Las artimañas del empresariado inmobiliario local para adecuar leyes, ordenanzas y códigos a su propia conveniencia tienen forma de cámara. En la usina del lobby desarrollador, el jefe tributario es nada menos que uno de los implicados en el escándalo por coimas en la AFIP.
En ediciones anteriores, Cuarto Poder sacó a la luz los artilugios del empresariado inmobiliario local para obtener beneficios y avanzar en desarrollos al margen de la ley. En primer lugar, a través del caso Grinfil, cuyos dueños contrataron servicios profesionales que nunca pagaron y por lo que aún no han respondido ante la justicia. En segundo lugar, a través del caso «Vía Aurelia», un desarrollo urbanístico al que se le otorgaron millonarios beneficios en base a la elusión de códigos y ordenanzas vigentes.
Aunque puedan parecer casos y hechos inconexos entre sí, lo cierto es que dichas maniobras no constituyen esporádicas excepciones, sino que forman parte del modo operacional cotidiano en el mundo desarrollador. Prueba de ello puede encontrarse echando una mirada a la entidad que los nuclea, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CaDISal).
La institución se define a sí misma como «una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida en el año 2016, que hoy cuenta con 32 empresas asociadas, dedicadas al Desarrollo Urbano y Real Estate». La actual presidenta del consorcio es la titular del grupo MDay, Magdalena Day y, entre las empresas que lo integran, figuran: Grinfil Desarrollos, Proyecto Norte SRL, Cerámica del Norte, RAC Construcciones López Fleming, Auren y Nivel Desarrollos inmobiliarios.
A la hora de la demarcación ideológica, los muchachos no se andan con vueltas. Entre los objetivos planteados por el aquelarre de empresarios se puede leer: «Defender la libertad económica. Entendiéndose que ello implica oposición a toda medida dirigista y/o intención de regular el mercado y que involucre el cercenamiento del derecho de la propiedad privada y del libre ejercicio de la actividad empresarial». Tal parece que para los entusiastas emprendedores la mixtura entre política y negocios sólo se puede concebir como injerencia del sector privado en las decisiones de estado y nunca en el sentido inverso.
Más llamativo aún resulta el objetivo número 4, que ofrece: «gestionar, ante quienes corresponda, la creación, supresión y reforma de leyes, decretos, ordenanzas, actos o medidas que afecten a los intereses de la actividad». Esto, llevado al lenguaje llano es, ni más ni menos, que la institucionalización del lobby. De esta premisa parecen haberse desprendido las numerosas excepciones al código de planeamiento urbano y de edificación que derivaron en millonarios beneficios para los urbanistas. Como se detalló en informes anteriores, la comisión de obras públicas y urbanismo del concejo deliberante capitalino funcionó en varias ocasiones como escribanía de los intereses empresariales a instancias de las ordenanzas vigentes. Estas tratativas y «reuniones» incluso son destacadas por la cámara bajo la categoría de «logros y convenios». Es así que, entre los méritos que se adjudican, se destacan: «Diversas reuniones con dirigentes políticos y autoridades de Bancos Hipotecarios, Inmuebles, Jefatura de Gabinete, Edesa, etc. (entre ellos, Gustavo Sáenz, Miguel Isa, Fanny Velarde, Luis Cornejo, Javier Rovira y Roland Luza) para plantear las dificultades del sector y fomentar la articulación público-privada».
El karma de pagar impuestos
Entre los eventos y novedades promocionados por la asociación figuran disertaciones con curiosos títulos como: «Blanqueo de capitales para la construcción» o «declaración ante la Afip de las locaciones de inmuebles». Todas ellas bajo la órbita de una de las comisiones claves de la cámara: La de Trabajo Fiscal.
Al frente de dicha comisión se encuentra nada menos que el abogado Nicolás Fili, apoderado de la empresa Grinfil y ex-funcionario de la AFIP involucrado en el escándalo por coimas a contribuyentes. Si alguien entiende de recovecos tributarios es precisamente él. En los archivos de uno de los desarrollos más conocidos de la empresa Grinfil, Dean Funes Swites, figuran pagos en negro que alcanzan el 30% del precio de las unidades. A valores de 2015, esa cifra llegaba a los $450 mil o en su defecto, 30 mil dólares. En los contratos sólo se asentaba el 70% del valor de los departamentos.
Por otro lado, de las 58 unidades que conforman Dean Funes Swites, alrededor de cinco son utilizadas íntegramente como módulos habitacionales. El resto funciona bajo la modalidad de alquiler temporario. Esto es así pese a que, al momento de conformar el fideicomiso, los 58 fiduciantes firmaron -a modo de declaración jurada- que el destino de las unidades sería el de vivienda familiar.
La explicación a este hecho puede encontrarse en un decreto de 1996, que establece una alícuota diferencial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la construcción de inmuebles destinados a vivienda. De allí que la declaración de los fiduciantes haya tenido por objetivo achatar la alícuota de IVA a un 10,5%, para posteriormente desvirtuar el fin de la obra. Una auténtica asociación ilícita tributaria.
Pero el muchacho no sólo sabe alguito de impuestos, sino que además opera de nexo entre el poder judicial y los empresarios. Vale recordar que la empresa que conduce fue la encargada de montar el edificio del Colegio de Magistrados y funcionarios de Salta, a instancias de un profesional al que no se le pagó por el diseño y la dirección de la obra. Entre los integrantes de la asociación de jueces se encuentra nada menos que su madre, la exfiscal en lo civil, comercial, laboral y administrativo Nancy Clyde Jozami. De esta forma, Fili se presenta como operador tributario y judicial. Una doble función que, al parecer, los muchachos desarrolladores saben aprovechar muy bien.