El Instituto Provincial de la Vivienda difundió un comunicado en el que asegura que no hubo preferencias ni acomodos en la conformación del listado de aspirantes en Cafayate. El presidente Sergio Zorpudes fue denunciado penalmente ayer por «incumplimiento de deberes de funcionario público».
Tras la denuncia penal presentada por vecinos de Cafayate al presidente del IPV Sergio Zorpudes y a dos concejales de ese municipio, el instituto emitió un comunicado en el que explican los motivos por los que unas 400 personas no ingresaron al sorteo.
Cabe mencionar que en la denuncia, además, se detalla que las esposas de los concejales Daniel Guantay y Gabriel Corregidor figuran en el listado de aspirantes y que el presidente Zorpudes estaba al tanto de ello. No obstante, desde el organismo provincial negaron que se haya excluido a otras personas por esta situación.
«El Instituto Provincial de Vivienda continúa con el periodo de impugnación, es decir luego de exponer los listados en el municipio se investigan las denuncias recibidas dando de baja automática a quienes hayan falseado u omitido datos. A la vez aclarar que no se beneficia individualmente a nadie, desmintiendo enfáticamente que el presidente de la institución, Sergio Zorpudes tendría conocimiento de cada postulante que integra el padrón. No existe hecho alguno que pueda perjudicar intereses o derechos de postulantes empadronados» dice el comunicado.
Para el IPV, las casi 400 personas excluidas no ingresaron al sorteo por no haber cumplido con los requisitos necesarios. «En un primer proceso, con el listado recibido por la ex Subsecretaría de Tierra y Hábitat conformado por más de mil familias, se excluyeron a más de 400 por incumplimiento en la normativa o que no se presentaron; esto ocurrió luego de un re empadronamiento efectuado durante febrero y marzo, con el fin de garantizar transparencia en la adjudicación de terrenos» aclaran.
En el comunicado oficial, el organismo interpreta que hubo «mala fe» por parte de los grupos familiares al omitir información y que sólo 14 de los 670 que conforman el padrón fueron dados de baja