Luis Javier Montero Alesanco, dueño de Bodega Puna y titular de las tierras en disputa con la comunidad diaguita, tiene una larga historia de privilegios y beneficios millonarios del estado.

El emprendimiento «Bodega Puna» al que se oponen los miembros de la comunidad diaguita-calchaquí de Cachi pertenece al empresario Luis Javier Montero Alesanco, un hombre de estrechos vínculos con el poder que supo obtener beneficios importantes del estado provincial. Para emprender su proyecto en la zona de la Aguada -a 6 km de Cachi- recibió una serie de «Beneficios promocionales» por parte del gobierno provincial.
En 2017 la provincia otorgó a la empresa M. AGROPECUARIA S.R.L. un total de $3.500.000,00 para que ponga en funcionamiento el proyecto vitivinícola «Bodega Puna». Además le concedió una exención de impuestos provinciales por un plazo de 8 años. El decreto lleva la firma del ex secretario de Ambiente -y casi homónimo del beneficiario- Raul Javier Montero Sadir.
Sin embargo, el funcionario tocayo del empresario no sería el único secretario de Ambiente con el que supo tejer relaciones. En 2010, un accidente aéreo en Santiago del Estero tuvo como protagonistas a Montero Alesanco y al ex secretario de Ambiente de Salta Gonzalo Bello. Ambos colisionaron en una avioneta que se dirigía desde Corrientes hasta Salta. En la aeronave viajaba también Oscar Walter Morizzio, socio de Montero Alesanco en EME AGROPECUARIA S.R.L.
En aquella oportunidad se conoció que ambos empresarios -Montero Alesanco y Morizzio- tenían denuncias por parte de Greenpeace por haber desmontado unas 500 hectáreas en la localidad de Pellegrini, Santiago del Estero. La tala indiscriminada por la que fue denunciado el empresario violaba abiertamente la ley de  además de arrasar con territorio originario.
Como si esto fuera poco, en 2013 Montero Alesanco se vio envuelto en una grave denuncia por la compra ilegal de combustible subsidiado perteneciente al Aeroclub Salta, del que el empresario es socio. Alesanco adquirió 5 mil litros de combustible a $3 el litro, en un momento en que el precio de mercado era de $8. Los propios miembros de la comisión directiva eran los que autorizaban las ventas sin ningún tipo de comprobante.
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