más tarde llegó al máximo tribunal provincial y fue ratificada luego por Gustavo Sáenz.
En Salta, pocos creen que esa arquitectura de poder sea casual. Porque mientras siguen apareciendo condenas, acuerdos millonarios y juicios heredados, JuanMa jamás fue citado seriamente a rendir cuentas por el desastre económico y judicial que dejaron muchas de sus decisiones de gobierno. Ni siquiera como testigo incómodo de una época.
El regreso del sobreviviente
Lo más extraordinario no es solamente el volumen de litigios que quedaron flotando sobre la Provincia. Lo verdaderamente notable es la capacidad política de supervivencia de Urtubey.
Mientras los contribuyentes siguen pagando las consecuencias de aquellas decisiones, el exgobernador reaparece como intento de articulador del peronismo hacia 2027. Y no sólo eso: también conserva la capacidad de acomodar a los suyos dentro del aparato político.
Hace apenas semanas, su hijo Marcos Urtubey —que ya pasó por el libertarismo, el massismo, el PRO y ahora volvió al peronismo— fue designado subsecretario de Cooperación Internacional e Inversiones en La Plata.
El apellido sigue circulando por el poder mientras las causas continúan abiertas. Los gobiernos pasan, las deudas quedan y las facturas siempre terminan llegando a los mismos de siempre.