Mediante un comunicado el Plenario de Trabajadoras señaló que el çaso de Andrea Neri, primer femicidio del año, no puede ser considerado uno más ya que murió asesinada por su pareja dentro del penal. “El Estado, que siempre deslinda responsabilidades ante los femicidios argumentando que se dan en un ‘ámbito privado’, ahora no puede eludir sus responsabilidades”.
Reproducimos íntegramente el escrito:
Herrera recibió a su pareja en su celda, cuando debería hacerlo en un recinto especial. Increíblemente no fue requisado, ni al salir del taller de carpintería de donde extrajo la gubia con la que la apuñaló, ni al momento de recibirla. El guardia más cercano, según el fiscal que atiende la causa, se encontraba a 200 metros y tampoco se actuó ante los pedidos de auxilio de la víctima escuchados por testigos.
El hecho de que Herrera ya haya asesinado hace 11 años, en el penal de Metán, a su ex pareja Verónica Castro, da cuenta del desprecio por la vida de las mujeres por parte del Estado, ya que tenía todas las advertencias y todos los elementos para actuar y evitar este nuevo y horrible femicidio.
La suspensión de los funcionarios penitenciarios, busca evitar que se coloque nítidamente al gobierno de Urtubey y a su Ministra de Justicia de Derechos Humanos, Pamela Calletti, en el banquillo de los acusados. Por eso Calletti salió a responsabilizar de su propia muerte a Neri, tal como lo hizo con Juana, la nena wichí violada y embarazada, a la que Calletti y el Estado negó todos sus derechos.
Este femicidio no es un hecho aislado en lo que respecta a la responsabilidad del Estado. La mayoría de las víctimas de femicidios tenían varias denuncias que muchas veces ni siquiera eran registradas por la policía. Hay cientos de casos en donde la justicia no avanza un milímetro en las investigaciones, consagrando la impunidad para los femicidas. Las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en la desprotección total ya que el Estado no garantiza hogares refugios, asistencia médica y psicológica, y posibilidades para sostenerse económicamente y cortar así el vínculo económico con el golpeador. Por último, la tutela de la curia católica sobre el Estado salteño y el gobierno de Urtubey, impide el acceso al aborto no punible y a la educación sexual, científica e integral en las escuelas. La emergencia de género decretada por Urtubey y la creación del Observatorio sin facultades y con sus miembros electas por el propio gobierno y no por las mujeres, es un fracaso porque jamás avanzó en desmantelar la propia violencia que el Estado lleva adelante sobre la mujer.
Para acabar con esta barbarie, es necesaria una enérgica intervención de las mujeres trabajadoras con el conjunto de la clase obrera y los explotados, para quebrar la impunidad y la indefensión en las que nos coloca el propio Estado. Comencemos exigiendo la renuncia de la Ministra Calletti, principal funcionaria responsable de la política de Urtubey sobre la cuestión de la mujer. Pero además exijamos la elección y revocatoria de jueces y fiscales de género, e impongamos la creación de un consejo autónomo electo por las propias mujeres, que concentre el conjunto de los recursos y las facultades para intervenir inmediatamente ante cada uno de los hechos de violencia que sufrimos. Las compañeras y compañeros del Partido Obrero, ya hemos presentado estos planteos como proyectos de ley en la legislatura salteña y en el Congreso Nacional para avanzar en esta tarea.
La lucha hasta el final por el juicio y castigos todos los responsables del crimen de Andrea Neri, debe ser la bandera sobre la que organicemos un gran movimiento de mujeres trabajadoras, para también acabar de raíz con la opresión que vivimos.
Plenario de Trabajadoras
Partido Obrero