En medio de advertencias del sector minero por la retracción de la actividad en la provincia, la legislatura aprobó la adhesión de Salta al polémico RIGI. A pesar de las expectativas, el plan de incentivo a las inversiones del gobierno libertario podría no atender los verdaderos factores que explican el desplome. ¿Y si la clave no está en la “seguridad jurídica”?
Jerson De Cecco
La fuerte y sostenida caída en la contratación de empresas locales motivó esta semana la preocupación de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta. La advertencia llega semanas después de que se conociera el despido de casi 200 trabajadores en uno de los proyectos de litio más ambiciosos de la puna. Con la mirada puesta en la dimensión fiscal, la cámara empresaria pidió la adhesión de la provincia al RIGI y solicitó políticas para incentivar el compre local. “Si la tendencia continúa y sin obras o contrataciones previstas para fin de año, la situación podría empeorar”, advirtió el flamante presidente de la entidad, Federico Russo.
Sin embargo, la realidad que azota al empresariado vernáculo se enmarca en un descenso de la actividad que atiende a múltiples causas y que podrían no estar necesariamente ligadas a las facilidades para los grandes capitales. La caída del precio internacional del litio, el estancamiento económico y una ventana de oportunidad cada vez más corta, son algunos de los factores que el proyecto paleo-libertario parece no haber tomado en cuenta.
Presión fiscal
A la hora de solicitar “reglas claras” para la inversión, el fantasma de la carga tributaria aparece como un leitmotiv del lenguaje empresarial. Entre las explicaciones que encuentran los proveedores mineros a la caída de la contratación local, se cita la supuesta presión fiscal desmedida de Argentina frente a otros países. Pero en este, como en tantos otros aspectos del dogma liberal, los datos no acompañan al relato.
El ejemplo chileno puede resultar ilustrativo. Entre los tributos que afectan a la minería privada del país trasandino, se encuentra el impuesto a la renta o impuesto corporativo (alícuota de 27%); impuestos a los accionistas (con alícuotas de 44,45% en su tramo máximo para inversores locales y de 35% para inversores extranjeros); el pago de patentes municipales y cánones mineros. A ello se suma, el recientemente aprobado royalty minero, el cual incorpora una regalía ad valorem de un 1% de las ventas, sumado a regalías sobre las utilidades con alícuotas progresivas dependiendo de los márgenes operacionales, y cuya aplicación comenzó en 2024. La carga tributaria efectiva en Chile es de un 44,7% sobre las ganancias antes de impuestos (EBIT).
En Argentina, cualquier proyecto minero se encuentra gravado por el impuesto a las ganancias con regalías de hasta 3% sobre el valor boca mina del mineral extraído (el RIGI podría ampliarlo a 5%); por el impuesto a los dividendos respecto de accionistas extranjeros; impuestos a las transacciones (alícuota de 0,6% por cada operación bancaria), a partir de los cuales la carga tributaria total para una empresa minera en el país es de alrededor de un 43,4% del EBIT, lo que implica un 1,3% menos que en Chile.
Precio internacional en picada
Al menos 140 empleados fueron despedidos a finales de julio de Puna Mining, empresa que explota un proyecto de carbonato de litio grado batería en Salar del Rincón. El motivo esgrimido por la empresa poco parece tener que ver con los aspectos abordados por el RIGI: el precio internacional del litio se desplomó en el último tiempo y nada parece indicar que la tendencia vaya a revertirse. En efecto, el valor del mineral ha caído más del 80% en el último año. Los 11 mil USD por tonelada de hoy están muy lejos de los 80 mil USD del año pasado. A su vez, el valor del año pasado fue 44,7% inferior al de 2022, lo cual ha impactado gravemente en la rentabilidad del sector.
En un comunicado, la empresa argumentó: “El proyecto de producción de carbonato de litio grado batería, ubicado en el Salar del Rincón y operado por Puna Mining, una joint-venture con la empresa australiana Argosy Minerals, se encuentra en proceso de reestructuración operativa. Esta decisión responde al contexto internacional de baja en el precio del litio, que lleva una tendencia constante de caída que ronda el 80 por ciento en los últimos doce meses”.
Más adelante explican: “pese a los esfuerzos para garantizar la continuidad de la totalidad del equipo, se llevó adelante una desvinculación de parte del personal, por el cese de las operaciones de la planta piloto”. En la actualidad las “condiciones globales en el precio del litio han cambiado e impiden sostener la etapa de producción como estaba planteada”.
Efecto “No hay plata”
Si se tiene en cuenta que el mundo minero no termina en los proyectos de litio, la recesión que impacta de lleno en la economía de cabotaje tiene sus efectos en la extracción de minerales. En el centro del país se estima que las cementeras funcionan hoy a un 50 por ciento de su capacidad instalada y algunas canteras por debajo de ese número.
En mayo, en la provincia de Buenos Aires, hubo un 32 por ciento menos de producción transportada en todo el universo minero respecto al mismo mes del año pasado. Se trata de una caída que está por encima del año 2021 cuando la pandemia aún presentaba sus efectos.
Fuera del litio y de los metales, el 70 por ciento de la demanda que tiene el sector proviene de la obra pública, que hoy se encuentra paralizada, por lo que, con este freno, la situación se volvió crítica. Las consecuencias están a la vista y en las últimas paritarias ya se habilitaron suspensiones y pagos de salarios no remunerativos, por lo que no se descartan despidos masivos.
Un “boom” con fecha de vencimiento
La denominada “ventana de oportunidad” del litio (esto es, su vida útil como proyecto rentable) no es infinita. Entre exploración, evaluación, construcción e inicio de la extracción de litio median en promedio 9 años, y de aquí a 20 años la relativa escasez del mineral, por la explosión de demanda mundial derivada de la electromovilidad a partir de baterías en el marco de la transición energética, tenderá a atenuarse, pues pesará cada vez más el reciclado.
Esos tiempos pueden incluso acortarse. Un informe de The Economist calcula que así como la pandemia adelantó 5 años el e-commerce y el trabajo remoto, la guerra en Ucrania adelantará entre 5 y 10 años la transición energética y el uso de energías renovables, acelerando los tiempos.
Por otra parte, un informe de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, ratifica que la perspectiva del litio como insumo dominante en el mercado energético es relativamente corta. Actualmente, hay una gran cantidad de actores, tanto en el ámbito privado como en el académico que, en distintos países del mundo, están desarrollando nuevas tecnologías que apuntan a mejorar sustancialmente la eficiencia y a reducir drásticamente los costos y los tiempos para extraer y producir carbonato o hidróxido de litio. Pero lo cierto es que la esperanza de vida de ese mercado en crecimiento difícilmente se extienda más de 20 años, y eso considerando que el proceso previo a la extracción del recurso en los salares puede estirarse hasta una década.
A 30 años de la LIM
Tal vez uno de los precedentes más claros en materia de incentivos al sector minero, sea la Ley de Inversiones Mineras (LIM), sancionada en 1993. A 30 años de su implementación, las coincidencias con el RIGI advierten sobre la ineficacia de las viejas fórmulas. Ambos regímenes prevén deducciones especiales, incentivos para la reinversión, estabilidad fiscal, exenciones y devolución de impuestos. Sin embargo, el camino de la flexibilidad con los inversores no arrojó los resultados esperados en tres décadas de funcionamiento.
Cabe preguntarse ¿las inversiones mineras desde 1993 a la fecha se hubieran producido igual sin el régimen?? Por otra parte, ¿por qué con un régimen comparativamente favorable -por lo menos en los papeles- no se manifiesta el nivel de inversiones varias de magnitudes superior al nuestro que se observa en la región?