El Comité para la Prevención de la Tortura presentó el informe anual sobre el estado de las cárceles y comisarías de la provincia. Hacinamiento extremo, falta de higiene, obstáculos para el acceso a la justicia y malos tratos son algunas de las graves deficiencias detectadas en el relevamiento.
Nicolás Bignante
La realidad carcelaria de la provincia de Salta dista enormemente de los estándares internacionales y de lo previsto por la ley, según consta en el informe anual del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. El relevamiento da cuenta del estado general de las unidades carcelarias, como así también de las personas allí alojadas. Hacinamiento, malos tratos, deficiencias edilicias y de higiene, son algunas de las realidades constatadas durante el año pasado.
Según el relevamiento, el nivel de sobrepoblación general es muy elevado, 46,02%, y en aumento. En apenas un año creció la población penitenciaria en un 5,23%. Se analizaron los últimos doce años, demostrando una tendencia en suba constante. Los datos arrojan que la población penitenciaria se duplicó en los últimos diez años y que desde el año 2017 existió sobrepoblación penitenciaria en grados cada vez mayores.
Tanto en términos reales como porcentuales la UC N°1, la UC N° 4, la UC N° 5 y Alcaidía de Capital (varones y mujeres) han aumentado considerablemente en el lapso de un año. La situación más significativa es la de la Alcaidía de Varones de Capital que actualmente aloja a 514 personas por encima de su capacidad, representando un 146,85%. También se destaca el caso de la UC N° 4 de Mujeres de Capital que ha sufrido un incremento del 23,33% en su alojamiento por sobre la capacidad real, en el término de un año.
1 de cada 3 presos no tiene condena
En relación a su condición procesal el Servicio Penitenciario aloja a 2792 penados/as, 363 procesados/as, 880 detenidos/as provisorios/as y a 29 personas con medidas de seguridad, al 11 de abril de 2023. Las personas con medidas de seguridad son aquellas consideradas inimputables y alojadas por disposición judicial. A entender del Comité, “las cárceles y alcaidías no cuentan con las condiciones óptimas para ser considerados espacios aptos en razón de su condición”. En otros términos, puede plantearse que el 30% de la población penitenciaria de Salta no tiene condena.
Extranjeros, los menos
Sólo 55 personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario de Salta provienen de otros países (17 en condición de procesados/as y 38 cumpliendo pena). En su total representan el 1,40% de la población penitenciaria. Estos números desmienten en buena medida cierto discurso discriminatorio y xenófobo que circula en medios de comunicación hegemónicos y otros ámbitos que sostienen, sin sustento en la realidad, que las cárceles están llenas de migrantes de países limítrofes que vienen a delinquir al país.
En relación al rango etario, considerando la misma población penitenciaria referenciada en el punto anterior, los datos al 31/03/22 dan cuenta que, tanto en caso de procesados y condenados el mayor porcentaje de población penitenciaria corresponde a personas entre 19 a 29 años (42%), seguido por el rango entre 30 a 39 años (29%).
Condiciones inhumanas
El diagnóstico del Comité en relación a las condiciones generales de las unidades penitenciarias de Salta es sencillamente lapidario. En términos generales ninguno de los edificios monitoreados cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. “El mantenimiento es precario, abunda la suciedad, los olores nauseabundos, la humedad y hongos en paredes y suelos es permanente. Se convive con diferentes insectos y alimañas”, reza el informe.
Además, se destaca que son escasas las celdas que cuenten con ventilación e iluminación adecuadas. Todo ello agravado por las condiciones de sobrepoblación reseñadas, lo que se traduce en diversos grados de hacinamiento. A modo de ejemplo, en la Alcaidía de Salta conviven hasta 32 personas en celdas previstas para 12 personas. En ninguna unidad se cumple con los estándares del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en relación al alojamiento de personas de forma permanente o transitoria.
“Existe un enorme malestar de las personas que no cuentan con colchones para dormir (o tienen medio colchón), o carecen de mantas y abrigos. Un elevado número de personas (sobre todo en la Alcaidía de Salta) duermen en el piso. Incluso los colchones existentes en un gran número están en pésimo estado, de mínimo grosor y en muchos casos infestados de chinches”, detalla el escrito.
Sin acceso al agua
El acceso al agua es un problema generalizado. En la UC N°3 de Orán las personas alojadas juntan agua en botellas que guardan en las celdas (para consumo e higiene), no hay acceso a agua corriente (según las autoridades por la proliferación de asentamientos
en los alrededores). A la par hay botellas en las que juntan orinas cuando no pueden hacer uso de los sanitarios. Las celdas no cuentan con sanitarios. En la Alcaidía de Salta se vivieron días de tensión en el mes de diciembre por la falta de agua debido a la rotura de una bomba, ocasión en la que el Servicio Penitenciario tuvo que recurrir a colaboración de particulares para obtener agua mineral para distribución entre internos.
Comisarías
La situación en las comisarías de la provincia es catalogada como “crítica” y se destaca el nivel de sobrepoblación del sistema carcelario. En establecimientos que podrían tener capacidad para 2 o 3 personas como máximo en razón de sus posibilidades, albergan a 30 o 35 personas.
Si bien han sido planificadas para alojamiento transitorio de personas (máximo 6 horas), el tiempo promedio en comisarías es de 1 a 3 meses, aunque se han detectado casos de penados con tiempo de permanencia entre 2 a 3 años.
En las visitas de inspección realizadas por el Comité se registró que alrededor del 15% de los alojados se encontraban detenidos por delitos leves. Un informe policial del 31 de diciembre de 2021 da cuenta del alojamiento de 747 personas de dependencias policiales. En declaraciones del ex-ministro de Seguridad Dr. Abel Cornejo entre los meses de julio y agosto de 2022 el número asciende a 850 personas, proponiendo como alternativa la utilización de celdas “containers” para el alojamiento de personas en comisarías.
Turnarse para dormir
“El espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utilizan letrinas o pozos comunes con cámara séptica que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes”, detalla el informe. En general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones. En algunos destacamentos se denuncia que deben turnarse para dormir, debido al grado de hacinamiento y en otras comisarías se duerme en patios sin techo, en pasillos o baños.
Torturas y malos tratos
Sobre el final, el estudio resalta que en ocasión de la visita a la Comisaría N° 42 de Tartagal diferentes personas manifestaron que el régimen es muy duro y con permanentes malos tratos. Denunciaron golpes físicos y con rebenques, amenazas y hostigamiento como práctica habitual. “En ocasiones se les obliga a estar arrodillados por horas en el patio, sobre piedras y hongos. Algunas veces comentan que les hacen hacer sentadillas en el medio del frío y la noche. Relatan que al menos una vez a la semana se realizan requisas, en las que se ingresa con apoyo de la Brigada de Infantería. Se rompen colchones, frazadas, pertenencias personales y artículos de artesanía que realizan los detenidos”, detalla el informe.
