El informe 2025 del Cómite Provincial para la Prevención de la Tortura advierte que el hacinamiento contiúa siendo crítico pese a la estabilización de la población penitenciaria. Crecen las mujeres encarceladas, persisten las denuncias por torturas y malos tratos, la prisión preventiva sigue saturando las alcaldías y las muertes bajo custodia comienzan a ser registradas como un indicador estructural de la crisis.
Kim Im Porta
Durante casi una década, la discusión sobre el sistema penitenciario salteño estuvo dominada por un dato que parecía resumir todos sus problemas: cada año había más personas privadas de libertad. Entre 2011 y 2024 la población carcelaria pasó de 1.894 a casi 4.000 internos, un crecimiento superior al 110 por ciento que desbordó progresivamente la capacidad de las cárceles provinciales. En 2025 esa curva finalmente dejó de crecer. Incluso mostró una leve reducción. Sin embargo, el alivio estadístico no significó una mejora real. El sistema continúa funcionando muy por encima de su capacidad, las condiciones de detención siguen deteriorándose y las consecuencias de ese colapso se reflejan en prácticamente todos los indicadores relevados por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPT).
El Informe Anual 2025 del organismo ofrece una radiografía preocupante del estado actual de las cárceles y alcaidías salteñas. Si bien la población penitenciaria descendió levemente respecto del año anterior —de 3.994 a 3.938 personas privadas de libertad— el dato resulta insuficiente para modificar una estructura que continúa operando en emergencia. La provincia mantiene vigente la Emergencia Penitenciaria y, según el propio informe, esa estabilización representa una oportunidad para avanzar sobre reformas de fondo. El problema es que, por ahora, esas transformaciones siguen siendo más una expectativa que una realidad.
La primera evidencia del deterioro es el hacinamiento. Tomando como referencia la capacidad oficial declarada por el Servicio Penitenciario, las cárceles salteñas presentan una sobrepoblación superior al 36 por ciento: existen 3.938 personas alojadas en establecimientos preparados para 2.895 plazas. Pero el CPT advierte que incluso esa cifra subestima el problema, porque la capacidad declarada no necesariamente coincide con la capacidad real. Incorporar camas no significa crear condiciones dignas de alojamiento. Para determinar el cupo efectivo deben contemplarse variables como superficie mínima por persona, ventilación, iluminación, sanitarios, espacios comunes y condiciones básicas de habitabilidad, estándares definidos por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y por los tratados internacionales de derechos humanos.
La distribución de esa sobrepoblación tampoco es homogénea. La Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas continúa concentrando el 43 por ciento de toda la población penitenciaria de la provincia y mantiene niveles de ocupación superiores al 40 por ciento de su capacidad declarada. La situación es todavía más crítica en la Alcaidía General N.º 1 de la capital, concebida originalmente para alojamientos transitorios, donde la sobreocupación ronda el 79 por ciento. En el Anexo Mujeres de esa misma dependencia el excedente supera incluso el 84 por ciento.
Paradójicamente, el informe destaca que durante los últimos años se logró reducir la cantidad total de personas alojadas en la Alcaidía General N.º 1 sin que esa disminución impactara de manera significativa sobre los pabellones más conflictivos. Es decir, la descongestión no alcanzó a los sectores donde el hacinamiento continúa siendo extremo.
El documento también pone el foco sobre un fenómeno que hasta hace pocos años aparecía invisibilizado: el crecimiento sostenido del encarcelamiento femenino. Mientras la población masculina mostró una leve disminución respecto de los registros de 2022, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó casi un 38 por ciento en apenas tres años. La Unidad Carcelaria N.º 9 de Orán incrementó su población femenina en más del 53 por ciento y la Unidad N.º 4 de Salta capital registró un aumento cercano al 25 por ciento. Para el CPT, se trata de una tendencia consolidada que debería encender señales de alerta en el Poder Judicial y obligar a revisar las políticas criminales que están produciendo ese crecimiento.
