En la vivienda que ambos compartían, la mujer fue víctima de una agresión por parte del imputado.
En una lamentable situación que tuvo lugar en la localidad de Campo Quijano, una mujer fue víctima de agresión en la vivienda que compartía con su pareja. El hecho desencadenó un proceso legal que culminó con la condena del agresor por parte de la Justicia
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El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en una relevante audiencia ante la Sala V del Tribunal de Juicio. En esta instancia, se dictaminó una sentencia de seis meses de prisión con ejecución condicional para un hombre de 30 años. La condena se fundamentó en el delito de lesiones leves agravadas, en virtud de la relación de pareja preexistente y por motivos de género.
La jueza Gabriela Romero Nayar ratificó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Escalante y la defensa del imputado. Dicho acuerdo se sustentó en la admisión de culpabilidad por parte del imputado, quien había sido denunciado por su pareja, con quien comparte la responsabilidad de criar a dos hijos. La denuncia se originó a raíz de un episodio de violencia acontecido en mayo de 2021.
La vivienda, ubicada en el loteo Nicolás Jovanovics, fue el escenario del incidente en el que el hombre involucrado profirió insultos y ejerció violencia física al tirar del cabello de su pareja. Los familiares de la víctima alertaron a las autoridades policiales, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.
Un certificado médico, expedido por el profesional encargado de examinar a la mujer agredida, documentó una contusión de 2 centímetros de diámetro en la región occipital, así como otra contusión en la zona anterior del cuello. Estas pruebas corroboraron las lesiones físicas sufridas por la víctima.
La jueza, en su fallo, estableció un conjunto de medidas de conducta que el condenado deberá cumplir durante un período de dos años. Entre las disposiciones se incluye la restricción de aproximarse o comunicarse con la víctima, así como la obligación de participar en el Programa de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados de la Provincia. Estas medidas tienen como propósito lograr su reintegración efectiva en la sociedad y prevenir futuras situaciones de violencia.