El diputado provincial aseguró que con este proyecto el gobierno busca proponer 6 nuevos fiscales con múltiples facultades para que intervengan sobre las problemáticas ambientales.

En el Acta labor de la sesión de Diputados aparece el Proyecto de Ley en revisión Expte. 91-40.617/19: Exptes. 90-27.193/18 y 90-27.437/18 (acumulados), que propone crear la Fiscalía con competencia en Protección de Medio Ambiente, Animales y el Patrimonio Cultural, en el ámbito de la Procuración General de la Provincia.

Aunque se encuentra sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

En función a ello el diputado Arturo Borelli señaló que el gobierno, insistentemente, propone crear fiscalías con competencia en la Protección Ambiental, del Patrimonio Cultural y de Protección Animal, tanto en los fueros Administrativos, como Contravencional, Penal y Civil, y con capacidad para actuar ante la Justicia y extrajudicialmente y consideró: “Es la reedición de un proyecto remitido por la Procuración General hace unos años, y que también tuvo media sanción y sigue una política del procurador de especializar las fiscalías en relación a la materia”.

Y agregó: “Sin embargo, en el actual contexto en que la iniciativa es reflotada, significa que el gobierno podrá proponer nada menos que 6 nuevos fiscales con múltiples facultades para que intervengan sobre las problemáticas ambientales más acuciantes”.

El diputado del bloque Planifiquemos Salta, señaló: “De prosperar la nueva fiscalia generaría una “concentración de poder, en manos de funcionarios públicos que no serán controlados por la ciudadanía. La actual legislación no permite a los particulares constituirse como querellantes, y este proyecto, en lugar de subsanar este conflicto, termina alejando más aún de la población la posibilidad de ser un actor de peso. Todo queda en manos de poderosos fiscales multifueros”.

Sobre el rol del Estado el legislador analizó: “darle 6 nuevos fiscales a un gobierno que no pudo o no quiso dar cumplimiento a la 7070, sólo significa reforzar el sistema punitivo contra actores menores sin tocar los verdaderos problemas. En la actualidad, ninguna de las grandes empresas contaminantes judicializadas (Agrotécnica Fueguina, Austin, Inversora Juramento) han recibido sanciones reales ¿Por qué esa línea cambiaría?”, se preguntó.

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