Organizaciones feministas salteñas, tucumanas y latinoamericanas presentaron Amicus Curiae para acompañar a las monjas en la causa que se sigue contra el Arzobispo Mario Cargnello y otros religiosos por violencias de género.
Andrea Sztychmasjter
En un capítulo más en donde los poderes eclesiásticos y judiciales parecen convenir a la perfección para perpetuar los silencios eternos hacia las mujeres en una Salta conservadora, patriarcal e históricamente religiosa, emerge la sororidad y la frase “Hermana yo si te creo” que embanderó a los movimientos de mujeres, toma fuerza para acompañar a un grupo de religiosas de clausura, traspasando cualquier límite impensado por las cabezas más tradicionalistas.
Pese a que el defensor de Cargnello, el abogado Eduardo Romani, consideró que la causa iniciada por las monjas contra el Monseñor Cargnello será archivada, cinco organizaciones feministas presentaron Amicus Curiae para apuntalar la obligación estatal reforzada de investigar con debida diligencia para prevenir, sancionar y reparar las violencias en razón del género estipuladas en la Convención de Belén do Pará y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sumadas a las leyes nacionales y provinciales que establece que los deberes de investigar, prevenir y sancionar las violencias contra mujeres son obligaciones de medios y no de resultados, estos deben ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio.
Cómo sigue la investigación
En el marco de la causa y pasada la feria judicial la priora del Convento San Bernardo deberá declarar sobre la administración económica del convento. Esto debido a que el Juzgado de Garantías resolvió una serie de cuestionamientos realizados por lxs abogadxs que representan a las Carmelitas descalzas en relación a una actuación abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de la Fiscala Ana Salinas Odorisio, y que se dio a partir de manifestaciones realizadas por Cargnello ante el juzgado respecto de la administración de los bienes y recursos del monasterio.
En paralelo la jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, investiga las denuncias por violencias de género, económica y psicológica que efectuaran las monjas contra Cargnello y el cura Lucio Ajalla el obispo emérito, Martín de Elizalde, y el juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval. La magistrada dictó medidas preventivas que incluyen una orden de restricción perimetral contra los denunciados para que no se acerquen a menos de 300 metros del convento, donde viven las monjas y ordenó que haya una consigna policial.
Desde fines de marzo, cuando el Vaticano se manifestó públicamente por las apariciones de la Virgen del Cerro, se espera el nombramiento del “auxiliar apostólico” que anunció.
Juridicciones
Soledad Deza, abogada tucumana de la organización Mujeres x Mujeres, una de las presentantes de un Amicus Curiae, señaló que su acompañamiento a las monjas se realizó en dos sentidos.
Por un lado, su presentación va dirigida a marcar la incapacidad estatal de ceder sobre la cuestión jurisdiccional, esto es a la capacidad de investigar: “El Monseñor planteó que el derecho canónico le habilita una jurisdicción especial. Nosotras hicimos una serie de salvedades en orden a justificar por qué si se cede la jurisdicción a la iglesia en base a la política concordataria con la santa sede el estado estaría declinando la obligación de investigar con debida diligencia”.
“Consideramos que son mujeres con capas de vulnerabilidades superpuestas. Las monjas de clausura además están en situación semejante a las mujeres privadas de libertad, no porque estén castigadas sino porque tienen muy poco vínculo con el interior, particularmente esta orden tiene un mandato de silencio y eso sirve como factor para propiciar violencias en razón de género”, especificó la letrada tucumana.
Agregó Soledad Deza que el imaginario social identifica más intuitivamente y con más urgencias las violencias físicas pero también se debe tomar como centrales las violencias psicológicas y económicas, que fueron las denunciadas en este caso: “Podrían expresar una concentración de varias modalidades y nos parece importante resaltar esto en términos de interseccionalidad para prestar atención al contexto particular”.
Junto a ellas, la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir – CDD), Fundación Entre Mujeres, Cladem (Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y la Multisectorial de mujeres de Salta también presentaron Amicus Curiae para acompañar a las religiosas.
Conocimiento jurídico-científico
La abogada Gloria Cruz patrocinante de Cladem y la Multisectorial de mujeres de Salta señaló que se presentaron como terceras interesadas “como una forma de coadyuvar al Juzgado que esta interviniendo, con el fin de brindar conocimiento jurídico científico, con un aporte de argumentos para llegar a la resolución del caso sobre las denuncias contra los religiosos”.
La letrada manifestó que “la simetría de poder también se encuentra presente en la institución iglesia y va desgranando simetría y violencia simbólica que trasciende los muros eclesiásticos y están muy inmersas en esos ámbitos”. Asimismo resaltó la violencia económica que atraviesa a las mujeres y que merma su poder de autodeterminación.
Por otra parte recalcó la violencia institucional: “No solamente caemos en ella cuando desde la misma institución iglesia trascienden estas conductas asimétricas sino cuando habiendo ley de rango provincial, nacional y tratados internacionales no se observen los mismos”.
La abogada Gloria Cruz describió cómo se traduce la violencia de género en las iglesias: “Vemos que la religión es muchas veces una herramienta de control de la mujer, y de opresión. La mirada que se tiene de la mujer pecadora de acuerdo al evangelio, vemos que es estereotipado y prejuiciosa, se habla de mujer pecadora, infiel. Vemos que las mujeres no ocupan lugares preponderante, es un ámbito machista”.
Católicas y feministas
Rocio García Garro, coordinadora de la Guardia Feminista de abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que en su presentación especificaron las violencias económicas que sufren las monjas, tales como la obstaculización de la elección de la madre priora “que es quien representa al convento y es quien puede firmar los contratos de locación y refacciones en él. Estamos hablando que el convento se encontraba en malas condiciones y mejorar eso era clave, son personas grandes que no pueden vivir con humedades o en un lugar que no esté en condiciones por eso necesitaban ingresos que devienen de los alquileres. Finalmente se logran hacer las refacciones y esto genera diversos hechos de violencia psicológica por parte del Monseñor que las trató agresivamente diciendo que tenían el diablo en el cuerpo, y deriva en violencia física en el velatorio de una de las carmelitas y el monseñor le dijo a la madre priora que la muerte se debía a esas refacciones y por covid, hecho falso que evidenció su práctica de amedrentamiento”.
La profesional describió que luego de estos hechos las carmelitas recurrieron a las vías de la justicia ordinaria al no obtener respuestas en el ámbito canónico: “La iglesia siempre ha sabido obstaculizar que la justicia ciudadana pueda ejercer un contralor a las acciones que ellos realicen, siempre recurriendo a la justicia canónica y a las carmelitas les enseñaron que ahí había que recurrir”.
Describió que en ese sentido las carmelitas estuvieron 2020 y 2021 buscando respuestas en la justicia de la iglesia, sin encontrar ayuda por lo que en 2022 decidieron recurrir a los tribunales de violencias. “Consideramos que no alcanza con medidas de carácter tuitivo, la justicia debe seguir interviniendo y por eso realizamos la presentación y porque el Estado argentino está obligado a cuidar a las mujeres de las violencias de género”.
“La iglesia es estructuralmente machista y misógina donde las mujeres tienen una función de servicio, se les exigen características que tienen que ver con la obediencia, con el respeto a la palabra de cualquier varón, entonces que las carmelitas hayan podido cortar con ese yugo histórico y hayan podido acudir a la justicia ordinaria y verse como mujeres en situación de violencias es algo que nosotras entendimos que amerita deber ser acompañadas. Las carmelitas no pueden estar solas enfrentándose a este poder enorme”, detalló Rocio García Garro.