Otro aspecto que atraviesa todo el informe es el uso intensivo de la prisión preventiva. Una proporción importante de quienes permanecen alojados en alcaidías y dependencias policiales todavía no recibió una condena firme. Son personas que, desde el punto de vista jurídico, conservan el principio constitucional de inocencia, pero que soportan las mismas condiciones de hacinamiento y encierro que quienes cumplen penas definitivas. El Comité sostiene que revisar la utilización de esta medida cautelar constituye una de las herramientas más eficaces para reducir la presión sobre el sistema penitenciario sin necesidad de ampliar constantemente la infraestructura.
Las consecuencias del colapso no se limitan a la falta de espacio. El informe describe cómo la sobrepoblación repercute directamente sobre el acceso a la salud, la atención psicológica, la educación, el trabajo intramuros, la recreación y la alimentación. También incrementa la conflictividad cotidiana entre los internos y agrava las condiciones laborales del propio personal penitenciario, que debe desempeñar sus funciones en establecimientos cada vez más saturados.
El incendio que expuso todos los problemas
En ese contexto ocurrió uno de los episodios más dramáticos del año. El 27 de octubre de 2025 un incendio dentro de una celda de la Alcaidía General N.º 1 provocó la muerte de Ezequiel Fernando Avendaño Laime y dejó once personas internadas con graves quemaduras e intoxicación por humo.
Para el CPT, el hecho no puede analizarse como un episodio aislado. Más allá de las responsabilidades penales que determine la investigación judicial, el organismo recuerda que las condiciones del pabellón donde se produjo el incendio habían sido observadas reiteradamente en monitoreos anteriores. En una celda preparada para ocho personas convivían aproximadamente veinticinco. La ventilación era insuficiente, varios internos dormían sobre el piso, no existían sanitarios dentro del recinto y los elementos para combatir incendios se encontraban alejados del lugar del siniestro. Tampoco había cámaras de seguridad que permitieran reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
Para el Comité, esas condiciones constituyen un ejemplo extremo de cómo el hacinamiento y la degradación edilicia terminan convirtiéndose en factores de riesgo que pueden derivar en tragedias evitables.
El incendio también motivó nuevas denuncias por malos tratos. Durante los monitoreos posteriores, ocho de cada diez personas trasladadas a otros establecimientos manifestaron haber sufrido amenazas, hostigamientos o un trato excesivamente riguroso durante los procedimientos de traslado, observaciones que el organismo recomendó investigar de manera inmediata.
Precisamente, las denuncias por torturas, violencia institucional y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocupan un lugar central dentro del informe. El CPT sostiene que estos hechos no pueden analizarse únicamente como conductas individuales, sino también como manifestaciones de un sistema sometido a niveles permanentes de saturación, escaso control y deficientes condiciones materiales.
Como complemento de ese diagnóstico, durante 2025 el organismo avanzó en la creación del primer Registro Provincial de Muertes Bajo Custodia Estatal. La iniciativa busca sistematizar cada fallecimiento ocurrido mientras una persona permanece bajo responsabilidad del Estado y analizar no solo la causa médica inmediata, sino también las condiciones de alojamiento, el acceso a la salud, los tiempos de respuesta institucional y todos aquellos factores que pudieron contribuir al desenlace. El objetivo es transformar cada caso en un insumo para prevenir nuevas muertes y no en una simple estadística.
El informe concluye que la crisis penitenciaria ya no puede explicarse únicamente por la falta de plazas disponibles. Se trata de un problema estructural que involucra infraestructura, política criminal, uso de la prisión preventiva, condiciones de detención, acceso a derechos básicos y mecanismos de control institucional. La leve reducción de la población carcelaria representa una oportunidad para iniciar ese proceso de transformación. La incógnita es si el Estado aprovechará esa ventana antes de que una nueva tragedia vuelva a poner en evidencia las falencias de un sistema que hace años funciona por encima de sus propios límites.